El poder de la Mentira. Por Jaime Alonso

La mentira es la fuerza más poderosa que domina el mundo, sostenía Jean François Revel, conocedor, sin duda, de la importancia que tiene en el mundo de la política y de la comunicación que la sostiene, el mantener en la ignorancia al pueblo en aquellas cuestiones que mas les afectan, hasta conseguir el adoctrinamiento de masas, final de un trayecto, donde la mentira se ha institucionalizado de tal manera, que nadie osa tomarse el trabajo de desenmascarar, adquiriendo la autoridad de lo verdadero.

Esa es la situación, en referencia a nuestra historia reciente, de la Ley de Memoria Histórica, consciente falsificación de la reciente historia de España e impuesta como Lex certa. Un profundo conocedor del comunismo, militante del POUM en su adolescencia, George Orwell, que vivió, como cronista de guerra, en la Cataluña republicana, donde pudo constatar la criminalidad intelectual que anida en esa ideología, dejó escrito “para hacer cumplir las mentiras del presente, es necesario borrar las verdades del pasado”.

Así, el PSOE, siempre ariete del comunismo con un nuevo Frente Popular, propone en el parlamento una nueva Ley de Memoria Histórica que, como en la ciudad lúgubre de Orwell, 1984, una “policía del pensamiento”, ahora, “comisionado de la verdad” pretende controlar de manera asfixiante la vida de los ciudadanos. Pedro Sánchez, Margarita Robles son los inductores de un engranaje perverso, cuyo cometido es reescribir la historia para adaptarla a lo que el Partido considere la versión oficial de los hechos. Visionario, o no, Orwell se adelanta a la dominación intelectual y cultural que viene ejerciendo la izquierda, incomprensiblemente, desde la muerte de Franco, disponiendo de una superioridad moral que le habilita para acometer cualquier desmán político, jurídico o económico.

A la izquierda se le indulta siempre, culpabilizando algunas veces sus hechos, pero jamás la bondad de sus intenciones. Ello ha sido posible por la cobardía moral e insolvencia intelectual de la derecha, acomplejada, sin vigor, que aceptó como principio rector de la vida democrática una falsedad: Para ser demócrata es preciso ser antifranquista. Pero a sensu contrario, nadie preguntó a los socialistas y comunistas del exilio, ni a Santiago Carrillo, La Pasionaria etc. sobre su pasado, cuándo se habían hecho demócratas o las razones de su espontanea conversión.

Con esas alforjas tan preñadas de hipocresía no podía esperarse una democracia libre y apacible, plural y justa, incorrupta y de progreso, defensora del bien común o de los intereses de partido o ideológicos, de casta. Estando así las cosas, el nuevo proyecto de Memoria Antidemocrática, sin careta, no como la anterior, ataca directamente los fundamentos de la Constitución y los valores superiores que su ordenamiento jurídico consagra: la libertad (de opinión, expresión, investigación y cátedra); la justicia (sólo atribuible a jueces y tribunales); la igualdad (que impide la discriminación por sexo, raza, religión, ideología, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social); y el pluralismo político (ejercido como actividad libre dentro del respeto a la constitución). Esa proposición de ley que, de llevarse a la práctica, chocaría frontalmente con la convivencia, el estado de derecho y los fundamentos de una democracia que dicen defender, al menos, formalmente.