La descolonización del Sáhara (III), por Fernando Suárez

02 de junio de 2022 por Redacción FNFF

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Fernando Suárez

Razón Española Nº 230

 

LA ONU DE DESENTIENDE Y MADRID NO QUIERE GUERRA


Al día siguiente de ese anuncio —el 17 de octubre—se celebró en el Palacio del Pardo el Consejo de Ministros sobre el que se ha fantaseado tanto, porque fue el último que presidió el Generalísimo. No nos recibió de pie junto a su asiento en la cabecera de la mesa, como era habitual, sino sentado ya. Luego supimos que, des-de una sala contigua, vigilaban los médicos su estado de salud, inquietante desde el resfriado que le afectó el 12 de octubre cuando asistió a un acto académico en el Instituto de Cultura Hispánica. El presidente Arias dispuso que interviniéramos únicamente los vicepresidentes y el ministro de Asuntos Exteriores y que lo hiciéramos con toda la brevedad posible.

Pedro Cortina le informó del anuncio de Hassan II y de que el Gobierno había solicitado la inmediata convocatoria del Consejo de Seguridad de la ONU. No es verdad, como se ha atrevido a escribir algún «investigador» que, mientras informaba Cortina, el Jefe del Estado sintió un dolor muy fuerte en el pecho y tuvo que retirarse porque saltaron las alarmas en los monitores; tampoco es verdad que los médicos entraran en la sala del Consejo para llevarse a Franco «ante el natural asombro de los Ministros que no sabían quienes podían ser esos señores que interrumpían violentamente las deliberaciones del Gobierno» (26) y es también absolutamente falso que Franco se desplomara cuando intentaba salir del Consejo de Ministros, como relata frívolamente Antonio Oyarzábal (27) y reproduce Peñaranda (28). No es verdad tampoco, de ninguna manera, que hubiera una discusión a cara de perro entre los que pretendían impedir a tiros la invasión y los partidarios de entregar el Sahara a Marruecos y que se decidiera esto último y es una fabulación —como tantísimas otras del libro de Eduardo Navarro (29)— que Franco dijera que había que marcharse de allí al trote y, si era necesario, al galope. Por fin, aunque Rosa Montero contó ese Consejo como si hubiera estado allí, es falso que Franco entrara y nos saludara uno a uno o que yo hiciera «un informe sobre una extraña sentencia que impone el ingreso de un grupo de ancianos en la clínica de la Seguridad Social de Barcelona». Esa no sería una sentencia extraña, sino disparatada, como disparatado es asegurar que, con ese motivo, pronunció Franco sus primeras y últimas palabras en todo el Consejo (30).

La verdad es que el Consejo concluyó con Franco sentado en su sitio, que le saludamos como al llegar y que solo después del Consejo supimos que se había producido la alarma que relató Vicente Pozuelo (31), pero que no llegó a provocar la fabulada entrada de los médicos. La inevitable descoordinación entre quienes nos sentábamos en el Consejo de Ministros y los médicos que observaban el electrocardiograma de Franco desde una habitación vecina me ha impedido siempre satisfacer mi curiosidad sobre el momento en que se produjo aquella alarma. Lo normal ha sido pensar que le alteró el problema del Sahara, pero yo tuve la impresión de que se emocionó mucho cuando yo informé de que, para recibir al Príncipe en los pueblos de La Mancha que habíamos visitado para que conociera la actuación de la Promoción Profesional Obrera (32), a los campesinos no se les ocurría otro grito que el de «¡Franco, Franco, Franco!».

Lo acordado en el Consejo era lo que constataba la comunicación que se hizo pública: El Gobierno español toma nota de la declaración del rey Hassan II en la que anuncia un movimiento de masas marroquíes sobre el territorio del Sahara Occidental, el cual, a pesar de su pretendida apariencia pacífica, entrañaría en su ejecución una grave amenaza para la seguridad y la paz internacional. El Gobierno español declina toda responsabilidad que pueda derivarse de tal acción, pues sería únicamente imputable a los autores de la misma. A fin de evitar una evolución peligrosa de la situación, ha pedido la urgente convocatoria del Consejo de Seguridad para someter el caso a su consideración con objeto de que pueda tomar las medidas pertinentes para mantener la paz. El Gobierno español reitera su propósito de proseguir la descolonización del Sahara Occidental bajo los auspicios de las Naciones Unidas, cuyas resoluciones que sancionan la autodeterminación han sido avaladas por el dictamen del Tribunal Internacional de Justicia. Con igual propósito mantiene contactos con los países limítrofes interesados para que con su colaboración pueda llevarse ordenadamente a término ese proceso en aras al mantenimiento de la paz en el territorio y en todo el Mogreb.

El mismo día de esa declaración, el representante español permanente ante las Naciones Unidas, Jaime de Piniés, dirigió una carta al presidente del Consejo de Seguridad advirtiendo que la marcha marroquí ponía en peligro la paz y la seguridad internacionales y rogando que se convocara urgentemente el Consejo.

A las nueve de la mañana del lunes 20 de octubre, los vicepresidentes y algunos ministros nos reunimos con Arias Navarro en la Presidencia del Gobierno. En aquel momento, Arias subrayaba el contraste entre las zalemas del Rey Hassan y su recurso a la marcha pacífica que iba a llegar a la frontera de Tarfaya. Después del informe de la Junta de Defensa y, partiendo de que a lo más que llegaría la ONU sería a un llamamiento a Hassan, pero no al envío de cascos azules, Arias creía que se les podía dejar entrar algunos kilómetros, pero que, si seguían avanzando, había que ir a la confrontación militar, mientras varios de nosotros insistíamos en evitarla.

