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Exhumación de los Caídos y la incultura del odio

Enrique Garza Grau

Letrado y Dr. en Humanidades y Ciencias Sociales

Boletín FNFF nº 139

In memóriam. A don José Utrera Molina,

cuya memoria y dignidad

jamás van a mancillar,

quienes atacan su dignidad

y, la libertad de su familia

a honrar su recuerdo.

               La FNFF me ha pedido que escriba unas líneas sobre la experiencia que vivimos durante el proceso de exhumación e inhumación del General Sanjurjo. Lo voy a hacer sin saber bien dónde piso. Ignoro si mi forma de pensar y sentir es legal o ilegal a los ojos de la clase política que transita la vida pública. Si el lector me preguntase: ¿cree usted en la libertad? Contestaría sin dudarlo: no solo creo en ella, la amo; Incluso, estaría dispuesto a morir por ella ¿qué sentido tiene vivir cargando un yugo como un buey, y girar día a día en la rueda de un molino? Si me preguntan: ¿cree usted que en España somos todos iguales ante la ley y es verdaderamente una nación libre? La respuesta tendría que ser a la gallega: ¿dígame que entiende usted por libertad y luego le contesto? Dicho esto, paso al tema nuclear. El azar me ha situado como interlocutor de la familia Sanjurjo en el proceso administrativo que instó el Ayuntamiento de Pamplona accediendo a las propuestas de HB-BILDU, ARANZADI (Podemos); apoyados, con notaria falta de visión ético-política de la vida pública, por el Partido Socialista de Navarra. Es sabido que el fin del acuerdo era exhumar los restos de los generales Mola (según conocimos por quién corresponde, fueron exhumados en la intimidad) y Teniente General Sanjurjo, que descansaban en la cripta sacralizada del Monumento a los Caídos —cuyo uso posee a perpetuidad la Iglesia Católica— junto a los carlistas: Arregui, Sota, Munarriz y los hermanos Joaquín y Dimas Aznar.

Resulta del todo desagradable que transcurridos ochenta años desde el inicio de la Guerra Civil; la izquierda independentista vuelva a destapar las heridas que quedaron cerradas en la Transición española y cicatrizaron con la incorporación de España en la Unión Europea y la OTAN. A partir de ese momento, los recuerdos de la Guerra Civil se alojaron en las páginas de la historia, gracias a la impronta de la dinámica social en la cultura del español medio. Los niveles de bienestar adquiridos en la España moderna y la integración de la clase media —creada en el régimen de Franco— en un mundo cada vez más cercano y globalizado, dejaron los rencores de la Guerra Civil en el pasado. Por razones espurias, el «odio» emerge de nuevo en el núcleo del debate político en ciernes de una sociedad nihilista, que está desgarrando España como la peste; eso no solo se me antoja triste, sino preocupante. Una de las causas que pueden justificar el odio emergente, es la expulsión de la vida pública de las clases medias y su extinción socio-cultural y religiosa; quienes, por ende, siempre han representado la verdadera proyección cultural, académica, empresarial y profesional de la sociedad del bienestar.

La verdadera clase media ha sido sustituida en las instituciones de representación por personajes distinguidos —no precisamente por sus cualidades— que se han ocupado de enviar al ostracismo a los sabios, mientras abren las puertas de entrada a los puntos de influencia a personajes torpes, grotescos o resentidos, que no han demostrado nada en el quehacer diario. Esta generación política nos ha traído una etapa de agotamiento intelectual y moral, lastrado por el abandono del sentido de la patria, la tradición y la cultura, zócalo de las humanidades y de la civilización que da soporte a los viejos y sabios pueblos de Europa. Este perfil de hombre público ha cimentado en España el totalitarismo arrogante de lo banal, usando palabras de Lipovetski «era del vacío». Aceptado este planteamiento nítido, podemos entender mejor la distancia abismal, entre la España real y la oficial.

La «incultura del odio», se ha instalado en el Congreso de los Diputados, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos; y, frente a ésta, solo cabe contraponer la cultura del amor y el respeto. La familia Sanjurjo no se opuso por capricho a la exhumación del Teniente General dos veces laureado. Lo hizo a pesar del consejo de muchas personas que recomendaban soluciones más prácticas y adaptativas que les habrían resultado menos molestas. Ahora bien, optaron con buen criterio, por defender la Verdad, el respeto y la libertad. BILDU y el resto de partidos políticos de izquierdas, se envolvieron en la bandera de la II República con un doble fin: conectar la Constitución del 1978 con la primera mitad del año 1936, para dar continuidad a las políticas totalitarias que pusieron fin a un régimen ilegítimo, como los archivos y hemerotecas demuestran por mucho que se manipulen. Y lo que es más grave, blanquear la imagen del mundo etarra, que ha tomado la iniciativa en este asunto, con las instituciones tomadas a costa de la sangre de miles de muertos, abandonados por la clase política en las calles de nuestra querida España.

No conozco ningún precedente en el mundo civilizado en el que se exhumen cadáveres con escarnio partidista y sectario. Si algo tan básico y sagrado, como es un cadáver, no se respeta en un régimen democrático, entiendo que resulta difícil que se pueda construir el Estado de Derecho sobre los cuatro pilares de la democracia: paz, convivencia, libertad y diálogo.

