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Gallardón, no mienta usted diciendo que defenderán el derecho a la vida
 
 
Luis Fernando Pérez Bustamante 
 
   Parece, solo lo parece, que esta vez sí. Que tras casi dos años en el poder, anunciando desde un primer momento que iban a reformar la ley del aborto, octubre es el mes elegido por este gobierno para dar ese paso. Y también parece, aunque en esta ocasión es más bien seguro, que van a dejar las cosas como estaban antes de que Zapatero decidiera que abortar es un derecho.
 
   Es por ello que resulta absolutamente necesario recordar que con la ley anterior, la de 1985, España alcanzó los cien mil abortos al año. La nueva ley no ha supuesto una variación importante de esa cifra. Aunque ciertamente sería un avance que el aborto pasara de ser un derecho a un delito con una despenalización casi absoluta -y quien niegue eso falta a la verdad-, mucho me temo que la nueva ley dejará las cosas como están. Es decir, cualquier mujer que quiera abortar, podrá hacerlo.
 
   Dice el Abc que habrá “mayor regulación de quién o quiénes tienen que acreditar los daños psicológicos para la madre para que no se convierta en un coladero". Pero la única manera de que ese supuesto no sea un verdadero coladero es hacerlo desaparecer. Primero, porque el supuesto daño psicológico de la madre no puede estar por encima del derecho sagrado a la vida. Segundo, porque está demostrado que son muchas las mujeres que sufren daño psicológico no por abortar, sino precisamente por matar al hijo que vive en su seno. Y tercero, porque si la decisión final sobre la cuestión se deja en manos de psiquiatras o psicólogos que están a sueldo de las clínicas abortistas, ya sabemos lo que va a pasar. Este tercer punto podría ser la clave para limitar el número de abortos, en el caso de que este gobierno decidiera que dicha decisión dependiera de personal médico ajeno a dichas clínicas. Pero dudo mucho que así ocurra.
 
   También está la cuestión del supuesto socioeconómico. Es otro coladero. Un estado decente debe de hacer todo lo posible para que una madre con problemas económicos reciba las ayudas necesarias para criar a su hijo. Financiar su aborto es una manera miserable de quitarse el problema de encima.
 
   Cuentan que la nueva ley impedirá matar al embrión o feto humanos si tiene malformaciones que no son incompatibles con la vida. Eso supondría evitar, por ejemplo, que no se pudiera alegar que el crío viene con síndrome de Down para poder matarle. Pero nuevamente, si se admite el daño psicológico como excusa para abortar, la madre podrá alegar que la causa mucho estrés cuidar de un hijo con esa o cualquier otra minusvalía.
 
   Lo que no es admisible es que Gallardón pretenda convertirse en un defensor del derecho a la vida. Apelar a la doctrina del Constitucional no puede servir para adormecer las conciencias, como si esa sentencia fuera provida. Nada más lejos de la realidad. Hablar de un derecho a la vida limitado por la voluntad o deseo de la madre es negar ese derecho. Y no hay ley, sentencia o referéndum que pueda convertir en bueno lo que es una acto intrínsecamente criminal. Un gobierno verdaderamente provida no se escondería debajo de las faldas de ningún tribunal. Quien tiene principios, los defiende. Y no es que el PP no tenga principios en esta materia. Es evidente que los tiene. No hay más que ver la cantidad de abortos que tuvieron lugar en España en tiempos del señor Aznar, que fue el presidente que aprobó la primera píldora abortiva.
 
   No tengo la menor duda de que los sectores provida tibios de este país aprovecharán la nueva ley para justificar su apoyo explícito o implícito al Partido Popular. Dirán, y en eso no les faltará razón, que ha cumplido su programa electoral en esta materia. Pero es que a un provida auténtico no le puede valer con eso. Nadie con dos dedos de frente piensa que el PP abogará alguna vez por la penelización absoluta de todo aborto, que es el objetivo a conseguir. Para lograrlo, hará falta una fuerza política auténticamente provida -y de paso profamilia- que consiga entrar en los parlamentos nacional, europeo y autonómicos.
 
   Si alguna vez los cristianos de este país votan pensando en los principios no negociables, es posible lograr tal cosa. E incluso en un futuro no muy lejano, dicha fuerza política podría ser decisiva para gobernar. Solo entonces se podrá imponer la defensa absoluta del derecho a la vida y la defensa de la institución familiar -adiós al gaymonio y al divorcio express- como condición para apoyar la formación de un nuevo gobierno. ¿Lo veo posible? Sí. ¿Lo veo probable? De ninguna de las maneras. Al menos mientras los medios de comunicación en manos de la Iglesia no se dediquen a concienciar a los católicos en la necesidad de votar teniendo en cuenta dichos principios no negociables. Y eso, hoy por hoy, es casi una utopía. Solo los obispos -concretamente la Conferencia Episcopal Española- pueden hacer que la utopía pase a ser una realidad, aunque para ello tengan que enfrentarse abiertamente a la totalidad de la fuerzas parlamentarias, sean de izquierda o de derecha.
 
 
 
 
 


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