Entrevista a Jaime Alonso en el periódico El Confidencial

21 de septiembre de 2020 por Redacción FNFF

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En las tripas de la Fundación Franco: "No recibimos ni un solo euro del estado"

El anteproyecto de ley de Memoria Democrática del gobierno amenaza con ilegalizar a la Fundación que custodia más de 27.000 documentos del archivo personal del dictador

Martes día 15 a las 10:00 de la mañana en el segundo piso del número 11 de Concha Espina. En el congreso, la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, aún no ha anunciado el anteproyecto del gobierno de la denominada ley de Memoria Democrática, aunque se sabe ya cuál va a ser uno de los puntos esenciales: ilegalizar a la Fundación Franco. Lo hará un poco más tarde, pero mientras, en el número 11 de la calle Concha Espina, es decir, en la misma sede de la Fundación Nacional Francisco Franco -FNFF- desde su creación en 1976, la dirección recibe a El Confidencial.

Después de las escaleras se entra a secretaría, donde en una pequeña sala hay un ordenador que es bastante importante en esta historia, aunque de momento no hablaremos de él. Ya en la sala de reuniones, que dispone de una imponente mesa, volúmenes, algún legajo y ediciones antiguas y por supuesto representaciones de Francisco Franco -un busto y un cuadro gigantesco,- Jaime Alonso, vicepresidente de la fundación, arremete sin muchos miramientos contra el gobierno: "Es una aberración de tal naturaleza que es inconstitucional de la A a la Z, es inconstitucional y antidemocrática evidentemente sólo pensar en hacer una ley así". La cosa empieza fuerte.

 Después de morir, en un inmenso despacho del palacio de El Pardo se quedaron los papeles personales del Jefe del Estado en enormes cajas.

¿Cómo se creó la FNFF? Alonso responde: "Al morir Franco sus ex ministros, directores generales etc con más o menos visión del futuro deciden crear una fundación que lleve su nombre y que esté encargado de preservar su legado por lo menos en lo que son los documentos, en testimonios orales, porque las obras ahí están, desde los pantanos hasta la ley de expropiación forzosa..."

Los papeles del dictador

Los documentos. Después de morir Franco, mientras enormes colas rodeaban el palacio de Oriente para que los españoles que quisieran le dieran el último adiós al dictador que no conocieron en vida y en el Valle de los Caídos la Guardia Civil obligaba al Abad Lojendio a dejar entrar a los arquitectos para inspeccionar la tumba en la basílica -tal y como relató El Confidencial-, en otro palacio, el de El Pardo, en un despacho inmenso, metidos en enormes cajas, se encontraban los papeles personales del Jefe del Estado: "Lo que quedaba ahí era todo el archivo personal y particular de él, lo que recibía y despachaba habitualmente y que no estaba adscrito a ningún ministerio". Casi nada.

 
 

 

 

Es decir, un año después del fin del régimen y dos antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978. Son las dos puntas de lanza de todo este embrollo: los papeles personales por un lado y preservar el legado del dictador por otro. Entenderán por qué. Con la fundación ya creada, es la viuda de Franco, Carmen Polo, quien decide donar todos los documentos a la entidad privada Fundación Franco, que a partir de ese momento custodia ese archivo. Según Alonso, la única y verdadera razón de la existencia de la FNFF: para el estudio de la historia.

"En 2009 el Centro Documental de la Memoria Histórica recibió una copia en microfilm del fondo y un inventario con la descripción de los documentos"

En los últimos 42 años, ningún gobierno se había planteado ilegalizarla. Ni siquiera cuando el presidente José Luis Rodríguez Zapatero aprobó la ley de Memoria Histórica. Para entonces, aunque la fundación siempre fuera privada y se rigiera por esa regulación, la realidad es que se había firmado un convenio con el Ministerio de Educación y Cultura, concretamente en 2001, por el cual, a cambio de que la administración pusiera los fondos para digitalizar todo el archivo, que costó unos 150.000 euros de entonces, sería accesible al público. En el propio portal de los archivos estatales PARES se explica claramente en que consiste el material documental y de dónde procede:

"En 2001 la Fundación firmó con el Ministerio de Educación y Cultura un convenio de colaboración en virtud del cual los documentos procedentes de la secretaría particular de Francisco Franco fueron inventariados y microfilmados. En 2009 el Centro Documental de la Memoria Histórica recibió una copia en microfilm del fondo y un inventario con una descripción sumaria de los documentos que contiene signatura, fecha, contenido y número de rollo, además de cinco tomos de índices para facilitar su localización. Los documentos contenidos en el inventario están numerados desde el 1 hasta el 27.490. El Centro Documental dispone de copias de los documentos comprendidos entre el 1 y el 27.357. El resto solamente podrán consultarse en el archivo de la Fundación".

A disposición del público

Según ese convenio además, el estado se quedaría una copia de dicho archivo para asegurarse que estuviera a disposición del público e incluso introdujo la obligatoriedad para la fundación de que cualquier persona con carnet de investigador -que puede adquirir cualquier ciudadano- pudiera hacer consultas sobre el archivo en la propia fundación y consultar el material documental microfilmado y digitalizado.

Sí, en el ordenador que está en la pequeña sala por donde se entra al lado de secretaría, un objeto que simbólicamente adquiere una importancia capital en la historia de España. En el portal de PARES del ministerio de Cultura no está el índice de los 27.490 documentos pero en la página web de la FNFF sí. Concretamente en este enlace descargable. Hay que mirar dentro para saber más obviamente. Existe una pequeña porción que no está en la copia pero que se puede consultar allí. Según Jaime Alonso "no se le deniega el acceso a ningún historiador, de hecho queremos que sea así, una de las condiciones que pusimos fue la de obtener nosotros también un archivo digital consultable sin que se deteriorasen los originales".

