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España, ¿estado de derecho?
 
 
Colectivo Alborán
 
 
 
El Estado de Derecho y la Constitución
 
   Estado de Derecho es aquel en el que las relaciones sociales se desarrollan bajo unas garantías legales  comunes a toda la sociedad. Esta “red de garantías” estructura el comportamiento de los ciudadanos tanto en el ámbito privado como en el social. Principio fundamental y premisa de esas garantías es la Constitución Española de 1978, la cual obliga al poder legislativo y al poder ejecutivo a ser totalmente independientes del órgano judicial encargado de  velar por  que todas las leyes se apliquen por igual a todos los ciudadanos. El clásico principio de Montesquieu de la separación de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y  Judicial está implícito en los Títulos III, IV y VI de la misma, y su título preliminar proclama como valores superiores del ordenamiento jurídico la libertad, la justicia y la igualdad.
 
   Y aquí tenemos la primera gran transgresión de la Constitución, perpetrada sin acuerdo a ninguna norma legal de rango suficiente. Porque la de 1978 es una “constitución rígida”, que requiere un procedimiento específico para la reforma de sus preceptos, el cual está recogido en el Título X, establecido para que la “Carta Magna” quede, teóricamente, a salvo de modificaciones por procedimientos legislativos ordinarios.
 
La separación de Poderes y la Justicia
 
   Pero, como casi todos somos conscientes de ello,  en la actual Monarquía Parlamentaria, los partidos políticos mayoritarios, mediante un desarrollo constitucional doloso generado durante sus alternancias al frente de los sucesivos Gobiernos, han terminado asumiendo todo el poder del Estado, conformando una auténtica ‘dictadura de los partidos’ que ha fagocitado a los Poderes Legislativo y Judicial, mediante la Ley Electoral y el Reglamento de las Cámaras parlamentarias. Si todo ello es grave, lo más trascendente es la mediatización del Poder Judicial, auténtico garante de todo sistema, y más de los autoproclamados democráticos (ya decía San Agustín que “sin la justicia, ¿qué son los reinos, sino una partida de salteadores?”).
 
   Porque el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es el órgano de gobierno del Poder Judicial de España (artículo 122 de la Constitución), y su principal función es velar por la independencia de jueces y magistrados frente a los demás Poderes del Estado. Pero como  sus  miembros son nombrados por el Congreso y el Senado (Ley Orgánica -L.O.- 6/1985, L.O. 2/2001 y Proposición de Modificación de 2012), y de entre ellos sale la propuesta de su Presidente (a nombrar por el Rey), resulta que, por este “pecado original”, los miembros del Consejo General del Poder Judicial no son independientes del Poder Político.
 
   Porque, ¿dónde ha ido a parar el artículo 117.1 de la Constitución?, ese que establece clara, inequívoca, y sin mencionar su posible mediatización por parte de otros Poderes del Estado, que “la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley”.
 
   Es decir, los partidos mayoritarios se confabulan públicamente para repartirse el nombramiento de los cargos más trascendentes de los órganos del Poder Judicial, a lo que se suma que los elegidos, con toda lógica, bendicen el sistema de elección, con lo que se cierra el círculo, dentro del cual, por si no fuera poco, los políticos, en numerosas ocasiones sugieren o dictan sentencias mediante todo tipo de presiones o campañas en los medios de comunicación social, cuando no “redondean” su acción con indultos y amnistías (como la Ley 46/1977, que amnistió, sin juicio previo, a los asesinos de Carrero Blanco y de la bomba de la Calle Corro, por ejemplo y por no hablar de los múltiples etarras que campan con entera libertad a pesar de numerosos delitos de sangre a sus espaldas, a los que se unen una pléyade de ladrones “de guante blanco”).
 
   Por otra parte, los propios partidos políticos han reconocido, en la práctica, la inutilidad del Senado, imponiéndose aun más en la opinión pública informada la idea de que “las funciones legislativas y de control del Ejecutivo se subordinaban de forma sistemática a los intereses del bipartidismo, antes que a los generales del Estado y a la democracia real, con su correspondiente reflejo en el ámbito autonómico” (Ovidio Gómez López, CEU [1]).
 
