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Desafío al Estado de Derecho

Luis Felipe Utrera-Molina

   En medio de la tormenta financiera que está poniendo en revisión el modelo de "sociedad del bienestar", el modelo autonómico y el uso alegre e irresponsable del erario público por parte de la Administración, revisten especial gravedad las incalificables declaraciones de dos miembros del gobierno de España sobre la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña declarando el indiscutible derecho que asiste a los padres que lo deseen a escolarizar a sus hijos en la lengua oficial del Estado, que se desprende con meridiana claridad del artículo 3.1 de nuestra Constitución.

   Resulta insólito que el abierto desafío al Estado de Derecho del gobierno de la Generalidad llamando a la desobediencia de dicha Sentencia cuente con el aval de los Ministros de Justicia y de Defensa de España, menospreciando el alcance subjetivo de la sentencia -el primero- y proclamando la segunda que ninguna Sentencia va a cambiar el modelo -inconstitucional y totalitario- de inmersión lingüística que se aplica en Cataluña. Y preocupante que el candidato del Partido Popular, Sr. Rajoy, pase de puntillas sobre la cuestión en Cataluña, pensando en que pudiera necesitar el apoyo de los nacionalistas si los números de la mayoría absoluta no le salen el próximo 20 de noviembre.

   Proclama el artículo 9 de la Constitución que los poderes públicos están sometidos a la Constitución y al resto del Ordenamiento jurídico y el 118 la obligatoriedad de cumplir con las Sentencias y resoluciones de los Tribunales. Ante la meridiana claridad del mandato constitucional, la proclama de desacato de la Generalidad y la actitud condescendiente de dos ministros indignos del gobierno español - el que debe velar por el cumplimiento de la ley y la que comanda las Fuerzas Armadas- son un signo clamoroso de la decadencia de un modelo institucional que hace aguas de forma alarmante.

   No faltan quienes atribuyen la creciente agresividad de los nacionalistas catalanes a la situación de quiebra económica de las arcas autonómicas que les ha llevado a recurrir desesperadamente a los “bonos patrióticos” en cuyo proceso de suscripción no han faltado sugerencias difíciles de resistir. Pero no nos engañemos, el proceso de secesión iniciado merced a la debilidad de los gobiernos de la Transición es lento, pero seguro y la batalla de la lengua es un banderín de enganche de los nacionalistas que provoca aturdimiento en los grandes partidos nacionales.

   Si Dios no lo remedia, nos acercamos peligrosamente al supuesto contemplado en el artículo 155.1 de la Constitución y veremos si quien presida el gobierno cuando la rebelión se cristalice, tiene el pulso y el coraje para aplicarlo.

 

 



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