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Comunicado de la FNFF: CONSECUENCIAS INMEDIATAS DEL LIBRO "1936: FRAUDE Y VIOLENCIA"


Madrid, 22 de Marzo de 2017

 

En este mes de marzo se ha publicado en España el libro "1936: Fraude y Violencia" de los historiadores de la Universidad Rey Juan Carlos don Manuel Álvarez Tardío y don Roberto Villa García (editorial Espasa), que demuestra con cifras y documentos el pucherazo electoral llevado a cabo por los partidos y sindicatos del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936, en las que dichas fuerzas se atribuyeron mediante el fraude electoral y la violencia sobre las personas y las cosas, al menos, cincuenta escaños que pertenecían a otras fuerzas políticas, logrando así una mayoría absoluta que les permitió formar gobierno en solitario.

Estos hechos constituyeron un delito de fraude electoral que equivale de facto a un golpe de estado contra la Segunda República, que no fue el primero por ellos protagonizado (recordemos la revolución de Asturias y la proclamación de la secesión de Cataluña por Companys), aunque sí el único que triunfó, formándose un gobierno ilegal e ilegítimo compuesto de marxistas, anarquistas, secesionistas y racistas, en contra de la Ley y del derecho de todos los españoles.

Sin embargo, aunque estos hechos eran conocidos desde antiguo, y ya esbozados a través de las memorias del expresidente de la Segunda República don Niceto Alcalá-Zamora, memorias previamente robadas por el gobierno del Frente Popular y posteriormente secuestradas por orden del gobierno de Zapatero cuando se hallaron en una caja fuerte, no ha sido hasta ahora cuando se han aportado cifras exactas y documentos originales con enmiendas y raspaduras en actas electorales, recuentos de votos a puerta cerrada, violencia contra candidatos y electores, y un largo etcétera de actos contrarios a la libertad que conformaron un ambiente viciado, radicalizado, polarizado y caníbal en palabras de los propios autores del libro, llegándose a contar en la campaña electoral hasta 41 muertos y 80 heridos de gravedad.

Estas pruebas irrefutables dan al traste definitivamente con la falsa mitología izquierdista y secesionista con la que los políticos actuales han impuesto una verdad oficial, también de manera totalitaria, sobre los hechos acaecidos en aquellos años y que, según ellos, hicieron ilegítimo el Alzamiento Nacional contra el supuesto gobierno legítimo proveniente de aquellas elecciones.

Queda demostrado que los verdaderos golpistas y enemigos de la democracia y de la libertad fueron, precisamente, los que se han autoproclamado sus defensores a lo largo de los 80 años transcurridos. La toma del poder mediante la falsificación de las actas electorales constituye un golpe de estado, y los posteriores actos violentos promovidos y amparados por el Frente Popular provocaron la desaparición del estado de derecho, incluyendo una campaña de exterminio de las personas e instituciones no afectas a su ideología, que culminó con el asesinato del parlamentario y líder opositor Calvo Sotelo. Ello hizo inevitable y legítimo un alzamiento combinado del ejército y del pueblo contra el poder ilegítimo, que pasó a la historia como Alzamiento Nacional. Más de media España decidió no dejarse exterminar, plantando cara al golpe de estado, los asesinatos, la barbarie, la sinrazón y el caos con las únicas armas que les quedaron, en defensa de sus propias vidas y haciendas, del derecho, de la Iglesia y de la unidad de España.

Queda demostrado que el PSOE, el PCE, la UGT, la CNT-FAI, el PNV y la ERC asaltaron el poder mediante un golpe de estado, en el que usaron la violencia y algunas instituciones públicas para falsificar actas y privar al pueblo español del legítimo resultado de los comicios, haciéndose con el poder de forma totalitaria y delictiva, y llevando a la nación entera a la difícil elección entre dejarse

matar o rebelarse para tratar de sobrevivir. No existe ya duda de ningún tipo de que el Alzamiento Nacional fue la única alternativa posible ante el totalitarismo de los que se hicieron fraudulentamente con el poder.

Ante esta evidencia histórica irrefutable, la Fundación Nacional Francisco Franco exige al gobierno y al Parlamento, en nombre de la Verdad y en beneficio del pueblo español, que lleven a cabo las siguientes acciones:

1.- Una declaración institucional condenando tanto el fraude electoral del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936, como los actos de violencia llevados a cabo por los partidos y sindicatos del Frente Popular en el período comprendido desde la precampaña electoral de las elecciones del 16 de febrero de 1936 y el final de la Guerra Civil.

2.- La exigencia a esas organizaciones políticas y sindicales miembros del Frente Popular, cuyas siglas son aún hoy legales y subvencionadas, PSOE, PCE, UGT, CNT, PNV y ERC, de que pidan perdón públicamente a todos los españoles y a la Iglesia Católica, que fue una de sus principales víctimas.

3.- La derogación inmediata de la Ley mal llamada de Memoria Histórica, por basarse en falsificaciones de la verdad, así como la devolución con intereses de todas las subvenciones recibidas por cualquier organización a raíz de su implantación.

4.- La restitución de honores, estatuas y nombres de calles y espacios públicos a todas las personas e instituciones que han sido despojadas de los mismos como consecuencia de la aplicación sectaria de la falsificadora Ley mal llamada de Memoria Histórica, así como la supresión de todos los honores, estatuas y nombres de calles y espacios públicos, atribuidos a personas u organizaciones relacionadas con el Frente Popular.

5.- La ilegalización de las organizaciones citadas en el punto segundo que no se avengan a pedir perdón al pueblo español por su pasado delictivo.

6.- Convocatoria de elecciones generales, con el fin de que el pueblo español, una vez informado del pasado delictivo de las organizaciones citadas en el punto segundo, pueda expresar libremente su juicio sobre las mismas.

Esta FNFF entiende que el gobierno español no puede desentenderse ni inhibirse de la defensa de la Verdad Histórica de la nación, ni de la persecución del delito y de sus promotores en cualquier tiempo y lugar. El delito de genocidio no prescribe nunca, según establece la legislación que le da cabida en el ordenamiento jurídico internacional. Es evidente que el genocidio fue uno de los muchos delitos atribuibles a aquellos miembros de las organizaciones integrantes del Frente Popular, y que nunca han sido juzgados por ello. El odio a la fe católica y la aspiración de romper la unidad de España fueron el motor de aquel genocidio. Las víctimas reales del golpe de estado en febrero de 1936 aún claman por el reconocimiento de sus derechos, mientras los herederos ideológicos de los delincuentes imponen en el Parlamento leyes revanchistas y revisionistas basadas en una mentira histórica que se ha impuesto de forma ilegítima a todos los españoles.

El honor, el reconocimiento a su valentía y el agradecimiento a todos aquellos héroes, Caídos y Mártires por Dios y por España a manos del Frente Popular han de ser restituidos por el Gobierno y el Parlamento a la mayor brevedad. No caben excusas de ningún tipo. Sólo caben el deber cumplido y la lealtad a la patria y a la historia.



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