La Voz de Hispanoamérica
 
 
 
Chile: CARTA AL MINISTRO DE JUSTICIA
SANTIAGO,  11 DE SEPTIEMBRE DE 2012
 
 
SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA DON TEODORO RIVERA NEUMANN
 
PRESENTE   

 
 
 
En esta fecha tan trascendental,  que tanto odio y división causa en nuestro país hasta el día de hoy, he querido manifestar en mi calidad de ex uniformado, algunas inquietudes y hacer un llamado de atención a su tan alta envestidura,  solicitando dedique unos minutos de su valioso tiempo, en escuchar el clamor de un sector de la sociedad,  que ha sido  postergado y atropellado en sus derechos más elementales, como son la aplicación de justicia y un  debido proceso.
 
Junto a la familia militar recurrimos a Usted, en este  controversial  día, que para unos representa el retorno a la libertad de una dictadura marxista e inminente guerra civil  y para otros el inicio de una dictadura militar.
 
Dejaremos que la historia determine en muchas décadas más, las causas y responsabilidades políticas  reales  de lo ocurrido hace 39 años, pero que comenzó mucho antes de 1973.
 
Lo que nos convoca ahora, es el desenlace que esta historia está teniendo en la actualidad, donde unos gozan de privilegios especiales por parte de todos los poderes del estado, y otros una furiosa persecución de los mismos poderes, donde el Judicial, de su competencia ha tenido un papel protagónico.
 
En efecto, el poder Judicial ha obrado en contra de nuestro sector, faltando gravemente a sus deberes, actuando  inconstitucionalmente, al no respetar la legislación vigente en el país, sin que ninguna autoridad tome medida alguna, lo que representa un amenazador peligro a la Institucionalidad, como lo vivimos a principio de los años 70.
 
En el actual escenario, se están procesando y condenando a integrantes de la FF.AA. por casos amnistiados, prescritos, utilizando figuras jurídicas inexistentes en nuestra legislación, haciendo uso de convenios internacionales en forma retroactiva y un sinfín de artimañas, con la sola finalidad de cobrar “venganza”.
 
Para quienes no abrazamos la prestigiosa carrera de abogados, es un poco difícil ocupar una terminología adecuada para expresarnos, por lo cual pido mis disculpas, pero entender los conceptos antes expuestos, es algo que no requiere de mayor inteligencia, toda vez qué, los tecnicismos propios del derecho, en nuestro caso, evidencian una clara y burda diferencia en los parámetros utilizados hacia la totalidad de terroristas que actuaron en hechos de sangre, durante la misma época, en donde todos, sin excepción fueron indultados, produciéndose una abismante diferencia en la balanza de nuestra justicia.
 
Durante el presente año, específicamente en la exhibición de la película “Pinochet”, en el teatro Caupolicán, tuvimos el honor de contar con importantes visitas extranjeras, las que fueron testigos presenciales de cómo está operando el Estado de Derecho en Chile, al ser atacados y prácticamente secuestrados durante horas por delincuentes, dando un penoso espectáculo hacia el mundo y en donde las autoridades del país estuvieron absolutamente ausentes, aun cuando las vidas de estas ilustres visitas estuvieron en grave peligro.
 
Dentro de estas visitas se encontraba el Abogado Español don Jaime F. Alonso García y quisiera citar algunos conceptos, que él expresa en una carta enviada al Presidente de la República don Sebastián Piñera E., que dicen relación a lo vivido durante la premier de la película mencionada, su estadía durante un poco más de una semana en Chile y la situación de los Presos Políticos Militares:
 
“Lo ocurrido el pasado Domingo en el teatro Caupolicán, entendido como ensayo revolucionario de “terrorismo callejero”, evidencia la suspensión, aunque sea temporal, de principios democráticos básicos como son la libertad de opinión, de reunión debidamente autorizada y de transito. Si las referidas actuaciones, de índole totalitaria, encuentran amparo, en forma de impunidad o complaciente justificación, con el falso pretexto de que la democracia debe tutelar la genética democrática y, a modo de patente, atribuir quien tiene y quien no tal cualidad; el estado de derecho y las libertades reales, más pronto que tarde, sucumbirán ante la fuerza de la impunidad, la quiebra de la autoridad y carencia de defensores que arriesguen su vida y patrimonio por un orden pacifico y justo”.
 
“Me ha preocupado especialmente el comprobar la impunidad con la que se agredía a las personas, hombres y mujeres de edad avanzada que, de manera pacífica, concurrían o salían del acto en el Caupolicán; la “moderación” o “temor” en la actuación de los Carabineros, suficientes en número y material de defensa para haber impedido el bloqueo y toma de calles; y la manipulación general de los medios de comunicación, televisión prensa y radios quienes, con sospechosa unanimidad, silenciaron absolutamente todo lo ocurrido en el interior del teatro Caupolicán, las manifestaciones de los convocantes, chilenos o extranjeros, y en su focalización en los incidentes como provocados por los pacíficos presentes e intervinientes en el teatro, sin mayor fundamento que el de la conveniencia de cercenar la libertad de opinión y manifestación de quienes tienen simplemente otra visión de la historia o, una opinión diferente, siempre respetable, dado el ámbito en que se manifiesta”.
  
