La ley sobre el Derecho a la Vivienda ha creado fuerte polémica, como casi todo lo de este Gobierno. Es evidente que la vivienda, singularmente la vivienda social, se constituye en uno de los principales problemas de nuestra sociedad. El déficit existente es manifiesto y sus consecuencias complican las relaciones sociales y generan situaciones graves y diversas.

Ahora se podían acordar de Franco y de los miles de viviendas que construyó. Resolver este problema es urgente y debería priorizarse por encima de otros objetivos, también legítimos, pero que, si es necesario, deberían posponerse en beneficio de una política de vivienda que altera gravemente la cohesión social y dificulta el crecimiento estable de nuestra sociedad.

Un problema de esta envergadura requiere soluciones que, muy a menudo, como es lógico y legítimo, no siempre permiten grandes consensos.

Nunca las emergencias son fáciles de afrontar; pero por su relevancia demandan soluciones que descansen en las más amplias coincidencias posibles. El fenómeno okupa no ayuda a resolver el problema de la vivienda social; sino que lo complica, crea incertidumbre y provoca valoraciones que no ayudan a ordenar la cuestión. El derecho a la vivienda, como principio rector del contenido económico y social de la Constitución, ha de inspirar la acción de cualquier Gobierno con la misma fuerza y coherencia con que se ha de afirmar que la okupación no tiene amparo en nuestro ordenamiento jurídico. Cuando el derecho a la vivienda se quiere interpretar de tal manera que dé cabida a la okupación, se hace un mal servicio a una legítima reivindicación.

Véase el caso de la plaza de Bonanova de Barcelona que tiene en jaque a toda una ciudad y a sus fuerzas de orden público.