24-octubre: el fin del mito de la transición, por Ángel David Martín Rubio

10 de diciembre de 2019 por Redacción FNFF

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 Ángel David Martín Rubio

Los ocupantes del poder han tomado la decisión de trasladar los restos mortales de Francisco Franco sin contar para ello con la preceptiva autorización de la autoridad eclesiástica ni con la aquiescencia de sus descendientes. Es evidente a todas luces que la acción tiene unas consecuencias que desbordan con creces el agravio que se pretende y que solo resulta posible en lo que se calificó –en relación con otro momento histórico– la hora de los enanos:

 

«Ahora es la hora de los enanos. ¡Cómo se vengan del silencio a que los redujo! ¡Cómo se agitan, cómo babean, cómo se revuelcan impúdicamente en su venenoso regocijo! ¡Hay que tirarlo todo! Que no quede ni rastro de lo que él hizo! Y los más ridículos de todos los enanos –los pedantes– sonríen irónicamente» (José Antonio PRIMO DE RIVERA, La hora de los enanos, in: ABC, 16-marzo-1931).

 

Magro resulta el balance de la oclocracia que padecemos cuando se dice que estamos ante la mayor victoria de la democracia, el régimen implantado para reemplazar al de las Leyes Fundamentales mediante un proceso que el entonces Director General de Política Interior, Enrique Sánchez de León, avalaba ante las cámaras de TVE con el irrefutable argumento de que «Franco hubiera votado sí» (ABC, Madrid, 9-diciembre-1976, pág. 95).

 

No podemos dejar de referirnos a la obsesión enfermiza que la ultraizquierda gubernamental y sus satélites tienen hacia la figura histórica de Franco. Alguien que, contra la ley universal que difumina el pasado bajo el peso inexorable de la cronología, está muy lejos de ser un Caudillo olvidado. Es más, la suya es una presencia constantemente invocada en la España actual, aunque no por ello quienes recordamos lo ocurrido en el entorno de aquel otoño de 1975 podíamos llegar a imaginar que en una especie de regresión biográfica íbamos a volver a ver el entierro de Francisco Franco.

 

Redactores de libros, periodistas panfletarios, presentadores de televisión o guionistas de cine, siguen utilizando sistemáticamente el pasado para mentir, insultar y hacer públicas todo tipo de amenazas, contribuyendo a resucitar la división entre españoles y las viejas raíces de frustración e injusticia que desembocaron en la crisis de 1936. Asistimos también a fuertes presiones para dar por consolidado el proceso mediante su judicialización: leyes, denuncias, amenazas de multas, intervenciones policiales,… inciden en la criminalización de la España de Franco, aplicando una especie de reductio ad Hitlerum, la falacia que lleva a suponer que no es necesario mayor debate una vez lanzada la acusación.

 

Un símbolo gráfico de lo que decimos fueron las circunstancias en que tuvo lugar la retirada de la estatua ecuestre del Generalísimo ubicada hasta marzo de 2005 en los Nuevos Ministerios. A escasos metros, sobreviven las dedicadas a los golpistas Prieto y Largo Caballero, responsables de buena parte de las prácticas violentas del PSOE antes y durante la Guerra Civil.

 

De la historia a la memoria

 

Las iniciativas previstas en la llamada ley de memoria histórica, los relatos e historietas construidos al amparo de este discurso y la incipiente actividad represiva configuran como ideología a una especie de antifranquismo que podemos calificar de virtual, es decir «que tiene existencia aparente y no real» (Diccionario de la RAE). Una auténtica realidad virtual similar a la «representación de escenas o imágenes de objetos producida por un sistema informático, que da la sensación de su existencia real» (ibíd.).

 

¿Cómo se ha llegado a esta situación?

 

En los momentos posteriores a la muerte de Franco, la tendencia que se impuso mayoritariamente en la izquierda optó por esconder provisionalmente el fantasma del guerracivilismo y marginar a sus más conspicuos representantes. Incluso un desconocido y juvenil González ocupaba el lugar que parecía reservado para Santiago Carrillo, implicado en tantos episodios oscuros pero ciertamente, un caracterizado representante de la oposición. En ese contexto era mejor no aclarar las cosas, dejando que los bulos de la propaganda y el desconocimiento del pasado siguieran haciendo su labor… Y favoreciendo la difusión de los mitos izquierdistas como venía ocurriendo en los últimos años a consecuencia de la equívoca política de reconciliación que se venía practicando. Basta señalar, como ejemplo, que pudieran editarse en España los más famosos libros publicados en el extranjero por Manuel Tuñón de Lara, quien encontró la absoluta falta de defensas ideológicas del Régimen y el apoyo de profesores conservadores ansiosos de que les fuera otorgado aval de progresismo.