“En relación a los presos militares, a los que se me negó la posibilidad de visitar, contraviniendo las más elementales normas de defensa de los juzgados y, en muchos casos condenados, he analizado ciertos procesos y, salvo mejor y más profunda información, caso por caso, he podido apreciar importantes lagunas que paso a relatar, con el debido respeto y sin menoscabo alguno para la función de su gobierno y la específica función jurisdiccional, aunque sosteniendo mi firme convicción de la Ley y su aplicación debe alejarse convenientemente de toda forma de venganza, prevaleciendo la ponderación, ecuanimidad y justeza al ordenamiento jurídico en las resoluciones judiciales, y no la ideología del Juez, sus afecciones partidistas, la justicia alternativa o el llamado “derecho de creación judicial”, de tan nefasto resultado, para el justiciable, en España, y que parece tiene innumerables seguidores, casi escuela, en Chile”.
 
El señor Abogado don Jaime Alonso, continua su detallado informe haciendo un planteamiento general donde expresa que en Chile, hace 20 años se inició una suerte de “Inquisitio Generalis” o “Causa general” contra los militares que participaron en la toma del poder el 11 de Septiembre de 1973, abortando el proceso revolucionario hacia el comunismo, iniciado por Allende, y que forzosamente involucro el enfrentamiento a grupos armados que socavaban la convivencia y al propio estado.
 
En observación de varios expedientes, él observa que el denominador común es la predeterminación de los fallos a desvirtuar la instrucción criminal, donde no se aplica los derechos fundamentales y la presunción de inocencia.
 
Dentro de las incompatibilidades con los principios que inspiran el proceso penal, en un Estado de Derecho, como el que consagra nuestra Constitución, detalla acuciosamente los siguientes puntos, que a todas luces representan aberraciones jurídicas y que por espacio solo las nombraré, ya que el informe detallado, le fue enviado en una copia, por el mismo señor Jaime Alonso:
 
-Aplicación retroactiva de la Ley Penal.
-Inaplicación de la prescripción.
-Se elude la Ley de Amnistía.
-Invalidez de prueba en la identificación  de las personas posibles responsables de los delitos.
-Las resoluciones han infringido el sistema de fuentes y el principio de legalidad penal chilena.
-Sobre la permanencia delictiva de los hechos, esencialmente los secuestros, que han devenido en desaparición forzada de personas.
-Posible prevaricación judicial en el “proceso a los militares chilenos”.
 
Pareciera que lo señalado por nuestro amigo y experimentado Abogado don Jaime Alonso, que tuvo un rol protagónico en desenmascarar y enjuiciar al corrupto y prevaricador Juez Español Baltasar Garzón, fuera una ficción de un Best Seller de Hollywood, pero se trata nada menos  que nuestra triste y vergonzosa realidad.
 
La prevaricación o prevaricato, es un “delito” que consiste en que una autoridad, Juez u otro funcionario público dicte una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial, a sabiendas de que dicha resolución es injusta. Es un incumplimiento de deberes y una evidente manifestación de abuso de autoridad. Lo anterior es motivo de sanción por el Derecho Penal, que busca protección tanto del ciudadano como de la propia Administración.
 
Llevamos años viendo como Jueces se apartan de la aplicación del derecho, en el caso de los procesos a militares, cometiendo prevaricación o prevaricato, los que fueron cometidos en el ejercicio de su función o jurisdicción, sin que este hecho punible, haya sido jamás sancionado en ningún caso en Chile, lo que ha transformado gravemente esto, que por nuestra legislación vigente es  considerado “delito”,  en un vicio  frecuente, recurrente y normal.
 
Tenemos demostraciones escandalosas en la aplicación de justicia, en casos recientes, donde se aprecia al Juez dando todo tipo de garantías al acusado, pese a que las pruebas que lo inculpan son absolutamente tangibles, como filmaciones de los hechos y sin embargo, son desechadas por mil motivos, actuando como un escudo en contra de los Fiscales.
 
Pongo como ejemplo al Juez de Garantía Patricio Álvarez, quien desechó más de 35 importantísimas pruebas condenatorias por “sobreabundantes” o “impertinentes”, en el caso del homicidio del Cabo de Carabineros Luis Moyano (Q.E.P.D.), entre las que mencionaré algunas:  Las del Jefe de Seguridad del Banco y las cámaras de seguridad, las de un transeúnte que pasaba y vio al terrorista Juan Aliste Vega asesinar al Cabo Moyano, el testimonio del cajero asaltado, las fotos de los pórticos de la autopista por donde huyeron, desechó los documentos falsos que portaban, las fotografías de las armas que portaban y principalmente la fotografía del malogrado Cabo Moyano abatido en el suelo junto a su moto, señalando que “no se podía acreditar en qué fecha fueron tomadas”, como queriendo insinuar un montaje de Carabineros.
 
