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Prohibido matar al Toro de la Vega
 
 
 
 
Enrique Berzal
 
 
   La misiva era escueta y no se andaba con rodeos: «Examinado el problema para el futuro, no he de ocultarte que habría que hacer la suspensión del espectáculo (del Toro de la Vega), con cierto tacto pues se trata de una tradición de siglos». El que esto escribía, el 25 de septiembre de 1958, no era miembro de un grupo ecologista ni, mucho menos, un antitaurino de pro; se trataba del gobernador civil vallisoletano Antonio Ruiz-Ocaña Remiro, impelido a pronunciarse sobre «la cuestión» tordesillana por su entonces superior, el director general de Política Interior, Manuel Chacón Secos.
 
   Y es que la presión institucional no tardaría en conseguir parte de su propósito: prohibir, al menos, la muerte del animal en un festejo calificado por muchos de cruel. Las aristas más duras de aquella polémica arrancan en 1954, cuando impactantes imágenes del espectáculo, emitidas en el noticiario NO-DO, lastimaron la sensibilidad de destacados colectivos y personalidades comprometidas con la defensa de los animales.Más leña al fuego echó, el 28 de septiembre de 1955, el periodista Enrique Gavilán en EL NORTE DE CASTILLA, pues su «Crónica de toros a orillas del Duero» reseñaba el festejo tordesillano asegurando que «aunque la forma de matar al toro es cruel, brutal, esta muerte es su destino, porque, cada año, en Tordesillas se necesita su sangre derramada en la tierra. Por eso, una vez muerto, desde el que le ha visto pasar de lejos hasta el que ha hundido sus manos en las heridas del animal, sienten el placer de la posesión satisfecha que calma y libera».
 
   Terció en la disputa escrita el escritor, ensayista, historiador y acérrimo defensor del espectáculo Eusebio González Herrera, quien desde el rotativo falangista 'Libertad' contraatacó con un artículo de titular esclarecedor: «Un festejo tradicional: el Toro de la Vega, de Tordesillas, está vinculado a la Historia. Encarna lo más viril de Castilla, junto a la bravura del genio hispano». Un halagador chorreo de metáforas en el que los lanceros aparecen como «gladiadores helénicos», el alanceamiento como auténtico «aguafuerte goyesco», la pelea, «puramente celtíbera», y todo el espectáculo como «molino de viento del Quijote de la eterna Castilla».
 
   Pero la bola de la controversia no hacía más que crecer: el evento celebrado el 11 de septiembre de 1956, seguido de cerca por 6.000 espectadores, estuvo acompañado de tal cantidad de jeeps, tractores, remolques y vehículos de motor, que algunos lo interpretaron como un auténtico alarde de brutalidad. Fue entonces cuando la Asociación contra la Crueldad en los Espectáculos (ACCE), la Sociedad Protectora de Animales y Plantas, algunos medios de comunicación y el mismísimo conde de Bailén, Carlos Arcos y Cuadra, que además de ministro plenipotenciario y jefe de Información del Ministerio de Asuntos Exteriores era vicepresidente de la ACCE, no cejaron en su empeño por suspender el festejo.
 
   Desde septiembre de 1956, Arcos no dejó de escribir al alcalde de Tordesillas, gobernadores civiles, altas autoridades del Estado y periódicos locales a favor de la suspensión del Toro de la Vega. Para ello alegaba desde la Ley de Vagos y Maleantes de 1958 hasta disposiciones legales anteriores como la circular de febrero de 1908, que prohibía las carreras de toros y vaquillas ensogadas o en libertad por las calles y plazas de las poblaciones.
 
   Por si fuera poco, en enero de 1961, publicó un sonado alegato en la revista 'Pregón', que retomaba las cartas enviadas a las diversas autoridades y esgrimía enseñanzas pontificias contra «todo deseo de matar animales sin motivo justificado, toda crueldad inútil, toda dureza innoble hacia ellos». Dicho artículo, titulado «Espectáculos crueles», no tardó en ser respondido por una «Defensa del 'Toro de la Vega'» de González Herrera, publicada en EL NORTE DE CASTILLA: «El animal sufre un noventa por ciento menos que en cualquier plaza de toros, en donde a veces los pinchazos pasan de veinte descabellos en esas tardes en que al espada no le acompaña la suerte».
 
   La polémica desembocó en la sorprendente decisión gubernativa de 1966, que a cambio de no suspender el espectáculo, prohibía el rejoneo del toro a campo abierto. Se celebró el 13 de septiembre y consistió en una suerte de encierro que, por no tolerar la muerte del toro, encrespó los ánimos de algunos aficionados. Así se mantuvo hasta 1970, año en que el cambio de autoridades, la influencia de personalidades como Gregorio Marañón Moya, presidente de las salmantinas Semanas Internacionales del Toro de Lidia; y Antolín de Santiago Juárez, subdirector general de Cultura Popular y Espectáculos, las presiones de aficionados y la labor de las autoridades locales lograron recuperar el festejo según la modalidad «tradicional»; es decir, acabando con la vida del astado.
 
 


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