Actualidad
 
 
 
¿Qué peligros amenazan a la convivencia en libertad?
 
 
Pío Moa
 
 
   La democracia, una vez instaurada, no ha tenido una vida fácil, y hoy se halla en plena involución. Mencionaré aquí solo cuatro amenazas mayores: colaboración con el terrorismo etarra; separatismos; corrosión de la independencia judicial; corrupción. Condensaré algunos rasgos esenciales en lo que permite un breve artículo.
 
   Consigna repetida durante muchos años ha sido “Vosotros, fascistas, sois los terroristas”. Pero grupos identificables como fascistas o de extrema derecha son autores de solo el 3% de los 1.200 muertos causados por el terrorismo en España desde 1976. El resto, la casi totalidad, corresponde a separatismos e izquierda (incluyendo el GAL del gobierno socialista). Parte considerable proviene de grupos comunistas como el GRAPO, anarquistas o islamistas aunque la autoría del más sangriento, el del 11-M de 2004, sigue sin aclarar y su mismo proceso fue un hecho muy oscuro).
 
   Destaca con gran diferencia el terrorismo separatista-socialista de la ETA, con cerca de 800 asesinatos. La ETA, al proclamarse antifranquista y socialista, ha gozado de extensos apoyos desde que empezó a asesinar en 1968: la oposición casi en pleno, el PNV, parte del clero vasco, gobiernos como el francés, el argelino o el cubano, le ayudaron y protegieron. Sin tales ayudas políticas, propagandísticas y más directas, la ETA habría tenido un recorrido mucho menor. Desde la transición, los gobiernos adoptaron la “solución política” hacia ella, aceptando así sus crímenes como un modo de obtener concesiones políticas. Esa orientación ha corroído moral y políticamente a la democracia. Solo con Aznar prevaleció la solución policial, única acorde con el estado de derecho, siendo la ETA empujada al borde de la derrota definitiva. De esa situación le sacó el PSOE de Zapatero, sin duda el mayor colaborador que ha tenido la ETA en su historia, colaboración disfrazada como “proceso de paz”. ETA y PSOE, no debe olvidarse, comparten ideas socialistas, antifranquismo extremo, odio a España en un caso y desprecio en el otro, y un fondo ideológico e histórico totalitario. Esta política marca una radical involución democrática asociada, no por casualidad, a la LMH.
 
   La ETA ha influido también en el auge disgregador del país. Al comenzar la transición el separatismo apenas existía o se presentaba como simple autonomismo; pero ha prosperado en gran medida con la ETA como punta de lanza. Su táctica ha consistido en presentarse como alternativa civilizada al terrorismo para obtener concesiones, y utilizar estas, en particular la enseñanza y medios de masas subvencionados, para sembrar odio y desprecio a España, y desprestigiar la persecución legal a los pistoleros equiparándola a la violencia etarra. Al igual que con el terrorismo separatista, los gobiernos han cedido, en parte por efecto de una ley electoral defectuosa, en parte por falta de principios, ya que el sistema priorizaba un gran partido de izquierda y otro de derecha, más los separatistas, antes autonomistas. Así, el separatismo ha ido creciendo hasta convertirse en el problema más grave para el futuro de España, tal como en los años 30 fue el peligro revolucionario. Ya la Constitución hizo concesiones de tal calibre que han puesto en peligro finalmente la propia unidad y continuidad de España.
 
   En cuanto a la justicia, cuando el socialista Alfonso Guerra declaró la muerte de Montesquieu, exponía el designio de la supeditar el poder judicial al ejecutivo, en un proceso nefasto y secundado en los hechos por el PP. La declaración de Guerra entrañaba una declaración de guerra a la democracia, y la insuficiencia de reacción a ella ratificaba la escasa tradición o conocimiento de los políticos, de izquierda y derecha, sobre los cimientos de la democracia. Como, por lo demás, su ignorancia de la historia de su país. La politización socava la justicia y el estado de derecho, en el que jueces políticos tipo Garzón han vivido a sus anchas largos años. También se ha denunciado cómo el llamado Tribunal Constitucional constituye un instrumento de los partidos para cambiar la Constitución, reinterpretándola –generalmente a favor del separatismo—sin pasar por los trámites impuestos por la propia Constitución. Era lógico que en una empresa nueva como la transición de un régimen autoritario a una democrático se cometieran errores, pero lo grave es que, lejos de analizarse y corregirse, se han agravado desde entonces.
 
   Como cuarta gran amenaza encontramos las oleadas de corrupción que, sobre todo desde la primera etapa socialista, han plagado al sistema. Nombres como Filesa, Flick, KIO, Roldán, Rumasa, Gürtel, Bárcenas, EREs, Noos, Liceu, entre tantos otros que enseguida vienen a la cabeza, definen un escándalo permanente. Los partidos, que además incumplen el precepto constitucional de un funcionamiento democrático, “bananizan”, por así decir, el sistema.Y aún más grave que la corrupción económica –y origen de esta-- es la corrupción intelectual, de la que es ejemplo destacado la propia LMH. No por casualidad todas estas amenazas a la democracia tienen a su vez sello antifranquista.
 
 
 
 
 


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