Al margen de cualquier acuerdo del Gobierno, Arias encargó o autorizó al ministro Solís que fuera a ver al Rey de Marruecos. La visita se produjo el martes 21 de octubre. Solís viajó a Rabat, recogió al embajador Martín Gamero y siguieron a Marrakech, donde estaba Hassan II. Según el propio Solís, la entrevista fue sumamente dura. El Rey estaba tenso y muy quejoso de la actitud española: no quería de ninguna manera la autodeterminación y el referéndum y, ante la insistencia del ministro español en que había que evitar cualquier enfrentamiento y cualquier derramamiento de sangre, Hassan II declaró que, anunciada la «marcha verde», no podía volverse atrás, pero que se trataría de una entrada simbólica en el territorio, y que inmediatamente llegaría a España un emisario suyo para iniciar negociaciones con España y Mauritania(33). Ese mismo 21 de octubre, el primer ministro marroquí presidió la iniciación de la gran marcha que debería invadir el Sahara el 6 de noviembre.

Resultó singular la reacción del Frente Polisario que el 21 de octubre organizó una conferencia de prensa en París para calificar aquella marcha de «operación grotesca y deplorable», asegurar que la defensa de la integridad y la seguridad del territorio (que con tanta frecuencia violaban los polisarios) era «de la sola competencia de España», y agregar la bravuconada de que, no teniendo España derecho a entregar el país a la ONU, tenía que entregarlo al pueblo saharaui «y a su legítimo representante el Frente Polisario. Si España nos concede la independencia hoy —dijo textualmente Hakim Abdel—, defenderemos a nuestro país». Con todo, y reconociendo que Hassan II no había hecho caso ni al Tribunal de Justicia de La Haya, ni a las resoluciones de Naciones Unidas, ni a la Organización de la Unidad Africana, el Frente hacía un llamamiento al Consejo de Seguridad de la ONU, «para que ponga en juego su responsabilidad en este grave asunto».

El 22 de octubre, el Consejo de Seguridad aprobó la resolución 377, pidiendo al Secretario General que «entablase consultas inmediatas» con las partes involucradas e interesadas y que informase tan pronto como fuera posible al Consejo de Seguridad sobre los resultados de sus consultas, «a fin de que el Consejo pueda adoptar las medidas apropiadas para ocuparse de la actual situación relativa al Sahara occidental». La resolución hacía también un llamamiento a las partes involucradas e interesadas para que dieran muestras de «prudencia y moderación», pero la resolución quedó en el papel y, desoyéndola, Marruecos continuó los preparativos de la «marcha verde», con indudable apoyo logístico norteamericano.

Algún sector del Gobierno tenía la preocupación por el destino de Fosbucraa. Doce o trece años antes, ingenieros españoles habían descubierto uno de los yacimientos de fosfatos más importantes del mundo, a cien kilómetros de El Aaiún, en Bu Craa. Para explotarlo se barajaron, al parecer, diferentes proyectos y se acabó por construir un pantalón y una cinta transportadora de 110 kilómetros que llevaba a los barcos el material extraído. La explotación nunca llegó a alcanzar verdadera importancia, sea porque a los Estados Unidos, que eran el primer productor de fosfatos del mundo, no les convenía un competidor, sea por la dificultad de proteger la cinta transportadora, que a partir de 1970 era fácilmente inutilizada por los ataques del Polisario.

El Ministerio de Industria había estudiado con toda profundidad la situación de Fosbucraa y en una nota «muy reservada» del 24 de octubre de 1975 examinaba todas las posibilidades —la continuidad, la expropiación por Marruecos, la venta parcial o la venta total— y consideraba preferible la última. La continuidad implicaba condiciones muy duras y podía convertir el negocio en ruinoso a muy corto plazo. La expropiación planteaba el problema de fijar las indemnizaciones, que debía comprender la valoración de activos y las indemnizaciones a los aproximadamente 1.650 trabajadores no saharauis que prestaban allí sus servicios, de modo que la cifra que se podía razonablemente defender era la de 113.473 millones de pesetas. La venta parcial, aparte del mismo problema de valoración, implicaba difíciles acuerdos sobre la forma de pago, necesidad de nuevas y cuantiosas inversiones y la incomodidad de la gestión con Marruecos, que probablemente acabaría en ruptura. Lo más aconsejable resultaba así la venta total a dos compradores distintos, por ejemplo, el 49% a Marruecos y el 51% a otro país árabe como Arabia Saudita, con quien podría concertarse el pago en petróleo.

En la nota citada se aludía a dos problemas periféricos que podían perturbar cualquier operación y que eran Las Palmas y el Polisario. El Ministerio de Industria advertía de que la salida española del Sahara y el cese de nuestra hegemonía sobre Bu Craa iba a causar un gran impacto en Las Palmas (psicológico y político más que económico) y que era aconsejable potenciar el Puerto de Las Palmas y montar en Gran Canaria una fábrica de ácido fosfórico que compensara el efecto desfavorable de la retirada del Sahara.

