Ayuso, Poncio Pilatos y el Valle de los Caídos, por Luis Felipe Utrera-Molina

La recientemente aprobada Ley de Memoria Democrática tiene, entre sus indisimulados objetivos, acabar con el Valle de los Caídos (rebautizado como «Valle de Cuelgamuros», topónimo que procede de «Pinar de Cuelga Moros») como basílica, abadía benedictina y lugar de oración por todos los caídos de guerra civil sin distinción de bando, y su destrucción o –en el mejor de los casos– reconversión en cementerio civil y parque temático del ministerio de la verdad frentepopulista para adoctrinamiento marxista de las futuras generaciones sobre lo que nunca fue nuestro reciente pasado.

Dada la condición de Basílica católica y abadía benedictina, cabría esperar una defensa del Valle de los Caídos como lugar de culto por la jerarquía de la Iglesia invocando el artículo 1.5 de los vigentes Acuerdos con la Santa Sede. Pero los precedentes más próximos con ocasión de la exhumación de los restos mortales de Franco no permiten, por desgracia, presagiar una recia oposición por parte de Roma o la Conferencia Episcopal a la desacralización de un lugar donde, como escribió el Papa Juan XXIII «se ofrecen sacrificios expiatorios y continuos sufragios por los Caídos en la guerra civil de España, y allí, acabados los padecimientos, terminados los trabajos y aplacadas las luchas, duermen juntos el sueño de la paz, a la vez que se ruega sin cesar por toda la nación española».

Por ello, todas las miradas se dirigen hacia la presidenta Díaz Ayuso, como último recurso para evitar la desaparición o el daño irreparable a un conjunto monumental mundialmente conocido que forma parte del patrimonio cultural de los madrileños. Pero todo indica que, haciendo honor al ponciopilatismo que impregna hasta las siglas de su partido, no moverá un dedo para evitar la última aberración histórico-cultural de este Gobierno.

Ayuso ha declarado estos días que la Comunidad de Madrid carece de competencias para declarar el Valle de los Caídos como bien de Interés Cultural por tratarse de un bien propiedad de Patrimonio Nacional. Dejando al margen que las leyes se pueden interpretar de muy diversas formas hasta su total retorcimiento y que el papel lo aguanta todo, lo que está fuera de duda es que la presidenta está utilizando una interpretación muy forzada de la ley para tratar de escurrir el bulto en una cuestión en la que la existen argumentos jurídicos más que suficientes para reivindicar con toda solvencia su propia competencia para evitar el deterioro o destrucción de un bien singular de nuestro Patrimonio cultural.

En primer lugar, la presidenta no ha dicho la verdad. El Valle de los Caídos no es un bien integrante de Patrimonio Nacional y así se deduce con claridad del artículo 2 de la Ley 23/1982 de Patrimonio Nacional. Hasta el día de hoy y desde su fundación, el Valle de los Caídos es propiedad de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos como se deduce del Registro de la Propiedad nº 2 de San Lorenzo del Escorial. De hecho la Disposición Adicional Tercera 3.a) de la citada ley, autoriza al Gobierno para establecer mediante Real Decreto el nuevo régimen jurídico de los bienes de la Fundación de la Santa Cruz, disponiendo, cuando proceda, su integración en el Patrimonio del Estado.

¿Que por qué lo dice?, porque el Patronato de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos está formado por el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional. Es decir, Patrimonio Nacional administra o gestiona el Valle de los Caídos, lo que no implica en modo alguno que dicho inmueble esté integrado en el Patrimonio Nacional. Es más, la propia Dirección del Servicio jurídico del Estado en su informe de 3 de junio de 1996 reconoció que los derechos de patronato comportan las facultades de administración de las fundaciones, pero no la propiedad de sus bienes. Es más, dicho organismo (para los profanos, la Abogacía del Estado) concluyó en su informe de 13 de agosto de 1998 que la finca denominada «Valle de Cuelgamuros» «no está integrada en el Patrimonio Nacional. Su titularidad corresponde exclusivamente a dicha fundación».

Siendo esto así, no concurren en absoluto los presupuestos legales establecidos en el artículo 6 b) de la Ley 16/1985 de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español para entender que corresponda al Estado la competencia para declarar el Valle de los Caídos como Bien de Interés Cultural. Por el contrario, al no tratarse de un bien integrante del Patrimonio Nacional ni propiedad del Patrimonio del Estado, la competencia para tal declaración corresponde en exclusiva a la Comunidad Autónoma de Madrid, en virtud de las competencias que a tal efecto le confieren los artículos 148.1.16ª de la Constitución, 26.1.19 de su Estatuto de Autonomía y la Ley 3/2013 de 18 de junio de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, cuyo artículo 5.1 señala que «corresponde a la Comunidad de Madrid la competencia exclusiva sobre el patrimonio histórico ubicado en su territorio sin perjuicio de las competencias que el ordenamiento jurídico atribuye al Estado o a las corporaciones locales».

Pero siendo indiscutible que, a día de hoy, la competencia para la protección del Valle de los Caídos corresponde a la comunidad, esto dejará de ser así tan pronto como el Gobierno de la nación apruebe un Real Decreto estableciendo el nuevo régimen jurídico del Valle de los Caídos, tal y como se prevé en el artículo 54.6 de la Ley de Memoria Democrática: mediante real decreto se establecerá el nuevo marco jurídico aplicable al Valle de Cuelgamuros que determine la organización, funcionamiento y régimen patrimonial. El día en que el Consejo de Ministros apruebe dicho real decreto, quedará extinguida la Fundación del Valle de los Caídos y el conjunto monumental pasará a ser titularidad de Patrimonio del Estado arrebatándole así la competencia a la Comunidad de Madrid para su declaración como Bien de Interés Cultural.

Es decir, todo parece indicar que, en esta ocasión, Díaz Ayuso no mostrará celo alguno por defender sus competencias en materia cultural en espera de que el Gobierno de Sánchez le haga el trabajo sucio y asuma directamente las competencias en materia de patrimonio cultural sobre el Valle de los Caídos. Entonces podrá secarse tranquilamente las manos tras el lavatorio, diciendo –en ese momento con toda la razón– que no es competente y nada podía hacer, pero todos sabremos en ese momento de su impostura y falta de coraje para defender lo que es patrimonio de todos los madrileños y también de todos los españoles.