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La Justicia suspende el cambio de nombre de la calle General Asensio Cabanillas de Madrid.

JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 02 DE MADRID

Procedimiento: Pieza de Medidas Cautelares 366/2017 - 02 (Procedimiento Ordinario)

Notificación telemática de la resolución 130261608_Auto acordando medida cautelar 1 de fecha 18/12/2017 y 2 adjunto/s a esta notificación dentro del archivo comprimido 130261608_Auto acordando medida cautelar 1.zip que se anexa.

En Madrid, a dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete.

Juzgado de lo Contencioso- Administrativo nº 02 de Madrid

Pieza de Medidas Cautelares 366/2017 - 02 (Procedimiento Ordinario)

Demandado/s: AYUNTAMIENTO DE MADRID

LETRADO DE CORPORACIÓN MUNICIPAL

AUTO Nº 265/2017

En Madrid, a dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete.

Dada cuenta; por recibido el anterior escrito del Letrado del Ayuntamiento de Madrid, únase a los autos de su razón con entrega de copia a la parte contraria; y,

ANTECEDENTE DE HECHO

ÚNICO.- Solicitada por la parte actora, medida cautelar y formada la presente pieza para su tramitación, se dio traslado a la parte demandada, AYUNTAMIENTO DE MADRID, con el resultado que obra en autos

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Se plantea en la presente pieza separada, dimanante del procedimiento ordinario 366-2017, la solicitud relativa a la suspensión cautelar del Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, de 15 de junio de 2017, por el que se desestima el recurso de reposición formulado por Dña. Almudena Rodríguez Pérez contra el Acuerdo de 4 de mayo de 2017 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid por el que se cambia la denominación de determinadas calles, plazas y travesía de la ciudad de Madrid, en concreto el presente recurso va dirigido contra el cambio de denominación de la calle General Asensio

Cabanillas.

SEGUNDO.- Conforme al Art. 130 de la Ley 29/98 reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa, las medidas cautelares podrán acordarse únicamente cuando la ejecución del acto pudiera hacer perder su finalidad legítima al recurso, y podrá denegarse cuando de ésta pudiera seguirse perturbación grave de los intereses generales o de tercero.

Estos preceptos contenidos en la nueva Ley se adecuan a los de la derogada de 1956 así como a la doctrina jurisprudencial reiterada que establece la imposibilidad de crear una casuística cerrada en orden a conceder o denegar la suspensión de ejecutividad de la resolución administrativa que se recurre. No obstante ello la razón determinante para que los –tribunales accedan o no a la suspensión de ejecución de los actos administrativos, objeto de impugnación en vía jurisdiccional, se encuentra en la coordinación del principio de tutela judicial efectiva con el de la eficacia administrativa los cuales amparan dos tipos de intereses distintos: a) evitar que por la ejecución del acto recurrido se causen perjuicios de imposible o difícil reparación y b) el de impedir la lesión o el daño de los intereses públicos. A todo ello cabe añadir la exigencia de apariencia de buen derecho.

La aplicación jurisprudencial de tales exigencias según la cual procederá la suspensión cuando la ejecución hubiese de ocasionar daños o perjuicios de reparación imposible o difícil, se realiza a través de un juicio ponderado en el que la operatividad de dicha regla es conjugada en contraste con otros dos elementos concurrentes que son el interés público y la apariencia de buen derecho.

TERCERO.- Por lo que se refiere a las particularidades que presentan aquellos actos cuyo contenido supone la ejecución de una actuación material que supone una modificación de una situación actual e incluso física, por su propia naturaleza implica que, si se ejecuta prematuramente antes de la resolución del proceso pendiente en el que se ha de decidir acerca de su procedencia y legalidad, puede dar lugar, en el caso de quedar revocada posteriormente, un perjuicio de muy difícil reparación, toda vez que cuando además supone una modificación física, constituye una muy importante destrucción de riqueza material.

Así en el caso enjuiciado aunque la ejecución material del cambio de nombre de la calle General Asensio Cabanillas, mediante la sustitución de los correspondientes rótulos no haya de estimarse de gran envergadura, sin embargo se trata de una modificación generalizada que afecta a 53 calles de todo el callejero de Madrid que pueda resultar afectado por aplicación de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura. Esta generalización evidentemente conlleva una serie de perjuicios para los intereses generales que puede llegar a producir un confusionismo innecesario ante una eventual estimación del recurso, lo que abogaría la suspensión por razones de prudencia. En este punto parece ser, según manifiesta el solicitante, que de hecho se ha adoptado el criterio de suspender la ejecución hasta que se resuelvan los recursos planteados.

Pero es que, además, junto con la afectación de los intereses generales deben de tenerse en cuenta la de los particulares afectados en tanto que, en relación con la calle que nos ocupa, se encuentra la recurrente y el resto de vecinos, que se cifra en más de 500, los cuales deberían de realizar gestiones urgentes tanto a nivel particular como de carácter comercial para dar a conocer la nueva denominación cuyo coste económico y personal hay que valorar como preponderante, pues en caso de no adoptarse la suspensión y ante una eventual estimación del recurso habría que deshacer el cambio todo ello en un periodo de tiempo muy reducido en relación con el que ha transcurrido desde la aprobación de la Ley en el año 2007.

Esta última circunstancia también debe de ser tomada en consideración, pues no debe de olvidarse que desde la entrada en vigor de la Ley 52/2007, el 28 de diciembre de 2007, han transcurrido casi diez años sin que se haya adoptado medida alguna en orden a su cumplimiento, por lo que ninguna razón justificaría el no acceder a la suspensión cautelar solicitada, en el entendimiento de que son mayores los perjuicios que pudieran ocasionarse en caso de proceder a una ejecución inmediata antes de que el recurso sea resuelto.

Es por lo expuesto por lo que procede acordar la suspensión solicitada.

Vistos los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplicación

PARTE DISPOSITIVA

SU SEÑORIA DIJO: Que procede acceder a la suspensión cautelar del Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, de 15 de junio de 2017, por el que se desestima el recurso de reposición formulado por Dña. Almudena Rodríguez Pérez contra el Acuerdo de 4 de mayo de 2017 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, en el particular que se refiere al cambio de denominación de la calle General Asensio Cabanillas.

Contra el presente auto cabe recurso de apelación ante este Juzgado, que se admitirá en un solo efecto, en el plazo de QUINCE DIAS, contados desde el siguiente a su notificación.

Quede el original de esta resolución en el libro de autos definitivos de este Juzgado y testimonio del mismo en la pieza separada y en los autos principales.

Así lo acuerda, manda y firma el Ilmo. Sr. Magistrado del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Madrid.

EL MAGISTRADO-JUEZ



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