En cuanto al Polisario, la nota reconocía que había tenido la habilidad de captar a la inmensa mayoría de la juventud del Sahara y que ganaba fuerza día a día. De los 1.100 nativos que trabajaban en Fosbucraa, la inmensa mayoría tenía menos de cuarenta años y participaban en el ideal del Polisario de rechazar la invasión marroquí y luchar por la independencia, conscientes de que tenían el apoyo de Argelia. «Esta masa activa de jóvenes tendrá razones para pensar que ha sido "vendida" por España a Marruecos y los españoles que permanezcan en el territorio —concluía el Ministerio de Industria— pueden ser blanco de sus iras, como podrán serlo las instalaciones de Fosbrucraa que ellos conocen bien porque trabajan en ellas... Si no se actúa en forma práctica y rápida, se corre el riesgo de sabotajes y perturbaciones que pueden hacer muy difícil o imposible la marcha normal de la explotación y que incluso antes de llegar a ningún acuerdo deterioren y en consecuencia desvaloricen la mina y sus instalaciones.(34)»

En cumplimiento del acuerdo a que se había llegado con Solís, el 24 de octubre vino a Madrid el ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos Laraki que compromete que la entrada en el territorio del Sahara sería rigurosamente simbólica. El Consejo de Ministros de ese mismo día aprueba y acuerda enviar a las Cortes el proyecto de ley para la descolonización del Sahara, que autorizaba al gobierno a llevar a buen fin el proceso descolonizador.

El domingo 26 de octubre, el Polisario se manifestó en El Aiún y varios miles de saharauis ocuparon sus calles con banderas y pancartas contra Marruecos y a favor de la independencia, con dos curiosidades: entre los manifestantes, estuvo presente el procurador en Cortes Eduardo Tarragona, y el hijo del alcalde de Smara, liberado de su secuestro por el Polisario, anunció su incorporación al Frente.

El martes 28, estuvo en Madrid, de regreso de una visita a Marruecos el secretario general de Naciones Unidas, Waldheim, y declaró su optimismo sobre una solución pacífica. Sus planes se concretaban exactamente así:

1. España haría una declaración unilateral especificando las fechas de comienzo y fin de su retirada del Sahara.

2. La ONU nombraría un alto comisario, para administrar el territorio durante un período de seis meses.

3. España dejaría provisionalmente en el Sahara fuerzas militares que mantendrían el orden bajo el estatuto de las Naciones Unidas.

y 4. Un grupo consultivo auxiliaría a Waldheim, sobre todo para efectuar el referéndum de autodeterminación.

El 30 de octubre, en aplicación del artículo 11 de la Ley orgánica del Estado, el Príncipe asumió la Jefatura de éste y su primer acto fue presidir al día siguiente su primer Consejo de Ministros, en el pequeño comedor del Palacio de la Zarzuela. En sus palabras aludió al sentido del deber que le imponía hacerse cargo de la Jefatura del Estado, hizo votos por la salud del Generalísimo y nos invitó a trabajar «por encima del dolor de estos momentos y con la serenidad que exigen las circunstancias».

En un determinado momento de aquella reunión, se dispuso que se abrieran las puertas correderas que cerraban el salón en la parte opuesta a la presidencia del Príncipe y allí estaba, con un gran mapa del Sahara apoyado en un caballete, el teniente general Jefe del Estado Mayor Central, Carlos Fernández Vallespín, que ilustró a los presentes sobre las posibilidades militares de hacer frente a la «marcha verde», iniciada ya por aquellos días.

España estaba en perfectas condiciones para defender las fronteras de aquel territorio. Había allí dos banderas de paracaidistas, dos tercios saharianos, tropas nómadas, policía territorial, un material propulsado modernísimo, adquirido precisamente en Estados Unidos, las más selectas unidades de las diferentes armas y servicios, con excelente oficialidad y en marcha el envío de refuerzos, pero su misión era sólo defensiva y, siendo la retirada el objetivo último de aquellas tropas, era inútil que combatieran sin posibilidad de victoria. Se podía rechazar la «marcha verde», se podía evitar disparar a aquella muchedumbre (aún no se sabía que la iban a preceder mujeres y niños), atacando a los batallones marroquíes que estaban al otro lado de la frontera y llegando incluso a Rabat, pero sería una desmesura sin objetivo.

Debo decir que en aquella reunión me enteré yo de dónde estaban Smara, Amgala y otras poblaciones de las que nunca había oído hablar. Cualquiera puede imaginar la situación. Preside D. Juan Carlos su primer Consejo de Ministros y, al otro lado de aquella larga mesa, el teniente general Jefe del Alto Estado Mayor nos habla de las posibilidades de una guerra que se podía ganar, pero sin victoria real ninguna y sin un futuro defendible. ¿Debíamos disparar? ¿Íbamos a llegar hasta Rabat? Las circunstancias eran verdaderamente patéticas, rigurosamente dramáticas. La única conclusión segura era la de evitar la guerra a todo trance. En contraste con el entusiasmo de las masas marroquíes, España no esta psicológicamente preparada para una guerra por un territorio que estaba ya decidida a abandonar; la opinión mundial era en aquel momento adversa a España, aunque fuera por razones bien distintas al problema hispano-marroquí; llegar a una confrontación armada con Marruecos no era aconsejable, ni desde el punto de vista político ni desde el punto de vista militar, y era necesario agotar todos los procedimientos de negociación posibles. El acuerdo podía consistir en permitir la entrada en algunos kilómetros del territorio, para dar la impresión de que Marruecos alcanzaba su éxito, y que la «marcha verde» se disolviera inmediatamente a continuación. Efectivamente, y siguiendo criterios estrictamente militares, siete kilómetros al sur de la frontera se instalaron alambradas y grandes carteles anunciando campos de minas. Más atrás se habían preparado unidades artilleras, pero nadie pasó de las primeras grandes alambradas.

