Comunicado: El acuerdo de exhumación que se pretende firmar este Viernes será ilegal

14 de febrero de 2019 por Redacción FNFF

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Tras la presentación del escrito de alegaciones definitivas por parte de la FNFF, la instructora del expediente ha dejado de comunicarse con las partes interesadas. Y ello a pesar de que han dado a conocer a sus medios afines que, para que puedan presentarse a las elecciones con algo que mostrar y vender, este próximo viernes el consejo de ministros dictará el acuerdo de exhumación.

Dicho acuerdo será ilegal no solo por el contenido (al vulnerar el régimen jurídico aplicable al Valle de los Caídos) sino por infringir el propio procedimiento y el compromiso que el gobierno de Pedro Sánchez acordó: que la resolución final de exhumación indicaría dónde se reinhumarían los restos cadavéricos: donde indicara la familia, salvo si hubiera discordancias en la misma, lo que no es el caso, toda vez los nietos del Generalísimo han manifestado que, si el gobierno se obstinara en la exhumación, su deseo es que sea enterrado donde la familia tiene unas sepulturas de su propiedad, en la cripta de la catedral de Madrid, de Nuestra Señora de la Almudena, la patrona De la Villa a la que tanta devoción ha tenido la familia Franco.

Mientras todo esto se pertrecha, la instructora del expediente de exhumación deniega a la FNFF el acceso a un informe de la Abogacía del Estado incorporado al expediente, del que se ha hecho mención por parte de medios periodísticos afines al gobierno, pese a que nos hemos trasladado a la sede del Ministerio de Justicia, en la calle San Bernardo, para verlo y fotocopiarlo. Las obstrucciones y falta de transparencia llegan hasta el extremo de no dar traslado a las partes interesadas, personadas en dicho expediente, de la propuesta de resolución que la instructora ha debido redactar para que la Ministra de Justicia, eleve al consejo de ministros la decisión anunciada para el próximo viernes: el acuerdo de la exhumación del cadáver embalsamado del Generalísimo.

La FNFF fiel a la memoria del Generalísimo y, de conformidad con sus Estatutos, utilizará todos los medios legales que proporciona el ordenamiento jurídico para evitar que se lleve a cabo tal atentado al estado de derecho y a la verdad histórica.

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