La Voz de Hispanoamérica
 
 
 
Chile: Suma iniquidad

 

 

Viña del Mar, 29 de julio de 2012.

Señor Director:

 

            La iniquidad con que actúan tanto el Gobierno como el Poder Judicial en contra de miembros de aquellas instituciones que salvaron a Chile de una guerra civil y de convertirse en una segunda Cuba ha llegado a extremos inauditos e intolerables. La brutal persecución de los abogados del Programa de Derechos Humanos del ministerio del Interior y el desvarío de la sala penal de la Corte Suprema no tienen nombre. Las últimas sentencias dictadas por esta última son esperpénticas y vulneran gravísimamente el sentido común más elemental, normas constitucionales expresas, la legislación vigente, principios básicos de la seguridad jurídica, el debido proceso y, en definitiva, el Estado de Derecho.

            Se ha condenado con saña a militares y carabineros sin prueba concluyente alguna y por el solo hecho de haber estado alguna vez en el lugar donde supuestamente se cometieron hechos delictivos o porque cumpliendo órdenes superiores arrestaron a una persona y la trasladaron hasta un lugar de detención. Este absurdo alcanza los caracteres del realismo mágico, cuando en una misma sentencia se reconoce que los imputados entregaron al detenido en un determinado lugar y más adelante se dice que aún lo mantienen secuestrado. Evidentemente, tales sentencias son arbitrarias y se encuentran descalificadas como actos judiciales válidos.

            Tal persecución en contra de militares y carabineros podría explicarse por las siguientes razones: a) el odio, la venganza y el resentimiento de jueces partidarios de la Unidad Popular que ven en ellos a quienes les impidieron consumar su proyecto totalitario; b) el aprovechamiento político o el temor de funcionarios del actual gobierno que ingenuamente piensan que al actuar de ese modo obtendrán el beneplácito de la izquierda; c) el afán de los políticos de ocultar su incapacidad, fracaso e impotencia, que llevó a Chile al borde del abismo y que puso en peligro intereses vitales de la patria; riesgo del que fue rescatado por las instituciones armadas; d) el afán de esos mismos políticos de ocultar los éxitos del Gobierno Militar; y e) destruirle a los militares su capacidad moral para volver a intervenir y asumir el poder político si nuevamente llegare a presentarse en nuestra patria una situación de violencia, polarización y quiebre del orden institucional como la que culminó en el año 1973, cuando los propios políticos —de ambos bandos: gobierno y oposición— acudieron a los cuarteles a solicitar, desesperados, la intervención de las Fuerzas Armadas.

 

                      Atentamente le saluda.

 

 

                                                                ADOLFO PAÚL LATORRE,  abogado

                   C.I. 4.795.189-5,  Viña del Mar

                                                                     

 



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