Ibáñez Martín, el impulsor de instituciones científicas perdurables. Por Pablo Sánchez Garrido / Alfonso V. Carrascosa.

Por Pablo Sánchez Garrido | Alfonso V. Carrascosa.

Fuente: El Debate

José Ibáñez Martín (1896-1969) desarrolló una extensa actividad pública, desde su etapa como catedrático en Murcia hasta su labor como embajador en Lisboa. Pero, quizá, lo más señalado académicamente es que fue el presidente fundador del mayor organismo público de investigación científica de la historia de España: el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), creado por la Ley de 24 de noviembre de 1939, que propuso como Ministro de Educación Nacional. Logro sin duda relacionado con su brillante formación universitaria –coronada con la Gran Cruz de Alfonso XII y Premios Extraordinarios en Derecho y en Filosofía y Letras–, y con su experiencia política previa en Murcia y Madrid.

Desde el principio buscó la integración en el nuevo CSIC de la anterior Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (JAE) y de todos los centros de investigación de ella dependientes –lo mismo que se hizo al fundar la JAE con instituciones científicas anteriores–; procurando igualmente la ampliación del CSIC a otras regiones de España. Para la realización de una obra de tal envergadura, su mejor ayuda fue Jose Mª Albareda, doctor en Farmacia y Ciencias, con relevante formación científica de alto nivel internacional, recibida durante la Edad de Plata. Trabó con él amistad profunda a lo largo de 1938, en la Comisión de Cultura y Enseñanza, a la que ambos pertenecieron. Allí elaborarían el primer borrador de la ley fundacional del CSIC.

El conocimiento de las ciencias experimentales de Albareda y la formación humanística de Ibáñez Martín, que siempre se consideró discípulo de Menéndez Pelayo, dieron al CSIC el carácter multidisciplinar que le es propio, destacando también la novedad de introducir la profesión de científico sin carga docente.

Tanto Ibáñez Martín como Albareda buscaban una revitalización de la «ciencia española» desde un horizonte de humanismo cristiano. Cabe señalar en este propósito la colaboración con no pocos miembros de la Asociación Nacional de Propagandistas (ACNdeP), de la que ambos formaban parte, tales como Alberto Martín Artajo, Joaquín Ruiz-Giménez, Castiella o Calvo Serer. Aunque este último, como Albareda, se vincularían posteriormente al Opus Dei, mientras que Ibáñez Martín siempre permaneció unido en exclusividad a la ACNdeP.

Fueron muy numerosas las instituciones científicas suscitadas entonces a partir de esas colaboraciones entre propagandistas, como las citadas en el título de este artículo, y otras que no podemos analizar ahora, como el Instituto de Cultura Hispánica –hoy Agencia Española de Cooperación Internacional–, sin olvidar el proyecto de revitalización y nueva creación de los Colegios Mayores universitarios durante el ministerio Ibáñez Martín.

Bajo la estructura del CSIC se creó o, mejor dicho, se refundó a instancias de José Ibáñez Martín y la colaboración esencial de Ángel Herrera Oria, otra gran institución académica que sigue siendo referencia internacional: la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP). Sus precedentes hay que buscarlos, por orden cronológico, en los cursos de verano que, desde 1924, organizó Manuel Artigas, impulsor de la Sociedad Menéndez Pelayo; en los cursos de verano de la Junta Central de Acción Católica y de la ACN de P, creados por Ángel Herrera Oria en 1933, con un precedente piloto en 1932, y en los cursos de verano de la Universidad Internacional de Verano, iniciados en 1933, creada en 1932 por el ministro Fernando de los Ríos.

La Guerra Civil paralizó tanto los cursos de Acción Católica, en el Colegio Cántabro, como los de la República, en el famoso palacio de la Magdalena. Más tarde, en noviembre de 1945, se publicó el Decreto de creación de la UIMP, comenzando a funcionar de modo efectivo en el verano de 1947. El primer rector sería Ciriaco Pérez Bustamante, quien, en su discurso de apertura de la UIMP (1947) destacó el papel del ministro de Educación, José Ibáñez Martín, como «ilustre promotor» del proyecto universitario.

Asimismo, cabe señalar la aportación de Ibáñez Martín en la creación de la hoy conocida como Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense, diseñada desde el Instituto de Estudios Políticos, del que era director Fernando María Castiella, y quien fue primer decano de la nueva Facultad. La creación de la «Facultad de Ciencias Políticas y Económicas» aparece en la Ley de Ordenación Universitaria (LOU) de 29 de julio de 1943, elaborada por José Ibáñez Martín.

El 16 de febrero de 1944 comenzaron las clases en el viejo caserón universitario de San Bernardo con cuatro cursos y dos secciones. Casi una década después, en virtud de la ley de 17 de julio de 1953, la Facultad pasó a denominarse de Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales, para pasar, en 1971, a escindirse en dos Facultades: Ciencias Políticas y Sociología y Ciencias Económicas. Entre sus primeros profesores se contaron grandes maestros, como Luis Díez del Corral, José Antonio Maravall, José Larraz, o el primer catedrático de Sociología, Gómez Arboleya.

Cultura para todos

Otra contribución menos conocida del ministro Ibáñez Martín es su decidido impulso a las Universidades de provincias, que por entonces estaban fuertemente eclipsadas bajo el centralismo de «la Central» de Madrid. Un ejemplo es la posibilidad que introduce la LOU de Ibáñez Martín para que puedan expedir el título de doctor todas las universidades españolas (artículo 21), función reservada hasta entonces en exclusiva a la universidad madrileña.

Aunque el decreto que hizo operativa esta disposición fue preparado durante su ministerio, sería aprobado por su sucesor y amigo, Joaquín Ruíz-Giménez. Otro ejemplo es su intenso apoyo a la Universidad de Murcia frente al proyecto de cerrarla, contra cuya desaparición ya luchó en tiempos de Primo de Rivera. Ibáñez Martín pronunció un discurso en 1940 con motivo de su 25 aniversario en el que afirmó: «Por esta misma razón habrán de ser defendidas las Universidades provinciales, como elemento expansivo y difusor de una cultura que, centralizada hasta la exageración (…) llegaría a cegar la corriente de la savia más óptima de su espiritualidad».

Igualmente significativa es su decisión de crear el célebre complejo residencial de profesores de la universidad de Madrid conocido como «la profesorera», surgida cuando Ibáñez Martín observó las indignas condiciones en las que vivían muchos de estos profesores. Poco después de la apertura de esta residencia, un grupo de treinta y seis catedráticos, liderados por Leopoldo Eulogio Palacios, firmaron un documento, que entregaron a Ibáñez-Martín en «agradecimiento por haber dotado al profesorado universitario de unas viviendas donde dignamente puedan desenvolver su vida de familia».

Una gestión la de Ibáñez Martín que tuvo aportaciones aún hoy perdurables y que constituyen referentes internacionales de incuestionable valor científico y académico.