La guerra fue un hecho histórico trágico, en el que se enfrentaron dos filosofías de vida, que ojalá jamás se repita. Lo ocurrido hace ochenta años debe quedar en manos de los historiadores y el mundo de la investigación académica, para que la sociedad lo asuma con criterio. Decía Emilio Lledó en la Introducción a los Diálogos de Platón que «hacer historia es reivindicar la continuidad, humanizar el tiempo… proyectar el futuro» la España del siglo XXI no debe recrear los odios reflejados en la pintura negra de Goya, como si viviéramos enquistados a finales del XIX en «Duelo a garrotazos». Observamos que la indefinición del rostro de los personajes del cuadro, es tan absoluta, como lo es la vida pública española. Parece que bajo el eufemismo de «Memoria Histórica» nace con un buen fin —enterrar con dignidad a los caídos del Frente Popular— y deriva en la deconstrucción del pasado, para hacer una historia «deshumanizada» al gusto de una de las partes. No queremos con esto justificar nada ni a nadie. Pero tampoco resulta comprensible que quienes durante estos años han estado dinamitando la democracia con las armas y ahora desde las instituciones, rompan la convivencia por falta de ideas y capacidad para ofrecer soluciones concretas y útiles, al objeto de legar una España mejor a las generaciones futuras. El mensaje de odio a la fe, a la historia, a la nación, a la democracia, al diálogo y al respeto entre españoles, no debería ser un discurso aceptable por las personas e instituciones, sean civiles o eclesiásticas. Y si lo aceptan, el escenario social que nos van a dejar puede ser el peor de los posibles, que tendrá que soportar la conciencia de cada uno.

Cuando la familia Sanjurjo recibió la noticia de que BILDU se había propuesto entrar en una cripta sagrada y exhumar el cadáver de su abuelo, solo cabían dos formas de actuar. Plegarse y admitir la imposición de la exhumación a pesar de que es contraria a Derecho y a la ley invocada —Ley de Memoria Histórica—; puesto que la línea central de los argumentos de Bildu se ciñe en la falacia de que la «tumba ofende». Este argumento, no solo lo consideramos procaz, sino que también nos resulta inadmisible; de admitir la afirmación, sería igualmente aplicable contra quienes lucharon en el Frente Popular, cuyas estatuas y calles dedicadas en los pueblos y ciudades de España podrían «ofender» a los descendientes de quienes fueron víctimas del bando Republicano y así entraríamos en una espiral absurda e inconsecuente. Ante esta tesitura, optaron por oponerse a la exhumación asentados en la defensa de la reconciliación y el diálogo. Es evidente que la posición de la familia Sanjurjo resultaba incómoda, «no aceptar una exhumación sin hacer ruido», puesto que lo más sencillo habría sido que se plegaran y exhumar a hurtadillas. El Arzobispado y la clase política que busca la paz y la convivencia, entendemos que deberían haberse posicionado a favor de la libertad y la Verdad; arraigados en la cultura del amor, la reconciliación, la convivencia y no dar un paso atrás en la defensa de los valores que representa el humanismo cristiano.

Es imponderable la cantidad de odio que puede acumular una sociedad decadente: no sabría decir si es peor, el hecho de que 50 personas golpeen salvajemente a dos guardias civiles y las mujeres que les acompañaban o que estos hechos no se condenen, se justifiquen o se obvien, como ha ocurrido en Navarra. Tampoco sabría decir si es peor, el odio a la fe que cada día crece más en España, o que los partidos e incluso las instituciones religiosas se escondan antes que luchar por la Verdad.

En España se consideran golpistas a los que se abstienen en una votación para nombrar presidente del Gobierno, éstos a su vez se lo llaman a quienes han ganado las elecciones, que a su vez se lo dicen a quienes les piden separación de poderes o listas abiertas, o se les ocurre manifestar públicamente que creen en el Derecho Natural y la unidad de España: ¡es una locura en espiral, diabólica! El axioma odio más odio igual a enfrentamiento y frustración social, es inequívoco. Y la cobardía a la hora de luchar por los principios que sustentan la democracia, a nuestro entender, es el mayor de los pecados que puede cometer esta sociedad que ha dejado los valores en las cunetas para envolverse en la bandera del insulto, la provocación, el resentimiento y lo políticamente correcto.

Lamentablemente, se están retirando cientos de nombres de calles dedicadas a personas que, en muchos casos, fueron asesinados por el mero el hecho de ser católicos, monárquicos o no afines a una República que perdió las elecciones del 12 de abril de 1931 frente a los monárquicos; cuyos partidos de izquierdas, se alzaron para derrocar el régimen al perder las elecciones de 1933 —Revolución de octubre de 1934—. Y, por último, izquierdas que, de igual modo, perdieron las elecciones de 1936, momento en el que se concedió estatus oficial de policías auxiliares a la «Motorizada» para ayudar a un fraude electoral vergonzoso que reconoció el mismo presidente de la República. Sumado a lo que los hombres de Besteiro denominaron la «Bolchevización del Partido Socialista» y su proyecto «kérenkista»: organizar revueltas hasta la toma del poder por la fuerza. Muchos católicos fueron perseguidos y asesinados entre julio y agosto de 1936; 13 obispos, 4.184 sacerdotes, 2.365 frailes y religiosos, 283 monjas y más de 3.000 seglares. En total, unos 10.000 muertos, cuyo delito no era otro que ser católicos, ir a misa o rezar el rosario. Entre ellos debo contar a mi abuelo, mi tío y, gracias a Dios, mi padre salvó su vida con tan solo 16 años, por casualidad.

Conocer la Verdad de la historia y defender la libertad se está convirtiendo en delito; es difícil comprender cómo nadie alza su voz ante tanta mentira y odio y zanjan este debate cruel, que ahora le toca padecer a la familia Franco.



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