 

Al mismo tiempo, los representantes políticos, militares y judiciales del sistema en demolición, se apresuraban a garantizar su acomodo en la operación de transición diseñada, sin el menor interés por defender a las figuras históricas del pasado y, menos aún, atender a su justificación moral e histórica. No tanto por el temor de enfrentarse a presuntas responsabilidades jurídicas sino por la conveniencia de que la izquierda les concediera legitimidad y, renunciando a las añejas reivindicaciones republicanas y socializantes, se sumara al consenso.

 

Una vez que el rotundo fracaso de los gestores centristas dejó el poder en manos de la izquierda, las víctimas de la guerra empezaron a ser agitadas unilateralmente por los mismos gobiernos, autonomías y ayuntamientos que procedían a desmantelar el legado monumental e histórico vinculado a la España de Franco. Además, en las décadas de los ochenta y los noventa fraguó un revisionismo que encuadraba sus nuevas aportaciones documentales en un esquema interpretativo sostenido sobre los tópicos de la propaganda del Frente Popular. Así, la Segunda República, la zona roja y la llamada oposición antifranquista adquirían caracteres paradisíacos, sin mezcla de mal alguno, y sus protagonistas eran presentados como seres a los que caracterizaban todas las virtudes humanas y democráticas.

 

La primera transición había desembocado en la restauración de las formas políticas liberales en paralelo a un proceso de desmembración de la unidad de España, de precariedad social y de imposición de una cultura dominante de naturaleza esencialmente anticristiana. Entre 1996 y 2004 el Partido Socialista (y el resto de las fuerzas políticas de ultraizquierda) asumen como parte principal de su programa político la llamada recuperación de la memoria histórica y, cuando en 2004 el terrorismo logró invertir la política interna y externa de España, se inició una segunda transición que tiene como objetivo consumar la ruptura que no fue posible en 1976.

 

Si la primera transición se construyó sobre una utilización partidista de la historia, la segunda transición se está edificando sobre los materiales aportados por la ideología de la memoria, una peculiar forma de asumir el pasado de la España contemporánea, ajena al método histórico, y vinculada a un amplio cambio de mentalidades impuesto desde el poder. En realidad lo novedoso radica en la manipulación de la historia al servicio de un proyecto de dominación política (eso ya se venía haciendo) sino en la renuncia a un método de matriz historiográfica para adoptar la ideología de la memoria como cauce preferente para alcanzar el objetivo propuesto.

 

Memoria histórica y segunda transición

 

El instrumento jurídico de tal impostura iba a ser la Ley 52/2007 «por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura» (BOE, 27-diciembre-2007), más conocida como ley de la memoria histórica por la ideología que la inspira. Dicha medida asume la voluntad de dar refrendo jurídico a una interpretación del pasado y sienta las bases para que en su día se apliquen medidas punitivas contra los disidentes. Ya del mismo texto se desprende que no estamos ante una disposición aislada porque se tiene en cuenta lo manifestado por la Proposición no de Ley aprobada por unanimidad en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados el 20 de noviembre de 2002 «así como la condena del franquismo contenida en el Informe de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa firmado en París el 17 de marzo de 2006 en el que se denunciaron las graves violaciones de Derechos Humanos cometidas en España entre los años 1939 y 1975».

 

«Juan Jacobo Rousseau suponía que el conjunto de los que vivimos en un pueblo tiene un alma superior, de jerarquía diferente a cada una de nuestras almas, y que ese yo superior está dotado de una voluntad infalible, capaz de definir en cada instante lo justo y lo injusto, el bien y el mal» (José Antonio PRIMO DE RIVERA, Discurso de la fundación de Falange Española, 29-octubre-1933). Ahora, se actúa con la conciencia de que también resulta necesario construir una memoria colectiva con incidencia real sobre sobre la voluntad del conjunto de los españoles, que se pretende condicionar sobre todo con vistas a su expresión por medio del sufragio. Y esto ocurre en un contexto en el que la izquierda ha demostrado cumplidamente que tiene un proyecto de revolución cultural (del que forma parte la memoria histórica) y un instrumento político que utiliza para imponer ese proyecto. Así se entiende que opte por agitar de nuevo el enfrentamiento en una situación especialmente crítica por la incertidumbre económica, el crecimiento exponencial de las cifras de desempleo y el golpe de estado incoado en la región catalana

 

