Editorial
 
 
 
Editorial de Noviembre de 2014

   Cuan equivocados están quienes creen que el sol se puede ocultar con un dedo. Con que inmenso error o cobardía se postulan quienes sostienen que el problema del secesionismo en Cataluña se soluciona aplicando la Ley, la Constitución y las resoluciones de los jueces, pretendiendo ignorar que todo ello, desde hace mucho tiempo, resulta inobservada en Cataluña. De este modo, en Cataluña y otras partes de España, la Constitución se ha convertido en un elemento ornamental, en cascara vacía, en catálogo de buenas prácticas, sin facultad normativa y, por tanto, coercitiva alguna.

   La gravedad es de tal naturaleza, que en la toma de decisiones y la aplicación de la Ley, que corresponde a todo Gobierno que ejerza el mandato del pueblo y procure el bien común y los intereses generales, debe partir acertando en el diagnostico y consecuentemente en el tratamiento, durante tantos años pospuesto por los distintos gobiernos de la Nación. El escenario mas probable, conviene adelantarlo, consistiría en que no se celebrase el  Referéndum tabernario del 9 de Noviembre, lo que conllevaría una crisis del gobierno autonómico y la disolución del parlamento catalán, provocando elecciones anticipadas que daría la victoria a los independentistas de ERC (asimilable a 1934); declaración unilateral de independencia; suspensión de la Autonomía de Cataluña (Art. 155 C.E.); desobediencia civil y previsible violencia callejera de grupos insurrectos antisistema de variado pelaje y condición; prima de riesgo en subida vertical e inversamente proporcional caída de la bolsa y de la inversión extranjera; huida de las grandes empresas catalanas con traslado de sedes al resto de España; el turismo florecerá en Cataluña como en el Magreb, ya fuera de Europa; y la Unión Europea se enfrentara a un Tsunami de proporciones inimaginables que ponen en peligro su construcción y recuperación económica. A esta deriva secesionista nos ha llevado una política profundamente errática, de entreguismo y vaciamiento de la conciencia nacional, con responsabilidad compartida por todos los ámbitos  institucionales de la Nación que lo consintieron o ampararon, hasta llegar a esta dramática situación de voladura de la nación mas antigua, civilizadora e imperial de Europa.   

    Pues lo que está en juego es la unidad de España como nación, configurada en la historia, la convivencia y deseo de futuro; el Estado de Derecho; la libertad y la igualdad efectiva de todos los españoles; la solidaridad entre ciudadanos y entre territorios, y el interés general. Como para no tomárselo en serio y aplicar lo dispuesto en el Art. 155 de la Constitución, con las previsiones normativas señaladas (Art. 161.2 y 152 C.E.), y suspender de manera inmediata y en el futuro, al menos, las competencias concretas, tales como seguridad, educación, sanidad y hacienda, competencias indelegables en todo Estado/Nación de derecho que se precie.

 

A la muerte del Caudillo que transformó España desde la honradez, configurando un nuevo estado de derecho, superador de la politiquería fratricida republicana, con representación orgánica, cumplimiento estricto y general de leyes orientadoras del bien común y sin ayuda externa; dejó la Jefatura del Estado en manos de una Instaurada Monarquía, como formula de estabilización social y equilibrio, que a duras penas perdura. Herencia perfecta de treinta y nueve años de excepcional gobierno, en una coyuntura de enormes dificultades externas e internas, salvadas con maestría insuperable en beneficio del pueblo español y su unidad, progreso y libertad.

    Incomprensiblemente sus herederos auspiciaron que el horizonte emocional sustituyera al rigor jurídico; la conveniencia política al bienestar social, y la libertad política cediera a la partitocracia. Se vendió el alma hispana, la cohesión de un espíritu nacional colectivo y la convivencia entre los españoles. Se materializó la ruptura, gestada por los herederos y mayores beneficiarios del régimen, pero vendida como reforma, suavizando la reacción del pueblo afecto que moderadamente sostenía la necesidad del continuismo en el progreso, las reformas, y una nueva política nacional con la libertad que los tiempos demandaban. Aspirando a un novedoso futuro, nos volvieron al ominoso pasado republicano. El despilfarro y la corrupción no es otra cosa que el corolario natural a los nuevos modos del acontecer político restaurado en 1978.

