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Hacia una economía verde
 
José Manuel Cansino
 
 
 
   España cerró 2012 con 260,5 Miles de Toneladas de CO2 emitidas. Ese volumen de emisiones fue un 26.1 % mayor de las que se registraron en 1990, año base en función del cual se fijaron los acuerdos obligatorios del Protocolo de Kioto en materia de reducción de emisiones. España fue uno de los firmantes al hacerlo la Unión Europea. En el reparto nacional de obligaciones, a España se le permitió aumentar sus emisiones un 15% respecto a 1990 aunque en cómputo global la UE tuviese que reducir las suyas en un 8%. El informe que el gobierno español remitió a la ONU en abril de este año reconocía que nuestras emisiones en 2012 superaban el techo español derivado de Kioto en más de 11 puntos.
 
   La gobernanza internacional de la lucha contra el cambio climático está actualmente puesta en solfa. Aunque la mayor parte de los países firmantes del Protocolo de Kioto han prorrogado sus acuerdos y la propia UE ha definido su ambicioso Horizonte 2020, los principales países emisores de CO2 en particular y Gases de Efecto Invernadero en general, no han asumido compromisos obligatorios. Son los casos, por ejemplo, de China, Brasil o India.
 
   Lo que sí es cierto es que España está decidida a conseguir el denominado desacoplamiento entre el crecimiento económico y las emisiones de CO2. En otros términos y en su versión más fuerte, el desacoplamiento exige ser capaces de crecer económicamente sin un consumo de energía que provocase un aumento en las emisiones de CO2. En definitiva, España está entre los países en transición hacia una 'Economía verde'.
 
   Para conseguir eficazmente esa meta es necesario conocer primero para actuar después cuáles son los principales determinantes de las emisiones de CO2 de la economía española. Es precisamente lo que hemos analizado recientemente junto con la investigadora María Luisa Rodríguez Arévalo y el profesor Antonio Sánchez-Braza. En esta misma línea están trabajando los profesores Manuel Ordoñez y Rocío Román en el grupo de investigación de la Cátedra de Economía de la Energía y del Medio Ambiente de la Universidad de Sevilla. Un grupo a cuyos trabajos apoya financieramente la Fundación Roger Tornécentrada en mejorar la salud respiratoria infantil.
 
   Analizando conjuntamente la carbonización del mix energético español, la intensidad energética, la estructura económica, la renta per capita y la población española, es posible que la economía española hubiese alcanzado el desacoplamiento en 2006. Este fue el último año en el que se registró un crecimiento económico positivo y, además, se redujeron las emisiones de CO2 a la atmósfera respecto al año anterior. En la explicación de este comportamiento está la disminución de la carbonización del mix energético (volumen de emisiones de CO2 en relación a la energía consumida) y la intensidad energética (energía consumida en relación al valor de la producción).
 
   No obstante, hay que ser prudentes con la afirmación que hemos hecho. Los profesores Luis Mundaca, Anil Markandya y Jørgen Nørgaard han encontrado un posible efecto rebote en las emisiones de CO2 en las regiones desarrolladas una vez que los efectos de la crisis han comenzado a remitir. Así lo explican en un artículo que han publicado en la revista Energy Policy.
 
   Habrá que estar pendiente de los datos que se publiquen para España referidos a 2014, año en el que parece que registráremos de nuevo un crecimiento positivo si me permiten la redundancia. Lo que sí podemos comentar ya son algunos resultados preliminares de nuestro trabajo. Por ejemplo que está por ver si la reducción de la intensidad energética de la economía española se debe principalmente a mejoras en la eficiencia o a la subida del precio del petróleo que comenzó en 2004. Habrá igualmente que poner atención al comportamiento de los sectores eléctrico y de refino del petróleo que son los determinantes a la hora de ver cómo se comporta la intensidad energética del conjunto de la economía. También habrá que tener en cuenta la recomendación que han hecho en la misma revista que hemos citado Alvaro López, Ignacio Pérez y Pedro Linares en el sentido de decir que la apuesta por las ganancias de eficiencia son más eficaces que las medidas de promoción públicas de las energías renovables si se compara el coste y los resultados de unas y otras. Naturalmente esta no es una cuestión pacífica en España pero es lo que se deriva de esta investigación que está bien fundamentada.
 
   En este sentido, puede ser interesante introducir un esquema de bonificaciones fiscales a las empresas que, tras una auditoría rigurosa, demuestren haber logrado importantes ganancias en eficiencia. Me consta que esta es una de las líneas en las que trabaja la Agencia Andaluza de la Energía. Sería un buen camino en la transición hacia una “Economía verde” y competitiva. 
 
 
 


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