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Comunicado: La FNFF ante los proyectos como la LMD de Aragón

La FNFF, ante proyectos como la LMD de Aragón, defiende el derecho y la libertad de expresión y opinión a la hora de expresarse sobre la figura de Francisco Franco y su régimen

Ante la noticia aparecida en diversos medios de comunicación relativa a la aprobación por el Gobierno de Aragón de un anteproyecto de Ley autonómica denominada de “Memoria Democrática” que al parecer sancionaría cualquier mención, exaltación u homenaje a Francisco Franco o “a cualesquiera participantes, instigadores y/o legitimadores de la sublevación militar de 1936 y de la Dictadura franquista”, debemos advertir que dicha norma, de aprobarse, adolecería de inconstitucionalidad manifiesta por ser frontalmente contraria a los artículos 16 y 20 de la Constitución Española.

A estos efectos, es conveniente recordar al Gobierno de Aragón -así como al resto de gobiernos regionales como el andaluz que hayan aprobado o estén en el trance de aprobar textos normativos similares (Comunidades Autónomas de Andalucía, Valencia o Baleares)- que el artículo 20 de la Constitución reconoce y protege el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.

De acuerdo con la jurisprudencia pacífica, unánime y reiterada del Tribunal Constitucional, la exteriorización de las ideas o de las propias convicciones, asociadas al ideario político de cada uno, solo pueden ser consideradas manifestaciones ilícitas cuando lleve aparejada una injerencia violenta o intimidatoria o cuando se hagan manifestaciones contrarias a derechos o se ensalcen a organizaciones terroristas.

Así, la Sentencia del Tribunal Constitucional 177/2015 que la libertad de expresión debe protegerse "aun cuando la misma sea desabrida y pueda molestar, inquietar o disgustar a quien se dirige, pues así lo requieren el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin los cuales no existe sociedad democrática"; y que la libertad de expresión vale no solo para la difusión de ideas u opiniones "acogidas con favor o consideradas inofensivas o indiferentes, sino también para aquellas que contrarían, chocan o inquietan al Estado o a una parte cualquiera de la población", ya que en nuestro sistema "no tiene cabida un modelo de ‘democracia militante’, esto es, un modelo en el que se imponga, no ya el respeto, sino la adhesión positiva al ordenamiento y, en primer lugar, a la Constitución. (…) El valor del pluralismo y la necesidad del libre intercambio de ideas como sustrato del sistema democrático representativo impiden cualquier actividad de los poderes públicos tendente a controlar, seleccionar, o determinar gravemente la mera circulación pública de ideas o doctrinas".

Así, el único límite que tanto la jurisprudencia del Tribunal Constitucional como el del Tribunal Europeo de Derechos Humanos admite sobre tal derecho está constituido por “aquellas manifestaciones del discurso del odio que inciten públicamente el uso de la violencia en la consecución de determinados objetivos políticos”, advirtiendo expresamente dicha jurisprudencia que los límites a los que está sometido el derecho a la libertad de expresión deben ser siempre ponderados con exquisito rigor, habida cuenta de la posición preferente que ocupa la libertad de expresión, cuando esta libertad entra en conflicto con otros derechos fundamentales o intereses de significada importancia social y política respaldados por la legislación penal.

Además, debemos subrayar que el anteproyecto de “Ley de Memoria Democrática” presentado en Aragón, como lo que se dimana de los de Valencia o Baleares, implica un menosprecio claro y una humillación a las “otras víctimas”, los asesinados o ejecutados por las milicias socialistas, comunistas y anarquistas del Frente Popular, teóricamente -aunque no en la práctica- reconocidas en la llamada Ley de Memoria Histórica, pues no solo se las excluye de tal consideración, sino que además, indirectamente, las condena a la inexistencia al considerarlas de segundo orden por no ser parte de la “memoria democrática”. De esta manera, se impide en la práctica cualquier tipo de homenaje o recuerdo público de dichas víctimas, que se cuentan por millares, muchas de ellas por negarse a renegar de su fe; reconociendo además como legítimos los denominados Tribunales Populares, en los que los jurados estaban compuestos por representantes de los partidos de Frente Popular, que son responsables de la muerte de decenas de miles de españoles.

Por otra parte, de ser cierto lo recogido en la prensa siguiendo fuentes del gobierno de Aragón, el anteproyecto vulneraría los derechos de varios partidos políticos legales cuyos símbolos, himnos y eslóganes están reconocidos en sus Estatutos y que una legislación autonómica no puede ni sancionar ni prohibir, pues los que los utilicen están ejerciendo con su exhibición y difusión un derecho democrático fundamental recogido en la Constitución.

Añádanse a ello las graves deficiencias jurídicas, como sucede en el anteproyecto valenciano, de un texto en el que el régimen tipificador de algunas sanciones, que se podrían entender cómo incursas en un pretendido y anticonstitucional “delito de opinión”, no tiene más sustento que la arbitrariedad y la decisión política de un departamento de vigilancia política, por su propia misión totalitario, creado a tal efecto, dotado de capacidad sancionadora sobre delitos no tipificados en nuestro ordenamiento y que se ampararía en la ambigua, opaca, tendenciosa, maliciosa y tramposa redacción de la futura ley (la trampa pretendidamente legal urdida en el art. 25.1, que es en el que sin duda se amparan las fuentes del gobierno de Aragón a la hora de anunciar sanciones que buscan limitar la libertad de expresión y opinión).

En consecuencia, la Fundación Nacional Francisco Franco reivindica el derecho de cualquier español a expresar libremente, en cualquier parte del territorio nacional, su admiración, homenaje y gratitud, no sólo a Francisco Franco Bahamonde, sino también a cualquier persona u organización de las que participaron en el Alzamiento cívico-militar del 18 de julio de 1936 y ejercieron funciones públicas durante el régimen nacido en la citada fecha, cuya legitimidad fue reconocida expresamente en la transición, sin que su derecho pueda ser limitado o restringido por ley regional alguna y anuncia desde ahora que protegerá y defenderá a cuantas personas o entidades pudieran ser sancionadas por tal motivo, con todas las armas que le concede la ley y el ordenamiento constitucional.



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