El diario El País informó, el 19 de junio de 2018, del levantamiento de la fosa común núm. 94 del cementerio municipal de Paterna (Valencia) donde estaban enterrados víctimas de la represión franquista.

Otros medios de información publicaron, el año pasado, que el gobierno de Valencia y el ayuntamiento de Paterna van a construir un memorial, en el mencionado cementerio, con una inversión de un millón de euros, «para la difusión y divulgación de los valores democráticos que representa, en concreto, los derechos de las víctimas» y que «sirva de recuerdo para homenaje y recuerdo a las víctimas de la dictadura franquista que murieron en defensa de la democracia».

Elogiosa iniciativa que impulsa a conocer los méritos y las circunstancias vitales de los ejecutado y sepultados en dichas fosas comunes, ahora exhumados por un equipo de arqueólogos y antropólogos, financiados por la diputación de Valencia.

Emprendida la investigación pertinente, con los supuestos anteriores, nos tropezamos con una inesperada realidad: el relato oficial no concuerda con la realidad histórica publicada por los medios de comunicación. Como botón de muestra, citaremos el caso de Vicente Torregrosa Grau, uno de los sepultados en la citada fosa 94, natural de Játiva, carbonero y afiliado a la FAI. Efectivamente, fue condenado a la pena capital, en la sentencia de la causa núm. 6835 de Valencia, que dio como hechos probados, que «tomó parte en numerosos hechos vandálicos, entre los que se destacan el realizado cierto día del mes de agosto de 1936 que unión de otros individuos, todos ellos armados, obligaron a subir en un coche que llevaban preparado al efecto a D. Rafael Monllor, al que trasladaron a las inmediaciones del Balneario de Bellús y haciéndolo descender del coche dispararon sobre él dejándolo muerto y el realizado días después que en un coche y acompañado también de otros individuos, se dirigieron a las inmediaciones del pueblo de Vallés, esperando el paso por dicho lugar de Don Gonzalo Viñes y Don Juan Cirujeda y en el momento que estos lo hicieron, dispararon sobre ellos ocasionándoles la muerte».

La Causa General en la población de Játiva, que se puede consultar en el Plan de Archivos Españoles (PARES) confirma dichos asesinatos.

• El sacerdote Rafael Monllor Casasempere, nacido en el año 1880 en Alcoy, donde había fundado las Escuelas del Ave María, un reformatorio de niños, catequesis e instituciones de Acción Católica. Fue detenido, cuando iba darle el último Sacramento a un moribundo, interrogado en el comité local de Játiva y asesinado en las cercanías de Bellús. Su cadáver fue encontrado abandonado el 28 de septiembre de 1936, con un tiro en la cabeza.

• Gonzalo Viñas Masip, sacerdote canónigo de 54 años, y Juan Cirujeda Pla, procurador de 50 años y sin filiación política, fueron asesinados en el río Valls (Játiva) de sendos tiros en la cabeza y en el mismo día (10 de diciembre de 1936).

Igualmente se puede constatar que, en la misma fosa, Rafael Ortiz Hernández, vecino de Ayora y afiliado a la UGT, fue condenado en la causa (4093-V) por matar a Miguel Lodroño Martínez, jornalero de 36 años; Pedro Cámara Lodroño, propietario de 46 años; Primitivo Ibáñez Campo. Propietario de 62 años; y Enrique Teruel Ávila, sacerdote canónigo de 64 años. Los dos primeros afiliados a la Derecha General Valenciana y todos muertos el mismo día, el 1 de octubre de 1936.

La página digital «En recuerdo de todas las víctimas» (enrecuerdode.com) que se autodefine como «un medio para mantener viva la memoria de los fallecidos víctimas del error humano», incluye en Játiva conjuntamente a Teruel, Cirujeda, Viñes y Torregrosa. Asimismo, ocurre con Rafael Ortiz Hernández con sus tres víctimas; y también en otros muchos casos de las fosas comunes de Paterna, como se puede acreditar fácilmente. Pero, habrá que convenir que unos fueron solamente víctimas y otros, antes de ser víctimas, fueron verdugos. Sería, además, lo mismo que igualar a las víctimas del terrorismo con los asesinos de ETA.