   Vemos, pues, que la Justicia es una de las primeras y más importantes víctimas de la(s) violación(es) de la Constitución. De ello, como todos sufrimos, se derivan múltiples atropellos, porque cuando la Justicia deja de ser igual para todos, técnica y realmente ha muerto el “Estado de Derecho”.
 
Corolarios de lo anterior:
 
   1.- “Los españoles son iguales ante la ley”
   
   El Artículo 14 que proclama pomposamente lo anterior contrasta con la cruda realidad y no solo en el caso de terroristas y ladrones de guante blanco.
 
   No todos los españoles tienen los mismos derechos según las Autonomías donde residan, bien sea con relación a la ley electoral, a la fiscalidad, a las prestaciones sociales, a utilizar la lengua oficial de España (Artículo 3º), el español, a ser escolarizados en ella, y un largo etcétera. Y, con relación a las Autonomías, tampoco estas son iguales (no hay “café para todos”, solo para las “históricas” y elegidas); pero es que en el proceso de su implantación, además de la “curiosa” y suicida “línea fronteriza” de Autonomías uniprovinciales alrededor de Vascongadas (Navarra, Rioja-Logrono, Santander-Cantabria), por no hablar de Murcia, se dió el paradigmático caso de que, cuando se votó la Autonomía de Andalucía, que debía de ser aprobada por todas las provincias, Almería voto que no (Artº. 151.1 de la Constitución: el “sí” no llegó al 50%)… pero no se hizo ni caso a este pequeño detalle y con algo de “ingeniería” se arregló todo (modificación de la L. O. 2/1980, la L. O. 12/1980 Reguladora de las distintas modalidades de Referéndum, y la Ley Orgánica 13/1980 [2]).
 
2.- El derecho a la vida y a la libertad religiosa
 
   El Artículo 15 proclama que  “Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física”. Pero, en la práctica, y tras las sentencias del Constitucional en este sentido, el aborto, químico y quirúrgico, el parricidio más abominable y que es financiado por el Estado, ha quitado la vida a millones de españoles.
 
   Y lo mismo ocurre con el Artículo 16, que dispone que “Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española”, cuando a la mera observación de los ataques en los medios de comunicación y espectáculos públicos a la religión católica, que no así a otras, lo demuestra, así como las sentencias judiciales en las que se defiende la libertad de expresión a la que se acogen los atacantes. Lo anterior no es extraño, dado que la actual Constitución es la única, de entre las que ha tenido España, que, como dijo el Primado de España Mons. D. Marcelo,  elude, de forma real y no solo nominal, toda referencia a Dios.
 
3.-La Libertad de Expresión y los ataques a España
 
   El Artículo 20 reza así: “Se reconoce y protege el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones”. Pues bien, todos tenemos en la retina y en la memoria la erradicación de la bandera nacional de muchas regiones (Artículo 4º), e incluso su quema pública, sin ninguna sentencia judicial que las castigue. A la vez, por ejemplo, machaconamente se nos recuerda que nuestro código penal castiga el imperdonable pecado de “negar el Holocausto judío”. Es decir, que al citado artículo habría que añadirle el siguiente párrafo: “... siempre y cuando dichos pensamientos, ideas y opiniones sean “políticamente correctos" ”.
 
4.- Otros Ataques
 
   Ha habido numerosas modificaciones a la Constitución, aunque no se quiera reconocer públicamente y, desde luego, sin tener en cuenta el mecanismo establecido por el propio ordenamiento constitucional para su posible modificación (Artº 166 a 168…aprobación por mayoría en el Congreso/Senado y aprobación posterior por referéndum, o, en su caso, disolución de las Cortes, elecciones generales y referéndum). También han sido numerosos, junto con los anteriormente citados, los incumplimientos de la misma. Recojamos algunos, con la seguridad de que no agotamos el tema, ni mucho menos.
 
   Corona. El rey no ha jurado la Constitución, a pesar de exigirlo explícitamente el Artículo 61.1. En cambio, sí juró los “Principios Fundamentales del Movimiento” en 1975.
 