El 2 de noviembre, tomó el Príncipe de España —Jefe del Estado en funciones— la decisión de viajar a El Aaiún. No supe entonces si Arias Navarro conocía el viaje; yo puedo decir que en el primer Consejo de Ministros presidido por D. Juan Carlos, cuarenta y ocho horas antes, no se aludió siquiera a esa posibilidad.

Un testigo presencial cuya credibilidad está fuera de duda ha hecho un fiel relato de esa visita: El Príncipe se reunió con la oficialidad española en el Círculo Cultural y Recreativo de los Ejércitos, conversó sencilla y cordialmente con los jefes, oficiales y suboficiales reunidos allí, dedicó atención especial, como suele hacer, a los de su promoción y pronunció unas palabras, sin papeles ni micrófonos, en las que reiteró que España cumpliría sus compromisos y haría todo lo posible para conservar la paz y para que no se pusiera en peligro ninguna vida humana. «Se están ofreciendo —dijo— soluciones desinteresadas y justas y concluyó diciendo que quería ser el primer soldado de España.»(35) No está en lo cierto el autor cuando asegura que aquel 2 de noviembre el Sahara «ya estaba entregado al Rey hermano» y se engaña también quien, con un desmedido afán de halagar a D. Juan Carlos escribe que «todavía siendo Príncipe, y valiéndose de sus relaciones de amistad con Hassan II, evitó que la «marcha verde» degenerase en guerra abierta»(36).

Es precisamente del 2 de noviembre la resolución 379 del Consejo de Seguridad en la que, «habiendo tomado nota con preocupación de que sigue siendo grave la situación en la región... exhorta a todas las partes involucradas e interesadas a evitar cualquier acción unilateral o de otra índole que pueda intensificar más la tirantez en la región» y sigue pidiendo al Secretario General que «prosiga e intensifique» sus consultas con las partes.

Después de esa resolución 379, supimos oficiosamente que el mismo 2 de noviembre el Secretario general estaba resuelto a hacerse cargo de la administración del territorio y preparaba un proyecto con cuatro puntos:

1.- España anunciaría su retirada y propondría que las Naciones Unidas asumieran la responsabilidad de descolonizar el territorio.

2.- El gobierno marroquí suspendería la «marcha verde».

3.- Todas las partes involucradas e interesadas contraerían el compromiso de abstenerse de toda acción que pudiera agravar la situación. 

Y 4.- El Secretario General sugería la creación de una administración temporal de las Naciones Unidas que supervisara y ayudara la retirada de España. Arias Navarro mostró su conformidad, pero Hassan II negó la suya y Waldheim se resignó una vez más.

Cuatro días después, el 6 de noviembre, la fecha anunciada para la entrada en el Sahara de la «marcha verde», el Consejo de Seguridad se reunió en sesión secreta que concluyó pasadas las tres de la madrugada y autorizó al presidente para enviar un telegrama al Rey Hassan, solicitando que pusiera fin a la marcha. El Rey no hizo ningún caso y a las nueve de la noche se reunió de nuevo el Consejo de Seguridad que aprueba su terminante resolución 380:

«El Consejo de Seguridad, tomando nota con grave preocupación de que la situación relativa al Sahara Occidental se ha deteriorado seriamente,

Tomando nota con pesar de que, pese a sus resoluciones 377 (1975) de 22 de octubre y 379 (1975) de 2 de noviembre, así como del llamamiento que el Presidente del Consejo de Seguridad, en virtud de la autorización de éste, hizo al Rey de Marruecos, con una solicitud urgente de poner fin inmediatamente a la marcha declarada al Sahara Occidental, esa marcha ha tenido lugar,

Actuando sobre la base de las mencionadas resoluciones,

1. Deplora la realización de la marcha;

2. Insta a Marruecos a que retire inmediatamente del territorio del Sahara Occidental a todos los participantes en la marcha;

3. Insta a Marruecos y a todas las demás partes involucradas e interesadas a que, sin perjuicio de cualesquier medidas que pueda adoptar la Asamblea General en virtud de las disposiciones de su resolución 3292 (XXIX) de 13 de diciembre de 1974 y de cualesquier negociaciones que las partes involucradas e interesadas puedan entablar, de conformidad con el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, cooperen plenamente con el Secretario general en el cumplimiento del mandato que le ha confiado el Consejo de Seguridad en sus resoluciones 377 (1975) y 379 (1975).»

La «marcha verde» ha sido abundantemente descrita: A finales de octubre, como he dicho, salieron trenes y camiones desde todos los lugares del país acercando a más de 350.000 personas al desierto, a las órdenes del primer ministro Ahmed Osman. El 6 de noviembre cortaron las alambradas que delimitaban el territorio administrado por España y entraron en él, mientras Hassan II seguía la operación desde Agadir, unos 500 kilómetros al norte.