Las carencias intelectuales y la frivolidad de los escenarios políticos diseñados por el Partido Popular de Aznar y Rajoy han favorecido la hegemonía de este revisionismo neorrepublicano al que se suman los separatistas de todo jaez. Tampoco el deletéreo centrismo de Rivera se ha desmarcado del consenso y ha habido que esperar a la llegada de Vox a las instituciones para escuchar por primera vez un discurso disidente pronunciado en dicho ámbito. Sus dirigentes han hecho pública una exposición crítica de las responsabilidades de la izquierda, y del PSOE en particular, en los sucesos críticos del siglo XX sin olvidar los más recientes como el terrorismo de Estado. No por ello se identifican con el legado histórico de la España de Franco y remiten el balance sobre la época a los historiadores y al juicio particular de sus votantes y militantes. Vox ha manifestado con rotundidad su disconformidad con la exhumación de Franco y propone la derogación de la ley de memoria histórica. Estimamos que, con el paso del tiempo, el partido de Abascal tendrá que concretar unas posiciones en este terreno que no deberían limitarse el abstencionismo típicamente liberal sino que obligan a gestionar la presencia de la historia en la vida social de una nación con la trayectoria de la española.

Historiografía y usos públicos de la historia

 

En una reciente revisión del panorama historiográfico acerca de la Guerra Civil española, el historiador y ensayista Arnaud Imatz acaba concluyendo que gracias al trabajo de una minoría de historiadores independientes, la visión maniquea y falsamente progresista de la Segunda República y la Guerra Civil impuesta por la izquierda ha recibido un golpe mortal. Ahora la historiografía del período es más compleja y ciertamente más equilibrada. La visión parcial, sin duda, sigue siendo predominante en los centros de enseñanza estatal y en la propaganda pero en muchos medios de comunicación y en sectores cada vez mayores de la opinión pública, la percepción de la historia española del siglo XX es muy diferente de los mitos sostenidos por la izquierda (Cfr. La contaminación ideológica de la Historia: el ejemplo emblemático de la guerra de España, in: Razón española, 191 (2015) 329-335). Algo parecido ocurre con las cada vez más frecuentes movilizaciones de familiares de las víctimas causadas por la izquierda que, reaccionando frente a la amnesia que se les prescribió durante años, empiezan a interesarse por conocer en qué lugares se dio sepultura a sus cadáveres, qué circunstancias les condujeron a ese final y quiénes fueron los responsables de aquellos crímenes, ahora exaltados a la categoría de héroes.

 

Sin embargo, el importante trabajo a nivel individual de numerosos historiadores que han dinamitado los soportes intelectuales de la propaganda difundida desde la historiografía estatal y los medios de comunicación afines carece, hasta ahora, de la necesaria proyección en lo que a los usos públicos y académicos de la historia se refiere. Es decir, que resulta de alcance limitado, aunque sea sobradamente contundente, la demostración de lo inane que resulta el argumentario propio de la ideología de la memoria histórica.

 

La ofensiva tiene naturaleza política y recurre a métodos gubernativos, judiciales y administrativos y es en ese terreno donde una comunidad como la española tiene que responder a un ataque que no es de naturaleza autónoma sino que guarda estrecha relación con los que viene recibiendo en otros terrenos como en el de su propia unidad política y cohesión social. Y esta ofensiva solamente será reversible cuando aquellos que la sufren comiencen a respaldar a las opciones políticas que estén dispuestas a neutralizarla y abandonen a quienes (como el Partido Popular o Ciudadanos) se limitan a figurar en su retaguardia, asumiendo las iniciativas de la izquierda y consolidando su proyecto social.

 

Por último, algunas de las voces críticas que se han levantado contra la proyectada reforma de la Ley 52/2007 se limitan a pedir libertad y que sean los historiadores quienes puedan llevar a cabo su trabajo. Estimamos que, siendo importante, eso no es suficiente. En primer lugar porque la izquierda aplica sistemáticamente la censura y la descalificación unilateral, al margen de cualquier legislación, desde los ámbitos de poder que controla, provocando el silenciamiento de toda voz discordante que carece de ámbitos de libertad para expresar sus ideas ya que depende de una calificación académica o del acceso a un puesto de trabajo. Pero, sobre todo, porque la reivindicación de la libertad deja intacto el problema de los usos públicos de la historia, es más el ambiente que hemos descrito impide que en España se consoliden reacciones como la que encabezó en Francia Pierre Nora frente a la sucesión de leyes dirigistas que en la nación vecina convierten a las autoridades políticas en definidoras de la verdad histórica e imponen coactivamente una memoria oficial al servicio de la multiculturalidad.

 

Reivindicamos, pues, algo más que la mera libertad teórica y pedimos que el pasado de los españoles y su conocimiento histórico, formen parte del entramado de virtudes y valores aceptados y cordialmente vividos que nos unen como comunidad política (lo que autores como Wilhelmsen y Kendall han llamado ortodoxia pública).

 

Sobre estos principios deben fundamentarse los llamados usos públicos de la Historia, y nunca desde la ignorancia o la falsificación de este pasado, promovida por los voceros de una llamada recuperación de la memoria histórica que encubre el afán de hegemonía del proyecto revolucionario.

 

 

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