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Los ocho carmelitas asesinados en agosto de 1936 a los que Carmena ha retirado la placa
 
Juan E. Pflüger
 
 
 
   Carmena no ha esperado a cumplir ni siquiera los requisitos que su grupo municipal había impuesto para implantar la venganza vía Ley de Memoria Histórica. Tras aprobarse la retirada de placas y el cambio de denominación de calles y edificios de uso deportivo y educativo, se acordó que había una comisión encargada de justificar cada caso. Sin embargo el equipo que dirige la alcaldesa Manuela Carmena ha empezado a retirar placas sin cumplir esa premisa.
 
   No es casual que entre las primeras víctimas de esta imposición sesgada de la historia por decreto se encuentren inocentes que fueron asesinados por los precedentes ideológicos de podemitas, comunistas y socialistas. El viernes 29 de enero ordenó arrancar la placa que recuerda el asesinato de ocho carmelitas en el cementerio de Carabanchel. Si el objetivo es retirar “homenajes” a franquistas, debe explicarnos qué tenían de franquistas estos 8 jóvenes seminaristas de entre 18 y 22 años que habían sido detenidos pocos días después del alzamiento.
 
   Ahora está claro: el objetivo no es retirar homenajes, es borrar de la memoria los crímenes cometidos por sus antecesores ideológicos. Es eliminar cualquier resto de los cobardes asesinatos que, por ideología –no otra cosa sino una ley ideológica es la Memoria Histórica-, fueron cometidos. Especialmente crueles los que, como este de los ocho jóvenes religiosos, se cometieron por odio a la fe. Un odio inducido por ideologías políticas como el socialismo, el comunismo o el anarquismo, líneas de pensamiento que Podemos y sus “confluencias” (entiéndase marcas blancas) están reivindicando desde el primer momento en el que salieron a la luz pública.
 
   Pero veamos cómo fueron asesinados estos peligrosos jóvenes que, dicho sea de paso, supieron morir defendiendo sus creencias más profundas.
 
   Ahora está claro: el objetivo no es retirar homenajes, es borrar de la memoria los crímenes cometidos por sus antecesores ideológicos. Es eliminar cualquier resto de los cobardes asesinatos que, por ideología –no otra cosa sino una ley ideológica es la Memoria Histórica-, fueron cometidos. Especialmente crueles los que, como este de los ocho jóvenes religiosos, se cometieron por odio a la fe. Un odio inducido por ideologías políticas como el socialismo, el comunismo o el anarquismo, líneas de pensamiento que Podemos y sus “confluencias” (entiéndase marcas blancas) están reivindicando desde el primer momento en el que salieron a la luz pública.
 
   Pero veamos cómo fueron asesinados estos peligrosos jóvenes que, dicho sea de paso, supieron morir defendiendo sus creencias más profundas. El 27 de julio de 1936, la guerra llevaba 9 días de desarrollo, la Guardia de Asalto –cuerpo que recibía órdenes de la autoridad política y no grupos de exaltados como se suele justificar desde la izquierda- detuvo a los treinta religiosos que había en el Convento del Carmen de Onda en Castellón. Inmediatamente se les condujo a Valencia, donde veinte fueron separados del resto (algunos de los cuales sufrieron martirios y asesinato).
 
   Los nueve más jóvenes fueron alojados en un convento en Valencia antes de ser enviados a Madrid, donde debían ser juzgados. Eran: fr. Alberto García, fr. Francisco Pérez, fr. Silvano Villanueva, fr. Ángel Sánchez, fr. Angelo Reguilón, fr. Bartolomé Fanti Andrés, fr. Ricardo Román y el Hno. Fr. Franco Arranz, además de fr. Isidoro Garrido que escapó por el camino.
 
   El 28 de julio fueron trasladados a Madrid, llegando a primera hora de la mañana a la estación de Atocha, donde sus guardianes recibieron la orden de trasladarlos a Segovia. Ante la imposibilidad de realizar el viaje se optó por acomodarlos en un asilo de ancianos que había en las proximidades de la estación. Allí quedaron recluidos a la espera de traslado, un viaje que se retrasaba inexplicablemente. Hasta que la noche del 17 de agosto un grupo de milicianos irrumpió en la sala de reuniones en la que dormían los ocho religiosos y los subieron en dos camionetas.
 
   Fueron bajados a culatazos junto al muro del cementerio de Carabanchel y situados frente a los focos de los vehículos en los que habían sido trasladados. Allí mismo, sin juicio, sin trámite legal alguno, fueron fusilados.
 
 
 
 


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