El coronel del Estado Mayor García de Paadin y Ahumada, que mandaba la III Bandera de Paracaidistas, describió sus impresiones unos años después: «Los soldados españoles que ocupaban la zona avanzada de nuestro despliegue, no daban crédito aquel amanecer a la multitud que se les aproximaba. Marruecos había movilizado a la totalidad del país en una gigantesca y exitosa campaña, mezcla de reivindicación territorial y de apoyo a su Monarquía, a la vez que requisaba toda clase de vehículos, preferentemente de transporte. Tras la penetración de un par de kilómetros en nuestra zona, los componentes de tan multitudinaria marcha acamparon en miles de tiendas perfectamente alineadas... Miles de vehículos y tiendas perfectamente estacionados y alineados, con una organización logística impensable en un país como Marruecos y, en definitiva, con un sabor típicamente americano» (37)

El envite de Hassan partía de la base de que no podía terminar más que en casus belli o en cesión del Sahara por parte de España. España, por su parte, estaba dispuesta a defender a los saharauis, a pesar del Frente Polisario, pero no podía disparar contra aquella multitud, en la que abundaban las mujeres y los niños.

De ahí el viaje que el ministro Carro, acompañado del embajador de Marruecos en Madrid, Filali, realizó a Agadir el 7 y 8 de noviembre para entrevistarse con Hassan II. «La entrevista con el Rey Hassan —ha escrito Carro(38)— resulta fácil, quizá porque él mismo se encuentra en un callejón de difícil salida.» El Rey pretende que se le transfiera la soberanía sobre el Sahara y anexionarse el territorio, pero España no podía transmitir lo que no tenía y la ONU no podía haber estado conforme. Al fin se llegó al conocido acuerdo de un cruce de cartas: La de Carro al Rey marroquí pidiendo la terminación de la «marcha verde» para reemprender las negociaciones tripartitas (España, Marruecos, Mauritania) y la de Hassan II para el Príncipe de España en la que precisaba que para arreglar definitivamente el problema del Sahara, España debería entregar a Marruecos y a Mauritania «todas las responsabilidades y la autoridad civil y militar que ejerce en el Sahara occidental». Con ese cruce de cartas, el Rey Hassan se comprometía a dar orden de que se retirara la «marcha verde» en un discurso a la nación al día siguiente, el domingo 9 de noviembre.

Cumpliendo el compromiso, el 11 de noviembre se reanudaron las negociaciones trilaterales y se llegó a la firma, el día 14, de la Declaración de principios que se ha conocido como los Acuerdos de Madrid, pero cuyo punto primero es una decisión unilateral del Gobierno de España que «ratifica su resolución, reiteradamente manifestada ante la ONU, de descolonizar el territorio del Sahara Occidental, poniendo término a las responsabilidades y poderes que tiene sobre dicho territorio como potencia administradora».

Es esa administración —y no la soberanía, que no era de España(39)— la que se decide atribuir a una administración temporal, en la que participarán Marruecos y Mauritania, que propondrían la designación de dos gobernadores adjuntos para que auxiliaran en sus funciones al gobernador general del territorio, en colaboración con la Yemáa.

El documento contiene dos importantes puntualizaciones: «La terminación de la presencia española en el territorio se llevará a efecto definitivamente antes del 28 de febrero de 1976 y será respetada la opinión de la población saharaui, expresada a través de la Yemáa».

El documento entraría en vigor el mismo día en que se publicara en el Boletín Oficial del Estado la Ley de descolonización del Sahara, a cuya aprobación se condicionaban aquellos compromisos y que efectivamente aprobaron las Cortes el 18 de noviembre de 1975, cuando Franco estaba en sus horas finales. Ese mismo día, el representante de España ante la ONU remitió al Secretario General el texto de la Declaración de Principios.

La conducta de Marruecos, la deslealtad y la equivocación del Frente Polisario y la incapacidad de la ONU —cuyo Consejo de Seguridad consideró imposible o in-conveniente por su parte tomar ninguna medida coactiva— no dejaron a España otra alternativa, si no se quería entrar en un conflicto armado en vísperas de la proclamación del Rey Juan Carlos. Como la ONU «se ha mostrado remisa, tardía e insuficiente en sus respuestas y reacciones ante la perentoriedad, o incluso dramatismo, de unas circunstancias provocadas y peligrosísimas para la paz —dijo Carro el 25 de noviembre—, el Gobierno tuvo que tratar de resolver el problema por la vía de la negociación directa con las partes interesadas. La generosidad y el quijotismo tienen una frontera». 

Aunque el asunto sea ya posterior a mi presencia en el gobierno de España, no puedo ignorar que los llama-dos Acuerdos de Madrid han provocado incansables polémicas, desde el momento en que el 10 de diciembre de aquel año, la Asamblea General de la ONU adoptó —con el voto de España, Marruecos y Mauritania— dos resoluciones de dudosa compatibilidad: La resolución 3458 A, en la que se sigue considerando a España como potencia administradora, cuando casi un mes antes había puesto término a sus responsabilidades y poderes, y mantiene sus tesis tan reiteradas como estériles sobre la autodeterminación del Sahara, y la resolución 3458 B, en la que «toma nota del acuerdo tripartito firmado en Madrid el 14 de noviembre de 1975 y reafirma el derecho inalienable de todas las poblaciones saharianas originarias del territorio a la libre determinación», pide a las partes del acuerdo que velen por el respeto de las aspiraciones libremente expresadas de las poblaciones saharianas y a la administración provisional que asegure el referido derecho inalienable «por medio de una consulta libre organizada con el concurso de un representante de las Naciones Unidas designado por el Secretario General».