   Masonería. El Artículo 22.5 prohíbe las “asociaciones secretas”, como era doctrina tradicional. Y, tradicional y casi universalmente, la masonería había sido la principal de ellas. Pues bien, medio año después de la aprobación de la Constitución, el Tribunal Supremo confirmó la “legalización” de la misma. Ni siquiera hizo falta la prédica actual de que “la masonería es una asociación discreta y no secreta”.
 
   Matrimonio. Según el Artículo 32 “el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio”. La Ley 13/2005 modificó convenientemente el Código Civil y luego el “Constitucional”, siete años después, enmendó la plana a los padres constituyentes y bendijo el “matrimonio homosexual”.
 
   Mili. “Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España”, según el Artículo 30. Y así era, aparentemente, hasta que el PP “suspendió” ese deber/derecho fundamental con muy pocos trámites (disposición adicional 13ª de la Ley 17/1999). Anteriormente, y por muy igualitario y feminista que nos quieran vender el régimen actual, eso estaba prohibido a la mujer, fundamentalmente en cuanto a deber.
 
   Déficit público. En 2011 se modificó el artículo 135, quedando redactado así: “(Artº. 135.2) El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros.”. El trámite se resolvió mediante el BOE 233/11 y la Ley Orgánica 2/2012. Para muchos eso significa el que el pago de deuda sea preferente sobre cualquier otro pago y/o gasto que deba hacerse, y nos subordina a Europa de forma trascendente. No es la única cesión de soberanía,  como se verá más adelante.
 
Las Mentiras fundamentales y más peligrosas de la Constitución Española de 1978
 
   “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas” (Artículo 2).
 
   “Las Fuerzas Armadas … tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España y defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.” (Artículo 8)
 
   ¿En qué se queda todo esto en la realidad hoy en día?. En 2010 el Tribunal Constitucional avaló el Estatuto Catalán de 2006 prácticamente en su totalidad, dándose “legalidad” a queCataluña sea “una nación aunque sin valor jurídico”. Solo hay que ver el claro separatismo del Gobierno de Arturo Más, y su amenaza de celebrar un referéndum secesionista por encima de toda legalidad, para constatar que no solo la Constitución es papel mojado, sino que, para muchos, dentro y fuera de España (los separatistas no caminan solos), nuestra Patria está camino de su inmediata ruptura.
 
   Y decimos que no sólo actúan en España fuerzas centrífugas autóctonas, porque ya desde la reunión mayo de 1975 la Comisión Trilateral, se  trazaron los caminos que tendría que tomar la democracia española; no hay que olvidar que, por ejemplo, uno de los padres de la Constitución, Miguel Herrero de Miñón, era miembro de la Trilateral y lo siguió siendo durante muchos años. Aquellos caminos pasaban por la entrada de España en la OTAN y la Comunidad Económica Europea, eso sí, de forma conveniente para el citado grupo de poder mundialista. Sólo así se explica, como escribe Santiago Camacho en “20 Grandes Conspiraciones de la historia”  (La Esfera de los Libros, Madrid, 2005), la presencia de artículos como el 93 y el 96, sin parangón en otras constituciones europeas, los cuales permiten que, mediante una mera ley orgánica, se pueda autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución, e incluso que un Gobierno pueda ceder parcelas de soberanía nacional a organizaciones supranacionales mediante cualquier clase de tratado, sin que nadie pueda impedirlo legítimamente y sin que pueda ser derogado por otro posterior. Incluso el artículo 94 recoge una serie de tratados de carácter económico o comercial que están exentos del trámite de autorización de las Cortes. Y lo mismo que en estos casos se puede ver la mano extranjera no sería descabellado intuirla en otros, tal que el de las “nacionalidades”.
 
¿Estado de Derecho sentenciado y enterrado?
 
   A la vista de todo lo anterior, ¿alguien puede afirmar sin dudarlo que en España impera hoy un estado de derecho? ¿Qué respeto se puede esperar hacia una Constitución que ni siquiera ha jurado el Jefe de Estado bajo cuyo mandato se diseñó y proclamó? ¿No imperará en España una impresentable, férrea y peligrosísima dictadura partitocrática?
 
   Recordemos, de nuevo, que el artículo 8 encomienda a los Ejércitos defender la integridad territorial y el ordenamiento constitucional.
 
 
 
 
 
 


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