Entrevista a Jaime Alonso, por Javier Navascués

30 de septiembre de 2019 por Redacción FNFF

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Javier Navascués

El Correo de Madrid

 

Para él la exhumación sería en definitiva, un atentado al sentido común, a la historia, a la justicia, a la convivencia, a la actual democracia, a la monarquía y a las bases de la transición política obrada a la muerte de Franco.

El Correo de Madrid está siguiendo con mucho interés el doloroso tema de la exhumación y la bochornosa traición que supone a uno de los grandes héroes de España. Entrevistamos a Jaime Alonso, Vicepresidente de la Fundación Nacional Francisco Franco, que nos cuenta la última hora al respecto y la postura de la FNFF, analizando todos los aberrantes atropellos que se están dando.

¿Qué valoración hace la FNFF de la sentencia del Supremo sobre la exhumación de Franco?

Es difícil valorar una sentencia que no se conoce más que el fallo, donde figuran como recurrentes cuatro partes y sólo se ha fallado con respecto a la primera, la de la familia de Francisco Franco. Es, por tanto, un esperpento mediático más que una sentencia, propiciado incomprensiblemente por seis Magistrados de la Sala Tercera, sección 4ª, de cuyo nombre no quiero acordarme, y que se han prestado a la inaudita y arbitraria fórmula de que se conozca el fallo y no los razonamientos jurídicos. Así da tiempo al gobierno a desplegar y coaccionar a las partes implicadas y formar la opinión publica en el sentido de que se está obrando de acuerdo a la legalidad y avalado por el TS, fijando hasta la posible fecha de la exhumación, con la finalidad de establecer de facto, lo que no puede hacerse de iure.

Nos llena de zozobra e indignación saber que el poder judicial se ha plegado de esa manera a los deseos del gobierno, poder político, conculcando, para ello, derechos fundamentales básicos consagrados en la Constitución y otorgando competencia al gobierno sobre un lugar sagrado (inviolable) y al margen de un tratado internacional. Puedo decir con profunda tristeza que, de cumplirse el deseo del actual gobierno y su impostor presidente, habrá quebrado, en España, el estado de derecho y adquirida carta de naturaleza ese “derecho alternativo” de lo que convenga al gobierno de turno, tanto en el sagrado derecho de respetar a los muertos y el lugar de enterramiento donde lo decidan sus familiares, como el de evitar las leyes de “caso único” o las “causas generales”. Tal aberración jurídica no se había conocido en España desde hace ochenta años y tendrá unas consecuencias terribles para todos y en especial para la credibilidad de la independencia del poder judicial y la necesaria respetabilidad de las instituciones.

Al gobierno de Sánchez se le ve muy descarado su afán revanchista.

El partido socialista español se vuelve a colocar como en el pasado, como pervertidor de la democracia y enemigo beligerante de los españoles que no piensen como ellos. En definitiva, un atentado al sentido común, a la historia, a la justicia, a la convivencia, a la actual democracia, a la monarquía y a las bases de la transición política obrada a la muerte de Franco. Más de dos siglos de la revolución francesa para sustituir “la justicia del Príncipe” por la “justicia del interés general del que gobierne”. Hemos avanzado en civilidad como el cangrejo. No tardando mucho el interés general también servirá, como en su día sirvió “la alarma social”, para prohibir la disidencia, encarcelar al franquista por apologeta, suprimir toda legalidad que venga de Franco, anular todas sus sentencias, considerar como víctimas del franquismo a cuantos chekistas se les considere como tales, e indemnizar a sus herederos a costa de todos los españoles. Negocio seguro, Baltasar, con tu ministra de cámara al brazo.

 

¿Qué medidas esperan tomar desde la FNFF?

Cuando se conozca la sentencia, sin adelantar la estrategia procesal a seguir, previsiblemente, todas las partes recurrentes, es decir, la familia de nuestro Caudillo, la Fundación Nacional Francisco Franco, la orden benedictina del Valle de los Caídos y la Asociación para la defensa del Valle, recurrirán el fallo, pues la misma no es firme, ni agota la vía jurisdiccional. Cabe el recurso de amparo al Tribunal Constitucional al ocasionar la actuación del gobierno, ahora amparada por seis magistrados de lo contencioso, al menos cuatro flagrantes vulneraciones de nuestra Constitución, resumidas en:

 A) El presupuesto habilitante para la exhumación no puede ser un Real Decreto, pues no cumple los requisitos de extraordinaria y urgente necesidad, lo que contraviene lo señalado en el Art. 86 de la Constitución.

B) Toda la incoación del procedimiento no viene encaminado a cumplir con la modificación establecida en la LMH en su art 16-3, sino a servir de pretexto para que los restos de Francisco Franco, al no ser un fallecido en la guerra civil, sean exhumados de la basílica como si se tratara de una disposición de carácter general y no una ley de caso único, contraviniendo lo preceptuado en el Art. 14 de la CE.¡

 C) Condiciona el Decreto y las posteriores disposiciones ministeriales el derecho de los nietos de nuestro Caudillo a designar la sepultura de su finado, irrogándose el estado tal facultad, lo que choca frontalmente con lo preceptuado en el Art. 16.1 de la Constitución en referencia a la libertad religiosa y a recibir digna sepultura (art. 2.1 de la Ley Orgánica 7/1980 de 5 de Julio).

