El origen de la transición, por José Luis Orella

23 de enero de 2021 por Redacción FNFF

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José Luis Orella

Historiador y Profesor Universitario

Revista Afán

 

 

Los instrumentos que ayudaron a la transición a un régimen democrático se fueron fraguando dentro del régimen con tiempo. El primero fue la Ley de Sucesión que fue aprobada en referéndum. De 16.187.992 ciudadanos censados, votaron 14.054.026 de los cuales, 12.628.983 fueron a favor y 643.501 en contra. Con esta ley, Franco se proclamaba Jefe del Estado, en una monarquía católica y social, donde le prestaba asistencia un Consejo del Reino compuesto de trece personas, y que en ausencia del jefe del Estado, sería sustituido por una regencia de tres personas. El almirante Luis Carrero blanco y el responsable posterior de los Planes de Desarrollo, serían protagonistas determinantes en la designación del  nieto del último rey de España como sucesor del Jefe del Estado. El segundo fueron los cambios producidos por el reconocimiento diplomático de USA y los países de la Europa libre, que ayudarán a influir en un proceso evolutivo y fluido que fuese acercando a España al restablecimiento de la democracia. La firma del convenio el 26 de septiembre de 1953, entre España y los Estados Unidos incluía tres puntos: uno de mutua defensa general, un segundo de ayuda económica y un tercero de defensa frente a peligros que amenazasen a occidente. La presencia de USA sería permanente en todos los aspectos, incluso en los formativos del futuro sucesor a Jefe de Estado.

 

España necesitaba profundos cambios y la pluralidad de las familias políticas que integraban el Movimiento tenía diversas opiniones de la dirección a tomar. España necesitaba prioritariamente un plan racional de desarrollo para su economía, pero para ello era necesaria una profunda reforma administrativa que modernizase un Estado. Las disposiciones previstas por el decreto-ley de febrero de 1957 y su complementaria Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, de 26 de julio de 1957; en la cual se procedía a distinguir las funciones de la Jefatura del Estado y la de Gobierno, al describir en el art. 13 las competencias del Presidente de Gobierno. La Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958; que tenía como objetivo que la presencia del Estado en todas las esferas de la vida social, exigiese un procedimiento rápido, ágil y flexible, que permitiese dar satisfacción a las necesidades públicas, sin olvidar las garantías debidas al administrado. Le Ley permitía que la Administración pudiese anular y rectificar aquellos actos que fuesen erróneos. Sin la reforma jurídica era impensable plantear la necesaria reforma económica.

 

El Estado de Derecho estaba casi completo, la base la componían los principios del Movimiento, el Fuero de los Españoles, la Ley de las Cortes, el Fuero del Trabajo, y la Ley de Sucesión. Pero ahora se hacía necesario regular los poderes del jefe del Estado; del Consejo del Reino; de las Cortes; del Consejo Nacional y del Gobierno; mediante una Ley orgánica. Con la hora de ruta política trazada del camino de evolución del régimen, la situación económica de España era lo más preocupante en esa fase de transición. El Plan de Estabilización será quien salve el equilibrio monetario e introducirá a España en la economía mundial. La economía española abandonaba el dirigismo y caminaba a su integración en una economía global que se dirigía según las leyes de libertad de mercado. Una labor iniciada por el ministro de hacienda, Mariano Rubio, el de Comercio, Alberto Ullastres, sobre la reforma administrativa redactada por Laureano López Rodó.

 

Por otro lado, en la oposición al régimen, los defensores de la democracia eran inexistentes y los comunistas, el grupo de oposición más numeroso y dinámico, con unos 4.000 militantes clandestinos en España, monopolizaron la labor de la oposición, recibían órdenes de Moscú de infiltrarse en los grupos de estudiantes universitarios, en los sindicatos verticales y centrar su captación en los estudiantes acomodados que pudiesen ser becados en la URSS como futuros agitadores, aprovechando sus relaciones sociales. Los comunistas se infiltraron en el sindicalismo oficial y en las organizaciones apostólicas obreras de la Iglesia. Comisiones Obreras, el sindicato de oposición formado por los comunistas, sabrá ocupar puestos de relieve en los jurados de empresa firmando convenios colectivos. A nivel de partido, el PCE se hará más totalitario bajo la dirección del Santiago carrillo. A pesar de la reconversión hacia el eurocomunismo, las disidencias de intelectuales, como Fernando Claudín y Jorge Semprún, contra la dirección del partido acabarán en expulsiones del mismo o en delaciones a la policía como Jesús Monzón.