Uno de los grandes fiscales acusadores del último gobierno de Franco, que era el número dos de la representación permanente de España ante la ONU durante el episodio de la «marcha verde», Fernando Arias Salgado. No obstante reconocer que aquella marcha era un desafío a las Naciones Unidas y una violación flagrante de la legalidad internacional de la descolonización, ha escrito que, al firmar la declaración del 14 de noviembre de 1975, España incumplió sus obligaciones como potencia administradora y su compromiso de proteger los intereses de la población saharaui y desarrollar sus instituciones políticas para conducirla hacia la «plenitud del gobierno propio». A partir de esa premisa, escribe con toda desenvoltura que ese conflicto «pesa dolorosamente sobre la conciencia histórica de España, que se cedió a la presión marroquí, que en aquellas fechas aciagas en la historia de España... se consumó uno de los mayores errores estratégicos de la política exterior española y que las trágicas consecuencias de esta decisión unilateral son de conocimiento general»(40).

Según Arias Salgado, no se pudo celebrar el referéndum de autodeterminación previsto en las resoluciones de la Asamblea General de la ONU por «las circunstancias políticas internas españolas y por el contexto inter-nacional de 'guerra fría' que prevalecía en esa época en los procesos de descolonización dirigidos por las Naciones Unidas». Ambas razones son absolutamente ficticias y pretenden disimular que las Naciones Unidas evidenciaron su incapacidad para respaldar a un país como España que trataba de cumplir escrupulosamente las propias resoluciones de aquellas(41).

Es muy fácil sostener, a una distancia de treinta años, que «España pudo entregar el Sahara Occidental a las Naciones Unidas para su administración temporal hasta que se hubiera manifestado válidamente la voluntad de la población saharaui; que esa era la legalidad internacional de la época y que el Gobierno español no la respetó»(42). Tales afirmaciones resultan absolutamente gratuitas si se reconoce que la ONU conocía desde el 23 de mayo el propósito español de transferir sus poderes de potencia administradora y que lo único que hizo la ONU fue acreditar su impotencia resolutoria. Da la impresión de que el diplomático no se atreve a sostener abiertamente que debió hacerse uso de las armas para no ceder a la presión marroquí, ni a reconocer que la ONU sigue manteniendo una posición ambigua, con proyecto tras proyecto y sin llegar a lograr su proclamado objetivo de autodeterminación del Sahara(43).

Siguiendo la «operación golondrina», preparada ya con todo detalle durante el verano de 1975 y realizada en el plazo de los dos meses que el Estado Mayor había previsto y que figuraba en la Declaración de Madrid, España puso fin a su presencia en el Sahara el 26 de febrero de 1976. Gómez de Salazar mantuvo con firmeza y habilidad la disciplina, consciente de que algunos de sus jefes querían llegar hasta Rabat y hacer inevitable la guerra.

Al Ministerio de Trabajo le correspondió colaborar en la operación para la evacuación del personal civil del Sahara, unas 5.000 personas. El 7 de noviembre habían llegado a Las Palmas, en transporte aéreo o naval, 2.600, encargándose la organización de trabajos portuarios de la descarga de los buques, en los que las mercancías llegaban, al parecer, muy deficientemente estibadas. Se esperaban después unas seiscientas personas más —funcionarios y trabajadores de los servicios públicos— y quedaban los 1.800 trabajadores de Fosfatos de Bucraa, cuyo destino no se había decidido aún. También se suponía que llegarían muchos saharauis. A todos los evacuados se les atendió moral y económicamente en una operación absolutamente normal, en la que colaboró con gran acierto el delegado de Trabajo, Felipe Armán de la Vega.

El mismo 26 de febrero de 1976, la Yemaá acordó por unanimidad la reincorporación del territorito del Sahara a Marruecos y Mauritania «de conformidad con realidades históricas y con vínculos que han unido siempre a la población sahariana con esos dos países», lo que era manifiestamente contrario al aludido Dictamen del Tribunal Internacional de Justicia. Por su parte, el Frente Polisario proclamó, dos o tres días después, la creación de la República Árabe Democrática Saharaui, reconocida por más de setenta Estados y el 14 de abril Marruecos y Mauritania acordaron delimitar las fronteras, dividir el territorio en dos zonas y proceder a su anexión.

Mauritania tuvo que renunciar pronto a esa administración y abandonar la zona de Tiris-El Garbia que le había tocado en el reparto y el 5 de agosto de 1969 reconoció al Polisario y retiró sus reivindicaciones territoriales sobre el Sahara. Marruecos ocupó desde ese año la parte mauritana. Las Naciones Unidas no le reconocen siquiera el carácter de autoridad administradora y mucho menos la soberanía que pretende y que sigue sin serle reconocida por la comunidad internacional, porque sigue perteneciendo a los saharauis. Marruecos es únicamente la «potencia ocupante».

UN ATASCO SIN SOLUCIÓN

La historia posterior no es fácil de resumir: guerra del frente Polisario, apoyado por Argelia, con Marruecos, hasta el alto el fuego del 6 de septiembre de 1991; presencia en el Sahara de miles de marroquíes cuyo Rey pretende incorporar al censo de votantes; envío de tropas de las Naciones Unidas y creación de la MINUR-SO (Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sahara Occidental), cuyo solo nombre acredita el ridículo que ha hecho y a quien muchos reprochan el olvido de la erre del referéndum; Plan Baker I y Plan Baker II... lo único claro es que las Naciones Unidas han sido incapaces de imponer la legalidad internacional, que exige el referéndum de autodeterminación y que es ya prácticamente imposible por invasión de hecho de las etnias del norte, fomentada por Marruecos. Es difícil no recordar que, veinticinco años después de la «marcha verde», el informe del enviado personal de Kofi Annan, James Baker, del 25 de octubre del 2000, reconociera ante la ONU que «no se había avanzado nada en las cuestiones pendientes».