Cosas similares ocurrieron con el caso “Bombas” y todos los días acontecen en la formalización de delincuentes y vándalos que saquean las ciudades en cada protesta, como si fuera uno de ellos quien administra justicia.
 
Que abismante diferencia con el criterio que se emplea en perseguir ex uniformados por casos ocurridos hace 39 años, donde a falta de pruebas, éstas se inventan o se legitima la declaración de testigos acreditadamente falsos.
 Sería demasiado extenso referirme a cada caso, pero es evidente que estamos ante un Estado de Derecho torcido, un Estado de Derecho que persigue con saña a ancianos que integraron una institución armada de la república, cumpliendo su estricto deber  y trata con guante blanco a verdaderos delincuentes y terroristas.
 
Usted, Señor Ministro, no se ha preguntado ¿Para quién están trabajando los Jueces o cuáles son sus reales motivaciones?  
 
Después de analizar todo lo anterior, yo sí me pregunto desconcertado:
 
¿La independencia de los poderes del Estado, dan potestad, para ejercer omnipotentemente a cada autoridad, lo que ellos quieren o consideran correcto a su conveniencia y a la de  sus simpatizantes?
 
¿Es tan grande el poder del “odio y la venganza”, que está por sobre nuestro Ordenamiento Jurídico y  Constitucional?
 
¿Qué futuro entregaremos a nuestros hijos y nietos, en un país donde la legislación se aplica por criterios o tendencias políticas de turno?
 
¿No se desencadenó el Pronunciamiento Militar por los mismos motivos, incluyendo el clima de agitación social, donde los responsables no son sancionados y reciben protección de altas autoridades?
 
¿Seguiremos aceptando que los Derechos Humanos se apliquen solo a un sector, dejando en calidad de “Inhumanos” a los que vistieron uniforme?
 
¿Seguiremos negando reiteradamente los indultos a “inhumanos” de más de 80 años, enfermos y sin poder desplazarse por sí solos, por representar un “peligro para la sociedad”, como lo hizo su antecesor?
 
¿Seguiremos aceptando que todos los terroristas que participaron en hechos de sangre, fueron unas blancas palomas?
 
¿Seguiremos aceptando que todos los actos de terrorismo, vandalismo, saqueo y delincuencia en la actualidad, no tienen responsabilidad penal o son hechos aislados sin importancia?
 
¿Seguiremos aceptando que los supuestos delitos, cometidos hace 39 años atrás, son los únicos que pueden ser condenados, por la actual administración de justicia?
 
¿Seguiremos aceptando que la Ley de Amnistía, solo se pueda aplicar a terroristas?
 
Le reitero señor Ministro, que esos terroristas, se encuentran todos libres, como lo estarán vergonzosamente, los que a futuro cometan estos actos, porque los mismos DD.HH. han blindado su accionar, dejando al país sin ninguna defensa.
 
El señor Rafael Retamal López, ex Presidente de la Corte Suprema, expresó al Sr. Patricio Aylwin:  
 
“Mire, Patricio: los extremistas nos iban a matar a todos. Ante esta realidad, dejemos que los militares hagan la parte sucia, después llegará la hora del derecho”.  
 
En relación a esta declaración del señor Retamal, puedo señalar lo siguiente:  
 
-Los terroristas “si” nos iban a matar a todos, pero hoy están todos libres.  
-Los Militares jamás sentimos estar haciendo la parte “sucia”, por el contrario, el único sentimiento que nos invadió, fue sentir que cumplíamos con nuestro sagrado deber de salvar a la patria y a nuestros compatriotas, como juramos hacerlo frente a la Bandera. Pero hoy después de 38 años estamos pagando este sacrificio con “privación de libertad” y el estigma social de ser unos asesinos y violadores de los DD.HH.  
-No sé a qué “Derecho” este señor se refería, pero estamos claro que lo que hoy impera es “Venganza”.  
 
Señor Ministro, recomiendo que lea el excelente trabajo jurídico, escrito por el Abogado y Capitán de Navío de la Armada de Chile, don Adolfo Paúl Latorre, “INIQUIDAD JUDICIAL CONTRA MIEMBROS DE LA FF.AA. Y DE ORDEN”, que deja todos los aspectos expuestos, en forma clara, precisa y real.    
 
Apelo a su gran experiencia en el ámbito judicial y legislativo, para que analice los temas planteados y tome medidas que tiendan a corregir, este peligroso camino que se ha tomado en Chile,  que atenta contra nuestra frágil y altamente necesaria Institucionalidad.
 
No estamos pidiendo clemencia ni perdón, solo que se nos aplique la justicia como a todo ciudadano normal, con todas las prerrogativas de la Ley vigente, sin mañas y vicios, utilizados en nuestra contra, por los actuales administradores del Derecho.
 
Me despido en nombre de la injustamente golpeada y perseguida “Familia Militar”.  
 
Saluda a Usted,        
 
JORGE TEJOS RODRÍGUEZ
 
 


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