Editorial
 
 
 
Editorial de Octubre de 2013
 
 
 
   La cuadratura del círculo se acaba de resolver, en el ámbito político, con el consuno y consenso entre Arturo Mas y Mariano Rajoy: “búsqueda de encaje legal a la consulta soberanista”. Y para ello como tiene que sortearse, no sé cómo, “el sustantivo” de la unidad indisoluble de la Nación Española, la igualdad de todos los españoles ante la Ley, sin discriminaciones y la soberanía del pueblo español, además del procedimiento prevenido en la Constitución y leyes que la complementan; deciden iniciar una suerte de contactos “en secreto” que denota el desprecio que sienten nuestros dirigentes por las formalidades democráticas y “la sustancia” del propio sistema que dicen defender.
 
   Bien es cierto que esa forma subrepticia y falsaria de actuar en política fue la esencia de la transición, al pactarse y presentar como “reforma” del anterior régimen, lo que era una “ruptura” del sistema y la vuelta a la partitocracia, desde la cual se inicia la deconstrucción de España, cuya tercera y penúltima fase estamos recorriendo entre atónitos y desconcertados.
 
   Produce vértigo, al conocer el previsible resultado, que la mentira adquiera carta de naturaleza y se acepte, en todos los ámbitos de la vida pública, como instrumento para alcanzar el poder y ejercerlo de manera despótica, con aparente libertad  y control, vaciando y viciando todas y cada una de las instituciones que frenan ese poder.
 
   El secesionismo catalanista es el paradigma incontestable, al que han entregado todos los resortes de poder necesarios para cumplir con sus fines perversos. Todos los poderes esenciales para configurar un Estado les han sido transferidos. Todos los frenos y cautelas que establece la Constitución y configuran el Estado de Derecho han sido violentados, suprimidos o manipulados. No existe o no se utilizan los mecanismos de frenado y marcha atrás normativos. El choque de trenes es inevitable. Solo él cuando admite dudas, y cuál va a ser el resultado, siempre traumático para España y el pueblo español y, en mayor medida, para los responsables que nos han conducido a la destrucción y la ruina.
 
   Pero, ¿existe el derecho a separarse?. Desde el prisma no violento de la actual Constitución y del derecho internacional, rotundamente NO. La soberanía, según la vigente Constitución, reside en el pueblo, sujeto unido e indivisible de la nación quien, como único factor constituyente es el legatario del poder de reformar la Constitución de conformidad a las reglas establecidas para ello. Es el único sujeto capaz de permitir que esa unidad se fracciones, capaz de vivir o suicidarse, capaz de renegar del plebiscito de la historia y de sus antepasados muertos, capaz de volar la convivencia y capaz de regresar a las viejas tribus a los viejos demonios ancestrales, a las Taifas que durante tantos siglos nos sojuzgaron. Pero es posible, la historia lo demuestra, aunque nunca con nuestra contribución, inhibición o tolerancia.
 
   Tampoco en el derecho internacional existe norma que lo permita. El derecho de autodeterminación, reconocido en diversos tratados internacionales, requiere, o bien ser una colonia, es decir, un territorio en el que sus ciudadanos estén discriminados por un derecho distinto o de peor condición que los de la metrópoli, o bien tratarse de territorios en los cuales los derechos fundamentales de sus ciudadanos sean vulnerados sistemáticamente. Evidentemente en ninguna parte de nuestro territorio se dan estas condiciones, aunque en el Estado de las Autonomías ya se ha instalado la arbitrariedad jurídica por razón del territorio y población, además de competencias exorbitantes propias de estados independientes.
 
   Ante semejante situación y, con independencia de saber si una mayoría de españoles en Cataluña, están de acuerdo o no en separarse de España, no puede continuarse por ese precipicio. La educación, el cumplimiento de la Ley, la no discriminación o persecución del idioma común, la representación internacional y la justicia son atribuciones indelegables de cualquier Estado/Nación que no quiera desaparecer.
 
   Por ello hacemos un llamamiento a todos los españoles, pues a todos nos concierne que cumplamos con lo señalado en el Art. 30.1 de la Constitución vigente y aplicable “los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España”. Con independencia de la responsabilidad contraída por las demás instituciones de la Nación en lo señalado en el Art. 2; Art. 9.1; Art. 14; Art. 8.1; Art. 139.1; Art. 155.1 todo ello de obligado cumplimiento si no queremos permitir la voladura incontrolada del actual sistema.
 
   El aire fresco imprescindible para seguir creyendo y mantener la esperanza reside en la historia, en la heroicidad de nuestros antepasados enfrentados a situaciones infinitamente peores que las nuestras. El Alcázar de Toledo fue nuevamente liberado setenta y siete años después. El valor hasta el heroísmo, la resistencia sobre humana, la fe en Dios y en los valores por los que luchaban, el sacrificio hasta lo sublime, la solidaridad y el compañerismo hasta la muerte, lo excepcional cotidianizado hasta el final “sin novedad en el Alcázar, mi General”, fue nuevamente rememorado en el patio de armas del heroico recinto. Solo el relativismo de los mercaderes auspiciados por la Comunidad Castellano manchega y el beneplácito del responsable del Museo del Ejército, hicieron posible la amargura e indignación de  los presentes al comprobar que ese heroico recinto se había convertido en templo de mercaderes. ¿Será necesario el látigo?
 
   Hoy hace setenta y siete años que el último y más eficaz estadista que ha tenido España desde los Reyes Católicos, fuera elegido Jefe del Estado naciente, Generalísimo de los Ejércitos y Caudillo de España para que condujera la guerra y afianzara la paz con una probidad, prudencia y sapiencia desconocidas durante siglos en España en un gobernante. Hoy recordamos con orgullo su obra y contribución al engrandecimiento material y espiritual de España, a la justicia social, a la democracia directa y representativa, a la igualdad de derechos y deberes, al estado de derecho.
 
¡FRANCISCO FRANCO: PRESENTE!  
 
 
 
 


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