 

La principal vía de oposición procedería de donde nadie podía suponer, de la Iglesia Católica. El Papa Juan XXIII había iniciado el Concilio Vaticano II en 1962 y su última encíclica, Pacem in terris, mal interpretada, ayudó a multiplicar el número de homilías contra el régimen. La Iglesia en España se veía fuera de la nueva línea que parecía marcar el rumbo en Roma, pero si quería estar en sintonía con los nuevos vientos debía cambiar su relación con el régimen español. La intromisión de los asuntos terrenales (políticos y sociales) en los temas de discusión de las asociaciones laicales, producirá divisiones, pugnas y salidas de muchos de sus miembros hacia el activismo puramente político y sindical, fracturando las agrupaciones de apostolado de su principal objetivo. El derrumbe del laicado católico tuvo su consecuencia más inmediata en el hundimiento del número de seminaristas. La Iglesia detentaba una posición privilegiada gracias al Concordato firmado con el Estado, lo que llevará a que los comunistas puedan reunirse y organizarse sin sufrir persecución de la policía, en los locales pertenecientes a la iglesia. La secretaría de Estado vaticana reforzó a los sectores democristianos que evolucionaban a posturas socialistas cristianas, desde un pensamiento martiniano que defendía la ruptura de las relaciones entre Estado e Iglesia, lo que favorecía en el caso español las posturas contrarias al régimen, con el nombramiento de obispos auxiliares claramente defensores de la línea de cristianos por el socialismo. Las dudas de que el régimen español pudiese sobrevivir a su creador obligaba a la Iglesia a adoptar medidas de supervivencia que evitasen su ligazón con un sistema condenado a desaparecer.

 

El desarrollo económico estaba incrementando el nivel de vida del país, pero también transformaba su sociedad, el campo se despoblaba en beneficio de unas ciudades que crecían y necesitaban nuevos barrios con todo tipo de servicios. El nuevo contexto urbano provocaba cambios en las relaciones sociales y la desaparición de los hábitos tradicionales de una sociedad rural. Las características que definían a la sociedad española como una sociedad moderna e industrializada era el incremento industrializador, la emigración masiva del campo a la ciudad, el acceso universal a la educación, la propiedad de la vivienda habitual y de la vacacional, la sociabilización del uso del automóvil, el uso de los electrodomésticos, el disfrute del ocio en las vacaciones. La presencia masiva de turistas europeos y norteamericanos favoreció un cambio paulatino de las costumbres, especialmente en las morales. Además, la presencia de personal especializado, la ausencia de problemas laborales, y los acuerdos preferenciales firmados por Alberto Ullastres con la CEE, convirtieron a España en el perfecto lugar de construcción automovilístico de las empresas estadounidenses. La economía española pivotaba hacia la Europa de la CEE, y la sociedad española disfrutaba de unos niveles de vida equiparables al resto de los europeos occidentales. La censura de prensa y libros, vigilada según criterio de la Iglesia, se reducía al carácter moral y de escándalo, persiguiéndose la pornografía, pero no las obras marxistas que nadie leía.

 

El cambio social que se realizó en el periodo del desarrollo, cambiará en profundidad a la sociedad española. Las clases medias que antes eran una minoría ilustrada con apetencias de dirección del país, frente a las viejas élites agropecuarias castellanas y andaluzas, junto a sus aliados, los capitanes vascos del hierro y catalanes del textil; formarán la base principal de la cimentación de la sociedad de la nueva España.

 

La conquista de un nivel de vida acomodado proporcionaba a la sociedad española la madurez suficiente para sumir el aperturismo político que se avecinaba, pero sin los miedos a los peligros revolucionarios que habían atemorizado la retaguardia del bando republicano durante la guerra civil. Además la línea seguida, a favor de un Estado de Derecho con voluntad de social, se correspondía con los regímenes democráticos europeos que tenían en común líneas de fuerte intervencionismo público en lo social, a través de los discursos políticos de democristianos y socialdemócratas. En plena guerra fría, la posibilidad de crecimiento electoral de los partidos comunistas de la Europa occidental, preocupaba grandemente a los EEUU, especialmente allí donde tenían posibilidades de llegar al poder mediante una pequeña coalición, como era Italia.

 

El fallecimiento del Jefe del Estado y la asunción de Juan Carlos de Borbón de la jefatura del Estado en calidad de rey, fue fundamental para el nombramiento del último secretario general del partido único, y antiguo directos general de la televisión pública, Adolfo Suárez, como presidente del gobierno. Ambos procederán a llevar la transición a la democracia desde el poder. La legalización de los partidos políticos, la supresión de todos los organismos dependientes del partido único. El partido único se transformó en la UCD que ganó las primeras elecciones democráticas con los recursos que tenía el poder.

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