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Unidad de mercado
 
José Manuel Cansino
 
   El Consejo de Ministros ha aprobado hace unos días la remisión al Parlamento del Proyecto de Ley de Garantía de la Unidad de Mercado. Se trata de una norma dirigida a asegurar la libre circulación de bienes y servicios por todo el territorio nacional, y que tiene como principio inspirador el de licencia única y legislación de origen. El mismo que rige en el funcionamiento del Mercado Único europeo.
 
   Precisamente en su informe sobre España del mes de abril titulado "in-depth review" (revisión a fondo), la Comisión Europea ya incluía una valoración positiva sobre el borrador que entonces manejaba el Gobierno. Concretamente consideraba que esta reforma legislativa tendría el potencial de reducir la fragmentación del mercado interior, ampliar la competencia y ganar eficiencia. No somos de los que aplauden una decisión política sólo porque cuente con el aval de Bruselas. Más bien soy de los que se tientan la ropa pero en este caso concurren dos aspectos positivos que deben subrayarse.
 
   En primer lugar la norma ataca uno de los efectos económicamente más perniciosos que ha tenido el desarrollo del Estado de las Autonomías; a saber, la fragmentación del mercado interior. En definitiva, hemos asistido en los últimos años a una eclosión de normativas locales/regionales que han acabado provocando que un mismo negocio casi tuviese que superar 17 trámites administrativos diferentes dependiendo de la región en la que pretendiese abrir sus puertas. A veces con normativas tan extravagantes y prohibicionistas como las que impedían rotular en español o especificar las características del producto sólo en la lengua que manejan la mayoría de nuestros conciudadanos. Todo ello acababa desincentivando la actividad comercial e industrial y redundaba en contra de la creación de empleo y riqueza. En tal sentido, el Gobierno estima que la aprobación de esta Ley va a suponer un aumento total del PIB del 1,52 por 100 en un período de diez años, aproximadamente 1.500 millones de euros cada año. Nada ha trascendido, sin embargo, sobre la forma en la que se han obtenido esos resultados por lo que me reservo mi opinión sobre la solvencia de los mismos.
 
   Lo que sí da escalofríos es preguntarse por el valor del suceso contrafactual, es decir, ¿cuál ha sido el coste que nos han supuesto estos años de continuas barreras interiores? Aún más frustrante es saber que ninguna responsabilidad se va a asumir por esto. Tampoco por esto.
 
   En segundo lugar, la norma tiene un profundo calado de reforma que va a pasar bastante desapercibido y puede facilitar su puesta en práctica. Al tratarse de una reforma marcadamente técnica es difícil que suscite un debate social salpicado por la demagogia de si la norma atenta o no contra la capacidad de autogobierno. Sobre todo lo que es difícil es argumentar en contra de esta iniciativa y a favor de un proceso de fragmentación de normativas que resulta lesivo contra el desarrollo económico.
 
   Para mayor abundamiento, la Ley permitirá a los productores pedir una sola licencia en una Comunidad Autónoma. Con una única licencia –expedida por cualquier administración regional- podrán comercializar sus productos en todo nacional. Algo parecido ocurrirá a los profesionales que presten sus servicios en más de una región.
 
   Con una sóla licencia se elimina en la práctica el coste de tener que someterse hasta a diecisiete regulaciones distintas para operar en España; así lo ha subrayado en Gobierno.
 
   Podría parecer que esta norma es un necesario paso adelante para favorecer la generación de empleo y el desarrollo económico. Un paso dado por un gobierno que se ha empleado a fondo en desdecirse de muchos de sus compromisos electorales. Sin embargo, detenidamente puede entenderse como un regreso al pasado. Todo parece recordar a esa búsqueda entre la Pamplona vieja y la Pamplona nueva magistralmente recogida en la novela “Plaza del Castillo” del hoy proscrito Rafael García Serrano.
 
   En noviembre de 1714, uno de los “Decretos de Nueva Planta” del rey Felipe V hizo desaparecer las fronteras y aduanas comerciales interiores que persistían entre las Coronas de Aragón y Castilla. Fue el paso definitivo hacia la unidad de mercado interior. El desafortunado desarrollo del Título VIII de la Constitución ha hecho que desandemos en apenas tres décadas progresos que se habían alcanzado a lo largo del tiempo. Podría aplicarse aquello de que “bien está lo que bien acaba”, pero entonces habrá que esperar a que acabe. Otras reformas de calado como la educativa o la del derecho a la vida, siguen empantanadas. 
 
 
 (*) José Manuel Cansino Muñoz-Repiso. Profesor Titular de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla invitado en la Universidad de Lund.


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