Me queda solo añadir que, según demostró Carrillo Salcedo, entre la declaración de Madrid de 1975 y 1979, no cambió la posición española sobre la cuestión del Sahara Occidental (44). En 1993, el exministro de Asuntos Exteriores Marcelino Oreja admitió que, gracias al talento de jurista y a la perspicacia de político de Pedro Cortina, la entrega indiscriminada del Sahara en el acuerdo de 1975 era solo una apariencia (45) y el 15 de febrero de 2011 en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas reiteró que el tema sigue siendo uno de los más controvertidos de los últimos años y después de casi medio siglo continúa sin resolverse. Los hechos han demostrado que España adoptó en 1975 la única medida razonable que podía adoptar.

He anticipado ya que durante los días 13 a 16 de marzo de 1978, la comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados que presidía Ignacio Camuñas Solís celebró cuatro sesiones informativas sobre el proceso de descolonización del Sahara que son suficientemente reveladoras. Fueron citados Pedro Cortina, Antonio Carro, José Solís y Alfonso Álvarez Miranda que dieron cumplidas explicaciones sobre la patriótica actuación del gobierno del que formaron parte(46). Un funcionario cuyo muy bajo nivel reconoce él mismo, Luis Rodríguez de Viguri, que reiteradamente admite su falta de información, atribuye intenciones y propósitos nunca demostrados y, en el resentimiento de quien no tuvo nunca el protagonismo que le otorgaba su presencia en aquella comisión, atribuye al Gobierno el de-seo de entrega al Sahara a Marruecos y llega a insinuar —sin aportar un solo dato— que alguien allegado a la familia Franco era partidario de ceder el territorio, sin más, a Marruecos, pero cuando el diputado socialista Martínez Martínez le pide que concrete, se tiene que reducir a citar a un abogado del Estado apellidado Juste, cuya vinculación a la familia Franco es puramente imaginaria. «Al cesar en mi cargo —dijo textualmente el declarante— he tomado una actitud de francotirador.»(47) Sus declaraciones de 1978 lo prueban sobradamente.

Las sesiones informativas citadas no concluyeron con el acuerdo de declarar nula la declaración de Madrid, como había solicitado la autoridad académica de Julio González Campos (48), y un editorial de ABC resumió así el resultado de aquellas comparecencias: «Algo ha quedado muy claro después de la investigación: En el complejo asunto de la descolonización del territorio del Sahara no hubo ni conductas turbias ni desaciertos evidentes. España se vio sola y acosada. Agredida por los vecinos del territorio, Marruecos, Argelia y Mauritania, con diversos procedimientos; desamparada en la práctica por las Naciones Unidas; traicionada e insultada por la misma población a la que intentaba dar, con sacrificios innegables, la dignidad de una autodeterminación de su destino. En esos momentos, y al margen de los juicios que a cada uno merezca el régimen político de España en aquellos meses, el país encontró hombres dignos, capaces, honestos y patriotas, que pusieron por encima de cualquier interés, de cualquier ambición y de cualquier criterio, el servicio mejor a la causa española. Es justo y consolador reconocer que no ha quedado manchada —como dijo uno de los informantes— una página limpia de la Historia de España.»(49) Una curiosa prueba de la distinta manera de contemplar la historia que tienen los contemporáneos de los hechos respecto de quienes los analizan años más tarde, está en el editorial del mismo periódico de trece años después, en el que se sostiene que se abandonó a los antiguos súbditos «precipitada e ingratamente»(50).

El hecho cierto es que el diputado socialista Yáñez Barnuevo admitió durante aquellas sesiones informativas que ni el gobierno ni el ejército deseaban la guerra y que, si se le hubiese consultado, tampoco el pueblo español. Nosotros no deseábamos, ni creo que justificaba una guerra, dijo textualmente (51). No puedo dejar de recordar que en su preceptivo antifranquismo el PSOE de los primeros momentos democráticos se identificaba con el Polisario, hasta el punto de que el 14 de noviembre de 1976, primer aniversario de la declaración de Madrid, Felipe González firmaba en Tinduf una declaración conjunta PSOE-Frente Polisario denunciando aquella: «Sabemos —dijo González— que vuestra experiencia es la de haber recibido muchas promesas, nunca cumplidas; yo quiero, por consiguiente, no prometerles algo, sino comprometerme con la historia: Nuestro partido estará con vosotros hasta la victoria final». Un año más tarde, en el congreso del PSOE andaluz de diciembre de 1977, intervino Jacob Said, representante del Polisario, que recibió calurosos aplausos expresivos de la adhesión de los socialistas españoles. Finalmente, me parece muy significativo que —según el testimonio de Tomás Bárbulo— Mariano Rajoy asegurara en 2001, cuando era ministro del Interior, que el asunto del Sahara «no tiene solución»(52).


 

(26) Torcuato Luca de Tena, en YA, 31 de diciembre cie 1976.

(27) Recuerdos políticos, Cuadernos del laberinto, Madrid, 2017, pág. 143.

(28) Operación Lucero, Espasa, Madrid, 2017, págs. 313-314.

(29) La sombra de Suárez, Plaza-Janés, 2014, pág. 75.

(30) El País semanal, 19 de noviembre de 1978.

(31) Los últimos 476 días de Franco, Planeta, Barcelona, 1980, págs.. 219-220.

