Dolor ante una profanación legalizada, por Luis Felipe Utrera-Molina

04 de noviembre de 2019 por Redacción FNFF

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Luis Felipe Utrera-Molina Gómez

Abogado

La Razón

 

He querido serenar mi ánimo para expresar el sentimiento de dolor que me produjo ser testigo de la profanación legalizada de la sepultura de Francisco Franco. Y utilizo el término profanación porque nadie que presenciara lo que aconteció puede calificarlo de otro modo, por mucho que estuviera amparada por una disposición legal y bendecida por los Tribunales Supremo y Constitucional.

Sigo estremecido por el infernal ruido de las radiales, los secos golpes de las mazas y el ruido de cadenas, que el eco de aquél gigantesco templo convertía en estruendoso sacrilegio. Retengo en mis retinas las lágrimas de algunos de sus nietos, lágrimas de dolor y de impotencia que hice mías y la tristeza infinita en la mirada perdida de un dignísimo Prior al que le acaban de negar la compañía de sus monjes en tan infame jornada. Mientras escuchaba los compases de tan macabra melodía, dirigí la mirada al magnífico Crucificado de Beobide recordando las palabras del Prior: para alcanzar la resurrección hay que pasar antes por la Cruz. Sentí pena y dolor.

 
 
 

Dolor como católico, por una jerarquía eclesiástica que ha dado un triste ejemplo de sumisión al poder e ingratitud hacia quien tantos servicios le prestó en vida. De falta de caridad, abandonando a una familia cristiana que luchaba unida e inerme contra lo que consideraba una infame profanación, solo amparada por una Comunidad Benedictina que ha defendido, en solitario y con enorme dignidad, la inviolabilidad de los lugares de culto, verdadero pilar de la libertad religiosa, que ha quedado hecha jirones, al arbitrio del poder establecido. Resulta difícil entender cómo la Iglesia-institución ha consentido la violación por el Estado, entre otros, del Canon 1210 del Código de Derecho Canónico: «En un lugar sagrado solo puede admitirse aquello que favorece el ejercicio y el fomento del culto, de la piedad y de la religión, y se prohíbe lo que no esté en consonancia con la santidad del lugar» y del Canon 1213: «La autoridad eclesiástica ejerce libremente sus poderes y funciones en los lugares sagrados». Grave es su complicidad con una profanación, pero más aún, si cabe, no defender con claridad el derecho de una familia a enterrar a su abuelo en el lugar cedido por la propia Iglesia a cambio de una generosa donación.

Dolor como jurista, porque resulta difícil asumir que el Tribunal Supremo haya podido, de forma unánime, dictar una resolución netamente positivista que hace saltar por los aires los resortes de la seguridad jurídica; que con indisimulada hostilidad a los recurrentes ha acompasado el ritmo de un meteórico procedimiento a los intereses electoralistas del gobierno y ha ido más allá del contenido de los Acuerdos recurridos, alterándolos para remover el obstáculo principal que podía impedir la exhumación, que no era otro que la necesidad de contar con la preceptiva autorización eclesiástica para acceder al lugar sagrado. Llegó a declarar –en una pirueta jurídicamente sonrojante– que ésta ya no era necesaria por haber decaído las razones de la negativa anterior, es decir, convirtiendo el no rotundo del Prior en un sí sin mayor explicación. Y, finalmente, asumió una insólita posición activa en la ejecución de los acuerdos, rebasando los límites de la jurisdicción.

 
 
 

Dolor como ser humano. La profanación de los sepulcros, la falta del debido respeto a los muertos es hecho infamante que siempre repugnó al espíritu humano. En el Imperio Romano se castigaba con la pena capital la profanación de sepulcros, y también en las Partidas del Rey Alfonso X el Sabio: «Maldad conoscida fazen aquellos que quebrantan los sepulchros, e desotierran los muertos, por fazer deshonrra a sus parientes, (...), que qualquier que lo fiziesse a sabiendas maliciosamente, que ouiessen demanda contra el, los parientes del muerto, también los que fuessen herederos, como los que non lo fuessen...»

Y finalmente, pena y dolor como español. Porque no es lícito mirar al tendido cuando desde el Gobierno se legisla para imponer un relato mendaz de nuestra historia. Decía Albert Camus que la libertad consiste, en primer lugar en no mentir y que allí donde triunfa la mentira se anuncia la tiranía. La inicua legislación de «memoria histórica» tiene un claro propósito liberticida que institucionaliza la mentira, para volver a enfrentar a los españoles ofendiendo a aquella España que no se resignó a morir y en la que fueron salvajemente asesinados más de 10.000 religiosos y seglares por su fe. No menor es la responsabilidad del PP, que no solo mantuvo intacta dicha normativa, sino que colaboró activamente con la profanación legalizada, primero a través de la Comunidad de Madrid, que, saltándose su propia normativa, dio el plácet a una exhumación sin la preceptiva autorización sanitaria pese a tratarse de un cadáver embalsamado y después, desde Génova 13, dando instrucciones al abogado encargado de preparar recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto Ley de Exhumación de no interponerlo el día antes de que venciera el plazo.

Algunos dirán que mi dolor es el propio de un perdedor y no negaré que lo soy. Pero nuestro ha sido el honor de la pelea y de otros la comodidad del silencio. Se nos ha dicho que contestábamos a la democracia cuando nos limitábamos a ejercer los derechos y libertades que la representan. Seguiremos luchando hasta el final, porque estamos convencidos de que nos asiste la razón y el derecho, sabiendo que, como escribió Borges, a veces la derrota tiene una dignidad que la victoria no conoce.

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