Hasta 2003 el archivo lo tocaron muy pocas manos. El historiador Luis Suárez fue el encargado de clasificarlo y publicó una edición con lo esencial

Habría que hablar de antes claro. Hasta 2003 el archivo fue más opaco, con unos originales que tocaron pocas manos y que ahora ni se plantean poner a disposición del público ya que existe copia digital. El historiador Luis Suárez, aunque medievalista, era además procurador de las cortes franquistas y fue el encargado por la misma Carmen Polo de clasificar y ordenar todos los documentos y papeles personales del que era en ese momento Jefe del Estado.

Publicó ocho volúmenes con lo más esencial según su criterio, lo que acabó siendo la fuente documental de referencia sobre el archivo durante varios años. Aún así, Jaime Alonso niega por ejemplo la versión del hispanista Paul Preston, quien en los años 80 pidió acceder al archivo sin resultado tal y como ha expresado en varias ocasiones. Ahora, en cualquier caso, además de la copia de Cultura, según el convenio se puede acceder a él aunque sea privado

Expropiación forzosa

Desde el punto de vista documental, para el estudio de la historia, la titularidad de los papeles no afecta en esencia por tanto ya a los historiadores, estudiosos o curiosos sobre los papeles del dictador, ya que se puede acceder a ellos. Es el mayor escollo de cara a la expropiación eventual de documentos por parte del estado ya que según la ley de patrimonio de 1985, la Fundación Franco habría cumplido con la tarea de preservar y dar acceso al público a sus documentos.

La única forma para poder expropiar el archivo de la fundación ahora es ilegalizarla ya que sí cumplen con la leyes de preservación de patrimonio

En esta situación, la única forma según los expertos para poder forzar la adquisición de los papeles por parte del estado, consistiría en ilegalizarla. Aquí es donde cobra importancia la segunda parte de la misión de la fundación: preservar el legado del dictador. El anteproyecto de la ley de Memoria Democrática de Carmen Calvo pone el énfasis en este aspecto, tal y como reza su texto al que ha tenido acceso El Confidencial:

"Será causa de extinción de fundaciones la apología del franquismo o la incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las víctimas del Golpe de Estado, al considerarse que son contrarias al interés general". La vicepresidenta ata cabos. En 2006, cuando era ministra de Cultura en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Calvo fue una de las precursoras de trasladar parte del Archivo de Salamanca -que custodia documentos de la Guerra Civil- a la Generalitat de Cataluña.

Democracia y dictadura

Entre otras cuestiones se consideró además por parte del gobierno que se bloquearían los fondos públicos a cualquier institución de este tipo, pero en la Fundación Franco responden que jamás han tenido ni tienen ayudas o subvenciones a excepción del convenio puntual con Cultura. Lo explica Jaime Alonso: “¿Pero qué subvenciones tenemos? si no tenemos ninguna, es privada. ¿Van a hacer una ley única en la que se exponga todos los que donen a fundaciones están exentos de pagar un 42% al fisco menos la Francisco Franco en la que los donantes tendrán que pagar íntegra su parte?…Eso no se sostiene es una discriminación legal".

"Lo que de verdad tememos es que se quieran quedar con el archivo para destruirlo y así poder imponer el pensamiento único"

Cita de memoria, además el Artículo 1º de la Constitución y repite que el mismo hecho de querer expropiarlo es preocupante: "No sólo ahora está a disposición del público, nosotros no escondemos nada, es que lo que tememos es que se quieran quedar con el archivo para destruirlo y así poder imponer el pensamiento único. No hay ninguna democracia que se comporte de forma tan arbitraria y dictatorial". La referencia constante al hecho democrático sorprende un tanto en una fundación que custodia el legado de una dictadura. "La contradicción no es la nuestra ya que fue el propio Franco quién nombró al Jefe del Estado -el rey Juan Carlos I-, que inició el camino hacia la transición democrática. La contradicción es la del gobierno que se comporta como una dictadura, ellos que se llaman demócratas".

La cuestión para el gobierno sigue de alguna forma los mismos derroteros que los célebres papeles del Archivo de Salamanca ¿A quién pertenecen? Digamos que es la pelea por la custodia física de los papeles no porque estos estén a disposición del público. Se niega que la titularidad de los mismos fuera del propio Franco y por tanto después de su muerte de sus herederos, que lo donaron a dicha fundación. El historiador Jesús Palacios ya expresó en 2005 el prólogo de su libro 'Las cartas de Franco' -que provenían casi íntegramente de ese archivo- que perseguir a la fundación por una supuesta actividad política "inexistente" era un error. Gutmaro Gómez Bravo -Universidad Complutense-, que ha consultado los archivos él mismo en la fundación lo considera en cambio fundamental tal y como ha expresado en varios artículos.

Lo que nadie puede negar es cómo transcurrieron los acontecimientos: la transición se hizo desde dentro del régimen y fue apoyada por los partidos que elaboraron la constitución del 78, entre ellos el PSOE y el Partido Comunista. Lo importante era lo relevante. Mientras, ahora la ley de Secretos Oficiales sigue vigente y afecta a los archivos que custodia el estado. Ese es el verdadero escollo para los investigadores. El vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, ha declarado en varias ocasiones que le pondrán remedio.

 


 
 

 

 
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