(32) La PPO fue un invento de Torcuato Fernández-Miranda de 1964, cuando fue nombrado Director General de Promoción Social por Romeo Gorría. Los objetivos del programa eran principalmente la promoción social de los trabajadores y la satisfacción de la demanda de mano de obra cualificada. Se trataba de cubrir las nuevas necesidades de formación profesional de los trabajadores y para el mercado, haciendo posible el cambio de modelo productivo desde una mano de obra aún vinculada al sector primario a otra con la cualificación requerida por la expansión de los sectores secundario y de servicios, alentados por el Plan de Desarrollo. Se pretendía conseguir que 800.000 trabajadores pasasen de peones a poseedores de un oficio. Sus resultados fueron espectaculares. El 30 de junio de 1975 teníamos funcionando 14 centros fijos, 35 desmontables y 1.469 centros móviles, que se trasladaban para atender las necesidades de las localidades más minúsculas. Estaba previsto formar a lo largo del año 86.649 alumnos y en la fecha indicada se había formado ya a 47.935, de forma que la previsión se iba a lograr El Príncipe quedó muy impresionado.

(33) El exministro Solís hizo una detallada narración de esta visita en su comparecencia ante la comisión de Asuntos Exteriores del Congreso el 16 de marzo de 1978.

(34) En su comparecencia del 15 de marzo de 1978 ante la comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, Alfonso Álvarez Miranda dio excelentes explicaciones sobre el tema de los fosfatos.

(35) MORENO RODRÍGUEZ: Mektub (Estaba escrito...), editorial@becedario, Badajoz, 2003, págs. 11-13. El autor era capitán de Infantería en el Sahara cuando el Ejército se retiró del territorio.

(36) SECO SERRANO, Carlos: «¿Un diálogo entre Reyes?», ABC, 21 de julio de 2002, pág. 3.

(37) «El Aaiún, 1975: La 'marcha verde'», en La Razón, 8 noviembre 2001, pág. 30. El coronel considera que el abandono del Sahara fue una decisión «tan vergonzante como forzada», pero reconoce que «no nos quedaba otra opción que marcharnos». García de Paadín ha subrayado también que «nuestra colonización había consistido, práctica y exclusivamente, en levantar escuelas, hospitales, construir carreteras y dar trabajo o sufragar un elevado coste de desempleo a una población que, desde luego, no parecía en absoluto sentirse oprimida»; en «Por qué España dejó el Sahara», en ABC, 7 de noviembre de 2005, pág. 59.

(38) Loc. cit. pág. 28.

(39) Incomprensiblemente, Javier Rupérez escribe que el primer gobierno de la Monarquía acertó al interpretar los Acuerdos de Madrid de manera restrictiva, aclarando que en ellos España no había transferido la soberanía sobre el territorio, sino solo su administración (La mirada sin ira, Almuzara, 2016, pág. 134). Su .condición de jefe del gabinete del ministro de Asuntos Exteriores de aquel primer Gobierno le hace olvidar que in claris non fit interpretatio.

(40) «El Sahara Occidental: Un conflicto que no cesa», en ABC, 25 de julio de 2004, pág. 3; «Un futuro democrático para el Sahara Occidental», en ABC, 26 de noviembre de 2004, pág. 3; «El Sahara Occidental: Dos años después», en ABC, 11 de julio de 2005, pág. 3; y «La 'marcha verde' treinta años después», en ABC, 6 de noviembre de 2005, pág. 3.

(41) La argumentación de Arias Salgado que, a falta de mejor explicación al he-cho de que el referéndum siga sin celebrarse, sostiene que el terrorismo islámico «añadió una dificultad más a los esfuerzos de Naciones Unidas para aplicar a este conflicto la legalidad internacional» fue replicada por el representante de la República Saharaui ante la Unión Africana (ABC del 10 de agosto de 2004, pág. 8) que subrayó muy justamente que debe ser la legalidad la que haga frente al terrorismo y no el terrorismo el que impida la aplicación de la legalidad.

(42) Arias Salgado en La «marcha verde» cit.

(43) José Ma Carrascal ha contado que Arias Salgado, sustituto del hospitalizado Piniés, le dijo aquella noche: «He pedido a los argelinos que unan un regimiento a nuestras tropas. Solos, no podemos detener la avalancha». En ABC, 20 de mayo de 2021, tercera página. 

 (44) Revista de política internacional, n° 163, mayo-junio de 1979, págs. 117-126.

(45) ABC, 15 de febrero de 1993, pág. 58.

(46) Todos los demás integrantes de aquel gobierno les expresamos nuestra gratitud en la cena que les ofrecimos en El bodegón el 8 de mayo de 1978. Se disculpó Pita da Veiga, a quien no volvimos a ver desde la legalización del Partido Comunista.

(47) Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, n° 30, Comisión de Asuntos Exteriores, sesión del lunes 13 de marzo de 1978, pág. 9.

(48) «Los acuerdos nulos de Madrid», en El País, 18 de septiembre de 1977. El eminente catedrático de Derecho Internacional había sido justamente elogiado por el exministro Cortina Mauri por su eficaz defensa de las tesis del Gobierno de España de cara al dictamen del Tribunal Internacional de La Haya.

(49) ABC, 18 de marzo de 1978, pág. 13. 

(50) ABC, 27 de febrero de 2001, pág. 11.

(51) Diario de Sesiones cit. pág. 28. 

(52) El País, 6 de noviembre de 2015, pág. 23. 

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