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La responsabilidad española en Gibraltar
 
 
José Manuel Cansino Muñoz-Repiso  
Profesor Titular de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla,
invitado en la Universidad de Lund.
 
 
   España puede vivir sin Gibraltar pero Gibraltar a duras penas podría sobrevivir sin España. Con estas palabras terminaba el periodista José María Carrascal la presentación en Sevilla de su libro “La batalla de Gibraltar” invitado por las Asociaciones Culturales ADEMÁN y Fernando III. Una presentación tan concurrida que estaba llena hasta la bandera … la bandera de las tibias y la calavera que uno de los presentes le había entregado en la misma ciudad, unos meses antes, al ministro Picardo.
 
   La frase de Carrascal encierra una de las claves de la supervivencia económica de la última colonia que persiste en territorio europeo; una clave que apunta directamente a la responsabilidad de España.
 
   Gibraltar tiene casi el doble de renta per cápita que España y cinco fuentes de ingresos bastante estables; los servicios, el turismo, la actividad portuaria, las gasolineras flotantes (el denominado “bunkering”) y la subvención anual del Ministerio de Defensa Británico.
 
   Los ingresos procedentes del sector servicios no se explican sin su condición de paraíso fiscal, esto es, una situación en que su tributación reducidísima se une al secreto bancario. Sin ir más lejos, los demoledores datos que está aportando la asociación de técnicos de Hacienda (GESTHA) evidencian que la Colonia se niega a responder al 30 por ciento de los requerimientos de información sobre blanqueo de capitales que les hacen los tribunales españoles. Ambas características de este espacio fiscal (tributación reducida y opacidad fiscal) explican que haya casi tres empresas por cada residente gibraltareño (84.000 sobre 30.000).
 
   Pero los no menos importantes ingresos del negocio de las gasolineras flotantes no se explican sin la colaboración de las empresas españolas y la inacción de los diferentes gobiernos. Y es que las empresas refineras españolas venden sus productos directamente a las empresas gibraltareñas que regentan el “bunkering” y lo hacen sin IVA ni Impuesto Especial de Hidrocarburos (extraordinariamente importante), de manera que abastecen de combustible a los barcos en las propias aguas españolas a un precio mucho más reducido que el que habrían de pagar a sólo cuatro millas si se abastecieran en la refinería de Algeciras. Los datos de GESTHA señalan que en 2012 las empresas refineras españolas vendieron a las empresas gibraltareñas por valor de 1.212 millones de euros.
 
   Por último, el turismo interior procedente de España asociado al contrabando de tabaco a pequeña escala tampoco se explicaría sin la venta de este producto por la empresas españolas a las gibraltareñas, una venta que también se hace sin IVA ni impuestos especiales y que ascendió a un valor de 8.11 millones de euros el año pasado.
 
   Así las cosas, la privilegiada situación económica de Gibraltar debe mucho al consentimento y la colaboración española y si bien es cierto que la cuestión de los paraísos fiscales se escapa en parte a la autoridad española, no dejan de existir medidas legales que están en la mano del gobierno de España.
 
   Efectivamente, los paraísos fiscales son parte del engranaje actual del sistema económico-financiero mundial. La lucha contra ellos está en gran medida en manos de quienes tienen sus fortunas allí residenciadas. Pero es obligación de España impulsar un convenio bilateral que incluya cláusulas de intercambio de información tributaria con los movimientos financieros de españoles en Gibraltar. Naturalmente un convenio firmado directamente con el Reino Unido y no con el gobierno de Gibraltar como éste intentó en 2009.
 
   En segundo lugar, España puede prohibir la venta de derivados de petróleo para su reventa en las empresas del “bunkering”, entre otras cosas sirviéndose de la normativa medio ambiental que –de salir adelante- prohibiría la venta de combustible en plataformas marinas situadas en aguas jurisdiccionales españolas.
 
   En tercer lugar, lo que vale para el petróleo y sus derivados, valdría para el tabaco y el alcohol.
 
   El resultado de todo esto tendría unos beneficios sociales que trascenderían de la sola cuestión de la Soberanía –con ser ésta extraordinariamente importante-. Por una parte y desde un punto de vista medioambiental, se acabaría con las habituales prácticas de lavado de los depósitos de combustible de los barcos que repostan en el “bunkering” y se eliminaría el riesgo de fugas de combustible preservándose los recursos pesqueros y el futuro de las familias que se dedican a la pesca en esa zona. Por otra parte, desde la perspectiva fiscal se forzaría al Reino Unido a firmar un convenio que permita el intercambio de información tributaria con el importante resultado a nivel mundial, de acabar con las posibles prácticas de blanqueo de capitales realizadas en el Peñón.
 
   Ambos avances en materia medio ambiental y de lucha contra el blanqueo de capitales no pueden más que recibir el respaldo internacional y la cohesión interna de partidos políticos y sociedad civil.
 
 
 
 


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