Entrevista a Luis Felipe Utrera-Molina

09 de enero de 2019 por Redacción FNFF

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Luis Felipe Utrera - Molina, el abogado de los siete nietos de Franco, ha recibido este martes la notificación del Gobierno para que presente las últimas alegaciones "en el plazo improrrogable de 10 días" al procedimiento de exhumación del dictador: "Se van a hacer alegaciones en relación con las gestiones realizadas tanto con el Ayuntamiento de San Lorenzo de el Escorial, como con la Comunidad de Madrid, la autorización de acceso solicitada a la comunidad Benedictina y, por supuesto, en relación al insólito informe de la delegación del Gobierno relativo los supuestos problemas de seguridad que plantearía una eventual inhumación de los restos de Francisco franco en la catedral de La Almudena", explica por teléfono.

 

Sobre ese informe es especialmente beligerante: "Se trata de un informe efectuado por el propio Gobierno, por lo tanto, las condiciones de imparcialidad son, cuanto menos, discutibles. Pero es que además si siguiésemos los razonamientos que hace ese informe nos encontraríamos con que no se podría autorizar ningún partido un domingo en el Bernabéu, ni la marcha del orgullo gay o determinadas actuaciones que se permiten en espacios públicos y con muchísima más afluencia que los visitantes que pudiera tener una eventual tumba de Francisco Franco en la cripta de La Almudena". El letrado, hijo del ministro de Franco José Utrera Molina y cuñado del ex ministro del PP Alberto Ruíz Gallardón, asegura que han consultado con expertos en seguridad el contenido de ese informe y que " han puesto de manifiesto que carece de seriedad y que los eventuales riesgos de seguridad son absolutamente inexistentes".

 

"La familia sólo tiene en propiedad el sepulcro de La Almudena donde están enterrados sus padres y donde desean que repose su abuelo. Es un deseo absolutamente legítimo. No se trata de fastidiar a nadie, se trata de utilizar y de ejercer los derechos legítimos que corresponden a cualquier persona para enterrar a sus muertos donde tengan por conveniente sin pedirle permiso al Gobierno", añade. Además advierte de que si el Gobierno trata de impedir la inhumación en La Almudena por seguridad recurrirán al Supremo "vamos a alegar la improcedencia de esos motivos y por supuesto la improcedencia de aplicar algunas disposiciones que pretende el Gobierno que en modo alguno le habilitan a determinar el lugar de inhumación. El propio Gobierno reconoce el Real Decreto Ley que aprobó en agosto el derecho de la familia a disponer de los restos mortales de Francisco Franco y, por tanto, no puede expropiar el derecho de la familia a enterrar a sus muertos. Faltaría más".

 

Los nietos de Franco se mantienen en cualquier caso su negativa a la exhumación que consideran de "carácter ideológico" y "una humillación póstuma a su abuelo",según su abogado. Utrera- Molina sostiene que lo único que hacen los nietos es defender sus derechos y que el Congreso, que aprobó una resolución favorable a la exhumación, no puede decidir sobre derechos fundamentales: "Imagine usted si el congreso mañana decidiese expropiarle su casa...Para eso hay que seguir unos procedimientos legales. El Parlamento tiene sus competencias entre las cuales no está aprobar una resolución que pueda violar derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. Las resoluciones del Parlamento que atenten contra los derechos humanos carecen de cualquier validez".

 

El procedimiento administrativo diseñado por el Gobierno prevé que una vez trascurrido el último plazo para que los afectados presente sus alegaciones "el Consejo de Ministros, mediante Acuerdo motivado, resolverá sobre si procede la exhumación y el traslado, con indicación, en su caso, del destino que haya de darse a los restos mortales afectados". En cuanto la decisión se produzca los nietos la recurrirán ante el Supremo: "Solicitaremos como medida cautelar la suspensión inmediata de la ejecución del acto administrativo en este caso del acuerdo del Consejo de Ministros".

 

Utrera - Molina reconoce contactos "aunque no frecuentes" con el prior del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, que ha denegado al Gobierno el permiso para entrar en la basílica una actitud que el abogado considera coherente con las que ha venido manteniendo hasta ahora: "Los que quieran ver una suerte de postura política del prior se equivocan. El prior simplemente está velando porque se respeten los derechos de la familia de Francisco Franco cuyo sepulcro pretenden remover en contra de los derechos de los nietos. No olvidemos que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, muy recientemente, ha condenado al Gobierno polaco por hacer una exhumación en contra de los derechos de sus familiares. Estamos ante un problema que aunque para el Gobierno tenga un carácter político para los nietos de Francisco Franco es de mero respeto a los derechos humanos. El Gobierno ya no tiene posibilidad de sancionar a Francisco Franco, aunque le gustaría, porque hace 43 años que murió. Lo que pretende es sancionar y, de alguna manera, humillar a sus familiares y sus familiares lo único que están pidiendo es que se respeten sus derechos humanos como cualquier otro ciudadano".

 

El abogado critica la actitud "prepotente" que considera ha mantenido el Gobierno en este asunto "anunciando que iba a exhumar sí o sí los restos mortales de Francisco Franco independientemente de la voluntad de la familia y pese a lo cual pretendían que se sentasen en una reunión para de alguna manera legitimar una pretensión con la que la familia no está de acuerdo. Los nietos lo que quieren es que dejen en paz los restos de su abuelo que llevan 43 años en un sitio que, por cierto, decidió el jefe del Estado de entonces el Rey Juan Carlos y que ellos aceptaron por las circunstancias en ese momento", concluye.

 

"No existe ninguna razón que no sea la mera razón política e ideológica de un Gobierno con el objeto de humillar a su abuelo para justificar esa exhumación. Pero claro, los nietos guardan un recuerdo entrañable de su abuelo y no quieren que se utilicen políticamente sus restos mortales. Esto es algo que todo el mundo debería entender porque para la familia no es un tema político, es un tema de derechos humanos. La familia no está haciendo política, el Gobierno sí".

 

 

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