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Comunicado: Recurso de la FNFF contra el cambio del callejero de Madrid


La FNFF, junto con otras agrupaciones de la sociedad civil, ha provocado que el Ayuntamiento de Madrid suspenda la retirada de las placas de las 52 calles a las que ha cambiado sus nombres por un capricho político y en base a una errónea interpretación de la Ley de Memoria Histórica.

Hace unos días la FNFF presentó un recurso contencioso-administrativo que, entre otras cosas, solicitaba la suspensión cautelar del cambio del callejero de Madrid. Como consecuencia de este recurso, y de otros presentados por otras asociaciones, el Ayuntamiento ha decidido paralizar la retirada de las placas, medida de prudencia y acatamiento que no deja de ser sorprendente, dado el sectarismo ideológico del actual Ayuntamiento de Madrid.

El recurso presentado por la FNFF alcanza a la totalidad del callejero que el Ayuntamiento de Madrid pretendía modificar en su Acuerdo del 4 de mayo pasado. Las razones aportadas por la FNFF en su recurso son precisas, ajustadas a derecho y de respeto a la historia, como fuente de cultura, a saber:

1) La Ley de Memoria Histórica (LMH) no debe tener como misión, contrariamente a lo que algunos puedan entender, «borrar» todo lo que guarde relación con el período histórico del anterior Jefe del Estado, D. Francisco Franco, y, a tal fin, obligar al cambio del nombre de calles, estadios de fútbol, centros educativos, etc., de personajes públicos relevantes en la historia de la localidad o de España que hubieran mostrado afecto al régimen o, incluso, que no hubieran mostrado desafecto, desmontando monumentos y quitando placas de inauguración de hospitales y pantanos..., sino (i) «reconocer o ampliar unos derechos» y (ii) adoptar medidas complementarias destinadas a suprimir la división entre los españoles.

2) La LMH no debería ser una ley que ampare borrar o modificar los hechos históricos, ni tampoco una ley que condene el pensamiento exteriorizado de ideologías diferentes, o a cualquier tipo de manifestación gráfica o monumental, pues en nuestro actual ordenamiento jurídico, como no podía ser de otro modo, no se tipifica como delito profesar las ideologías asociadas al concreto periodo histórico al que se refiere la LMH.

3) El recurso aporta un detallado estudio histórico suscrito por cinco doctores de Historia contemporánea, Filología hispánica, Geografía y Urbanismo, en el que se analiza que siendo alcalde D. Enrique Tierno Galván (1980), el Ayuntamiento procedió a renombrar todas aquellas calles de Madrid que cambiaron de denominación en la España de Franco, como por ejemplo la Gran Vía, y que las calles que pretende cambiar ahora Dª Manuela Carmena son calles creadas por la España de Franco, y que por lo tanto es razonable, por motivos históricos, que dichas calles recibieran, en tal proporción, nombres de personalidades de la España de la época. El cambio de callejero propuesto tiene por lo tanto por objeto borrar el recuerdo de una época de la historia de España, lo que es claramente contrario al espíritu de reconciliación y a la propia carta magna. Este cambio, con una interpretación torticera de la LMH -por mucho que así lo oculte el acuerdo impugnado-, responde a cuestiones fuertemente ideológicas (más próximas a la revancha y provocación para el enfrentamiento entre españoles), que son excluidas por la LMH.

4) El cambio de callejero propuesto supone un fortísimo impacto económico para los ciudadanos madrileños, superior a los 55 millones de euros, de los cuales 6 millones son coste directo a las arcas públicas del Ayuntamiento de Madrid, que pretenden destinarse no a fines públicos y de interés general, sino privativos del sector ideológico que gobierna el Ayuntamiento de Madrid, malversando fondos públicos. No estamos hablando del coste moral o afectivo, sino del coste real. Esta estimación económica se basa en un informe de un Agente de la Propiedad Inmobiliaria, minuciosa y detalladamente elaborado, en el que se hace un análisis del coste económico y social-moral atendiendo a la población y sector afectado, empresas, profesionales y Administración Pública, que es altamente preocupante, y mucho más en la situación de crisis económica, paro y pobreza de esta Ciudad de Madrid.

La FNFF entiende que nuestras peticiones son razonables, medidas, y desde luego legales. Con la excusa de la llamada Ley de Memoria Histórica se está procediendo en Madrid y en toda España a una depuración ideológica de los espacios públicos, sin respeto por la historia, la asignación de los recursos públicos y la opinión de los vecinos. Así se están eliminando honores a personalidades que no tuvieron ninguna relación con el Gobierno del Generalísimo, como José Calvo Sotelo, asesinado por un comando terrorista de izquierdas días antes del comienzo de la guerra civil, y a José Antonio Primo de Rivera, que estaba encarcelado desde abril de 1936 y fue ejecutado después de un juicio-farsa. Tanto Calvo Sotelo como Primo de Rivera pueden ser incluidos en la categoría de víctimas de la violencia política que la LMH pretende honrar, y en vez de ello se les castiga con la desaparición de los escasos recuerdos que todavía pervivían.
Fundación Nacional Francisco Franco 
Madrid, 26 de julio de 2017 


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