    La frustración que los distintos gobiernos del nuevo régimen han ido provocando es inimaginable, enorme y peligrosa. Y no existe, en el panorama cultural hispano, un solo filosofo reconocible que eleve, al menos, el desencanto con el lacónico “no es eso, no es eso”. Solo la retórica interesada de los políticos, la endogamia de los partidos y su exclusivo interés por llegar al poder y su conservación, aplaza la necesidad de regeneración nacional que demanda la dignidad del pueblo español, la conciencia de pueblo soberano y su voluntad de convivencia libre y justa. Lo que debemos condenar de éste régimen es la dejación de responsabilidades, el abandono de cualquier liderazgo moral que revierta el estado de ánimo y posibilite un gran proyecto de regeneración nacional; la ausencia de voluntad de un proyecto colectivo soberano que aspire, de manera inexorable, a ser una comunidad política organizada en libertad.

    Tiempo de brujería y sortilegio, de falsedad y latrocinio, de superchería e idolatría de la nada. Tiempo Orwelliano del “Ministerio de la Verdad”, donde el partido en el poder formula su ideario uniforme e impregnador de la sociedad. Donde “la guerra es la paz. La libertad es la esclavitud. La ignorancia es la fuerza”. Así hasta confundir los conceptos y convertirlos en lo contrario de lo que significan en su origen.

    El postulado axiológico a oponer e inculcar en la sociedad desde la enseñanza, es el compromiso del deber. El deber como exigencia. El deber como obligación responsable en el ámbito personal, civil y político. El deber como compromiso religioso o legal hacia la sociedad y la patria. Frente al podemos simplista, voluntarista y demagógico; el debemos valorativo, superior, riguroso. El escandalo  y las peticiones de perdón con que tantos reaccionan es una farsa, porque su conocimiento y complicidad fue imprescindible para la comisión de los delitos. De lo contrario hubiera sido imposible. La codicia, la ambición por la riqueza y el poder, el manejo sin control del dinero publico, y la ausencia de moral cristiana sustituida por una ideológica moral cívica, con plena identificación con las directrices o intereses del Partido, es una de las causas de la corrupción institucionalizada del Sistema.

    Pero ¿cómo ha sido posible esta degradación política y sobre todo moral?¿Como ha sido posible la perdida de conciencia moral individual y hasta colectiva?. Por la perdida de la especificidad del hombre moral: el deber. Ese deber  como exigencia de conducta y responsabilidad universal. Ese apriorismo Kantiano que sostiene “obra siempre de tal manera, que tu norma de conducta pueda servir de norma universal”. Deber que encuentra en la ley justa, orientada por el derecho natural, su máxima expresión del prójimo como a uno mismo.

    Nuestra formulación, nada retórica, ni coyuntural o demagógica consiste en formular y asumir de manera colectiva los deberes que regeneren la vida política y social española.   

   Así, debemos, terminar con todos los privilegios que los políticos y sus partidos se han dado. El aforamiento que otorga a los políticos el derecho de ser enjuiciados por tribunales especiales y que consagra la Constitución. Las inmunidades que impiden que todos, Senadores y Diputados, sean iguales ante la ley, puedan ser detenidos no sólo en caso de flagrante delito; y puedan ser ”inculpados y procesados sin la previa autorización de la Cámara correspondiente”. Se creemos que el corrupto es un estafador social debemos privarle de los mecanismos de que se valen para las practicas corruptas.

    Así, debemos, poner al día uno de los instrumentos imprescindibles  para la defensa del ordenamiento constitucional, el Código Penal, cuyo articulado no comprende los innumerables y gravísimos delitos que cometen los que se dedican en cuerpo y alma, noche y día, y durante 39 años, a procurar la liquidación del Estado y la Nación Española. Los desafíos a nuestra convivencia y a nuestro estado de derecho no pueden gozar de impunidad penal. Que no exista tipifica como delito de rebelión (desde 1995) la declaración, preparación y desarrollo de todo ataque contra la unidad de España y contra el orden constitucional, no puede continuar por más tiempo.