 D) Vulnera el Decreto de exhumación el derecho que tienen los familiares a disponer de los restos mortales de sus difuntos para su enterramiento, incardinado dentro del respeto al honor, intimidad personal y familiar y a la propia imagen que contempla el Art. 18.1 de nuestra Constitución.

 E) En caso de no ser acogidos nuestros derechos, en amparo, por el Tribunal Constitucional, se verían obligados a recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por vulnerar lo preceptuado en el Art. 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos, al privar a la familia de Francisco Franco de la posibilidad de enterrar a su abuelo en el lugar que estimen oportuno, facultad que según una sentencia de dicho tribunal de Septiembre de 2018 corresponde a los familiares del difunto, no al estado, por afectar al derecho al honor, intimidad y propia imagen de los familiares del difunto, cuyos derechos van más allá de su vida.

F) Vulnera el Decreto y lo haría también la Sentencia del T.S. si no respeta que el Valle de los Caídos, como lugar de culto y basílica pontificia se rige por las normas aplicables con carácter general a los lugares de culto, por lo que tienen garantizada su inviolabilidad. Su estatus especial lo hace ajeno a toda ley ordinaria, Decreto Ley o sentencia judicial que se oponga al Concordato con la Santa Sede del año 1979, y no tenga la preceptiva autorización de la autoridad competente, en este caso el Prior de los Benedictinos administrador religioso y depositario de todos los inhumados del Valle de los Caídos.

¿Por qué es importante dar la batalla hasta el final?

Es esencial, por afectar a tres planos diferentes de nuestra existencia sin los cuales no sería entendible nuestra milenaria civilización. En el plano teológico nuestra civilización se asienta en el respeto a los muertos, cuya vida eterna espera su juicio final. Ese principio esencial más allá de la vida, por el atributo divino de poseer un alma inmortal, dado a imagen y semejanza de Dios, afecta por igual a todos los seres humanos, cualquiera que haya sido su vida, posición social o atributos. La muerte nos iguala, dignifica y espera la redención de nuestra vida terrenal.

En el plano filosófico la civilización se la considera como tal y se diferencia de la barbarie, en que las disputas terrenas, las diferencias ideológicas y hasta las guerras fratricidas, acaban con la muerte de las personas. Trasladar las culpas o responsabilidades más allá y aprovechando la imposibilidad material de defensa del difunto o deudos, es de una vileza insuperable. La paz romana basada en el derecho y la rex publica basada en leyes orientadoras del bien común han orientado, evolucionado y perfeccionado la convivencia en las sociedades y posteriormente en los estados. Cuanto más nos apartemos de ese respeto al derecho ajeno, a la ley, como garantía de la paz, más entraremos en el abismo cainita y la barbarie. Y la suprema expresión de esa perturbación moral e intelectual es la de profanar la tumba de quien salvo a España de la barbarie comunista, por muy legal que quiera presentarse.

En el plano sociológico o político la perversidad es suprema, pues obedece a un calculado plan de manipulación de masas para devolvernos a la II República, destruir nuestra nación, arruinar a nuestro pueblo y alejarnos definitivamente de nuestro destino histórico. Si el que domina la historia, su relato, domina el futuro como sostenía acertadamente Orwell, lleva cuarenta años la izquierda y los separatistas dominando y manipulando, con la complicidad de una derecha desnortada, nuestra reciente historia hasta el punto de convertirla en Ley.

Con ella dominará el futuro político e impedirá la alternancia en el poder, una vez que observe como el pueblo ha sido adoctrinado y no impide que se ofenda su historia, la de su mayor héroe del siglo XX y tal vez uno de los más grandes estadistas de su historia. Cuando se compruebe que las instituciones que más le deben como la Iglesia y la Monarquía, no mueven un dedo para impedir semejante felonía. Cuando constaten que el glorioso ejercito español, el de las grandes hazañas cuando se siente bien mandado y la causa lo requiere, apenas existe para salvaguardar el honor y la memoria heroica de quien le acaudilló para derrotar al comunismo y devolvernos a la senda del progreso. Cuando, en definitiva, nada parece quedar en pie digno de ser salvado, no debemos extrañarnos de que la molicie, el desgarro de nuestro suelo y la peor de las tiranías se impongan. Todo lo que vale la pena conservar caerá como un castillo de naipes y nuestra será la responsabilidad por no advertirlo a tiempo y no defender la esencia de nuestra existencia.

Por eso libraremos, que a nadie le quepa la más mínima duda, la lucha hasta el final, en la esperanza de la victoria o, al menos, del honor del combate por la causa más justa que pueda darse en estos momentos: la de no consentir que se escupa sobre la tumba de nuestros padres, de nuestros muertos.

 

Por último, ¿qué opinan de la convocatoria de este domingo en el Valle?

Respaldamos toda iniciativa que vaya encaminada al reconocimiento del Valle como lo que es, lugar de culto, donde se visita y hora por los caídos allí existentes, pero solo nos hacemos responsables de las que convoque la FNFF, pues nos preocupa mucho el no hacer el juego al gobierno con elementos incontrolados que vayan allí a organizar conflictos y enfrentamientos, ajenos al lugar y a lo que simboliza.

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