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Comunicado de la FNFF ante el anuncio del Gobierno de España
Ante la aprobación del Decreto Ley por el Consejo de Ministros cuya última finalidad es la exhumación de quien fuera jefe de Estado español, D. Francisco Franco Bahamonde, en un mezquino ejercicio de revanchismo, la FNFF manifiesta que:
 
1. No hay justificación legal alguna para la utilización de un Decreto Ley con esta finalidad. No hay presupuesto habilitante para el mismo, pues la Constitución permite al Gobierno dictar decretos-leyes sólo "en caso de extraordinaria y urgente necesidad".
 
2. Seguir adelante con la ejecución del Decreto Ley aprobado constituye una doble y grave vulneración. Primero incumple tratados internacionales de superior rango legal que el citado Decreto, como son los Acuerdos con la Santa Sede de 1979 que prescriben la inviolabilidad de los lugares de culto, en los cuales rige la legislación eclesiástica. Segundo, vulnera gravemente los derechos de la familia Franco que es la única habilitada legalmente para disponer de los restos mortales de su abuelo, que fueron inhumados en la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos por decisión del anterior Jefe del Estado, el rey Juan Carlos I, con el consentimiento de su familia.
 
3. En consecuencia, la actuación del gobierno de España constituye un supuesto inédito de incumplimiento del propio ordenamiento jurídico en la democracia española, incurriendo en una conducta impropia de un Estado de derecho.
 
4. La utilización de los recursos gubernamentales para humillar y escarnecer los restos del anterior Jefe de Estado, más allá de una triste y mezquina demostración de impotencia política y de ignorancia legal, pone de manifiesto que este gobierno es incapaz de liderar política real alguna para gestionar el presente y el futuro de España.
 
5. Como consecuencia de todo lo anterior, la FNFF anuncia que interpondrá cuantas acciones legales estime necesarias, no sólo para intentar impedir el propósito del gobierno sino también para que se respete el ordenamiento jurídico gravemente quebrantado con el mencionado Decreto Ley.
 
 
Madrid, a 24 de agosto de 2018
 
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