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A ver lo que dice su banco
 
José Manuel Cansino Muñoz-Repiso 
Profesor Titular de Economía Pública de la Universidad de Sevilla
 
 
   Andalucía cumplió en 2013 con el objetivo de déficit público y contribuyó así a casi lograr el objetivo nacional del 6,5 % de déficit sobre el PIB. Una cifra que en euros supuso un exceso de los gastos públicos sobre los ingresos de 67.755 millones de euros y así fue comunicada por el gobierno español a la Comisión Europea el pasado 31 de Marzo siguiendo el Protocolo en vigor.
 
   La cifra de déficit nacional hubiese sido un 0,46 % mayor de haberse computado las ayudas a las entidades de crédito pero según los acuerdos contables en el seno de la Unión, estas ayudas no se computan bien porque la mayoría tienen el carácter de préstamos reembolsables bien porque el maquillaje contable no es desconocido en Europa.
 
   Con todo, el denominado “austericidio” por sus detractores y las reformas del gobierno ha permitido rebajar la prima de riesgo española a 159,6 puntos básicos y con ello los intereses que en España se pagan por los nuevos préstamos tanto públicos como privados. Un par de datos sirven para ilustrar la importancia de la reducción de los intereses que ahora se pagan por la deuda. Mientras en 2012 el déficit estructural descontando los intereses fue del 2,5 % del PIB, en 2013 se redujo al 1,9 % del PIB. El déficit estructural es la parte del déficit total que queda una vez que se excluye el efecto de la crisis económica. En otros términos es la respuesta a la pregunta de ¿cuál sería el saldo de nuestras cuentas una vez que la economía creciese a su tasa de crecimiento potencial? Naturalmente es una respuesta nada pacífica porque traslada la “carga de la prueba” a determinar la tasa de crecimiento potencial. En cualquier caso es la piedra angular de la reciente reforma express de la Constitución que consistió en cambiar su artículo 185.
 
   Importante resulta también la cifra de nuestro saldo primario en las cuentas públicas. El saldo presupuestario primario es simplemente del saldo público de siempre (déficit o superávit resultante de la diferencia entre los ingresos y los gastos del estado), pero descontando de los gastos todo lo relacionado con la deuda pública (no sólo los intereses sino también los pagos anuales por amortización). Este saldo fue en 2013 superavitario y alcanzó el 1,13 % del PIB aunque, naturalmente, no deja de ser un cierto ejercicio de autocomplacencia derivado del supuesto de “imaginemos un mundo en el que no tenemos que pagar por nuestra deuda”.
 
   El resultado final del déficit de 2013 admite muchos otros comentarios de los que el más frecuente es su reparto por administraciones. Nosotros añadiremos alguno más.
 
   El primero es que la mayoría de los detractores del “austericidio” lo son no porque no fuese necesario sino por la rapidez con la que se ha realizado el ajuste. Aunque las propuestas no son unánimes, no pocos economistas recomendaron un periodo de ajuste de entre cinco o seis años que hubiera suavizado el impacto negativo sobre la economía de reducir el gasto y elevar los impuestos. Es posible y se lo dice uno al que le tienen congelado y recortado la mayor parte de su sueldo desde hace años. Pero también hubiera retrasado la velocidad de reducción de la prima de riesgo.
 
   El segundo es que las dos administraciones públicas descentralizadas (las regionales y las locales), han mostrado una clara lealtad institucional con el conjunto de la Nación. Las administraciones locales mostraron un superávit conjunto del 0,41 % del PIB. Las administraciones regionales no sobrepasaron el 1,54 de déficit sobre el PIB frente al 1,86 % de 2012. De todas formas, lo de la “lealtad” institucional debe reservarse más para las administraciones regionales que para las locales. Estas han perdido casi toda capacidad de decisión discrecional sobre el presupuesto al acogerse mayoritariamente al plan de pago a proveedores. Las regiones aún conservan una muy importante capacidad de decisión sobre sus cuentas aunque también limitada como veremos.
 
   La principal limitación afecta a las que han sido rescatadas a través de Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). Un rescate que, de solicitarse, impone fuertes compromisos de ajuste presupuestario.
 
   En 2014, Andalucía junto con las Islas Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Murcia y Valencia han vuelto a solicitar el auxilio financiero del resto de España a través del FLA. Este auxilio se hace a través de un préstamo a 10 años, con vencimiento el 31 de julio de 2024 y con dos años de carencia durante los cuales no se pagan amortizaciones de capital; sólo se pagan intereses. Unos intereses que son los de la deuda pública española a 10 años más un diferencial del 0,1 %. Intente Vd pedir un préstamo a ese tipo de interés, a ver lo que le dice su banco.
 
 
 
 


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