    Así, debemos, defender la familia como referente del humanismo cristiano, institución especifica formada por la unión de un hombre y una mujer. Defender la vida y penalizar el crimen del ser mas indefenso de la creación: el concepturus, impidiendo que el aborto se convierta en un derecho subjetivo del criminal financiado por el Estado. Defender la libertad de educación y de elección de los padres de la enseñanza de sus hijos, sin recortes sociales (becas, comedores sociales, asistencia sanitaria etc.).

    Así, debemos, actuar sin complejos y terminar con la entrega a la izquierda de una superioridad moral e ideológica que la realidad y la historia no le otorga, y que conlleva el mantenimiento de la ideología de género y la Ley de Memoria Histórica como elementos globales y totalizantes de adoctrinamiento social, uniformidad política y destrucción de toda vida tradicional. Por ello la democracia se despeña hacia la demagogia, el travestismo ideológico y el odio vindicativo.

    Así, debemos, fomentar en la sociedad la política de los valores con una visión del hombre y la sociedad de raíz cristiana. Una decidida formulación sobre la función social del dinero que evite la confiscación del ahorro, el gasto publico desaforado y sin control que penaliza a familias y empresas, pero no a las administraciones. Y una idea de la Nación muy alejada de la actual tecnocrática y jurídico formal de los distintos gobiernos, carentes de nervio, temple y la mas mínima emoción política, ideológica o histórica. Y restaurar el servicio militar obligatorio que tanto y tan bien cohesionaba al pueblo con el servicio, gratuito o no, a su Nación.

    Así, debemos, solicitar una profunda reforma de la Constitución, sobre todo en aquellos preceptos en que resulta perjudicial para los intereses de la Nación y pueblo, comenzando por el Titulo VIII pues el Estado denominado de las Autonomías y su desarrollo normativo es el cauce propicio para la voladura de España en su doble vertiente de Estado y Nación. La Ley electoral que impide una representación política mas equilibrada desde el punto de vista demográfico, y concede a los partidos nacionalistas periféricos la posibilidad de arbitrar las decisiones del gobierno y su propio mantenimiento. Reformar también el Senado quedando solamente como cámara territorial, además de otras muchas que no caben en este espacio. De lo contrario mantendremos una nación dividida en un estado en descomposición, donde correrá como la pólvora las flores malditas de la independencia.

    Así, debemos, auspiciar una cultura del mérito, de la ejemplaridad, de respeto a las leyes que modifique la conducta social del ciudadano. Donde las instituciones cumplan con su función y merezcan el reconocimiento y respeto. Hoy, el Estado español, no parece exagerado decir, puede devenir inviable. Resulta de máxima urgencia que principios básicos como la igualdad de los ciudadanos, la separación de poderes o el sometimiento de todos los Poderes Públicos a la Ley resulten garantizados por el Gobierno, de lo contrario el proyecto común con siglos de historia que es España se evaporará con el tiempo.

    Así, debemos, reformar la prestación de los servicios públicos, en orden a la eficacia, racionalidad y eficiencia que necesita el ciudadano. Suprimir o reducir la discrecionalidad administrativa, hoy, mera arbitrariedad. Suprimir las regulaciones y disparidad normativa que cada autonomía comporta. Impedir la ocupación que de las instituciones, sistema financiero (Cajas de Ahorro) y empresas públicas hacen los Partidos Políticos y su sistema clientelar como oficina de colocación de deudos, familiares y amigos. Garantizar la transparencia y la rendición de cuentas de los políticos y sus partidos.

    En definitiva restablecer la confianza en unos dirigentes, alejados de la realidad y de su mandato, en una democracia que solo lo es desde el punto de vista formal y la ejemplaridad que comporte una conducta digna de respeto (meritocracia). Donde la historia se enseñe sin manipulación, ni adoctrinamiento y, menos aún, se prohíba y persiga, por Ley, la mejor época de España desde Los Reyes Católicos.

    Lope de Vega ya en pleno Siglo de Oro escribió “Ay, dulce y cara España,/ madrasta de tus hijos verdaderos,/ y con piedad extraña/ piadosa madre y huésped de extranjeros” 



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