Más sobre las exhumaciones en el Valle de los Caídos

Por Pablo Linares

Presidente de la Asociación para la defensa del Valle de los Caídos.

Fuente: Revista Afan n° 41

Ya hemos tenido oportunidad, a través de estas páginas, de denunciar las actuaciones forenses absolutamente irregulares y contrarias a nuestro ordenamiento jurídico que el ministerio de la Presidencia del infumable ministro Bolaños está acometiendo en la Basílica Pontificia del Valle de los Caídos. El subrayado no es casual.

Recordemos que el origen de todo este problema parte de una reclamación de una señora de nombre Purificación Lapeña ante un juzgado de San Lorenzo de El Escorial, solicitando la exhumación de dos familiares suyos del Valle de los Caídos al “creer” que los textos óseos de ambos “pudieran” encontrarse en los osarios del Valle de los Caídos. Hay que recordar ya que esta señora no lo hace, que ella y su hoy difunto marido Miguel Ángel Capapé, que en Paz descanse (es lo que nos diferencia de ellos), dirigían entonces, y ahora, al parecer lo sigue haciendo la Señora Lapeña, la asociación de memoria histórica más subvencionada de España. Las cosas claras desde el principio.

El juez de primera instancia de San Lorenzo de El Escorial, que se sepa que era José Manuel Delgado Seoane, admitió en un auto de fecha 30 de marzo de 2016 las peticiones de Lapeña. A la ejecución de este auto pretende justificar el Ministerio de la Presidencia de las actuales actuaciones en los osarios del Valle de los Caídos, si, he dicho de los Caídos.

La Asociación Para la Defensa del Valle de los Caídos interpuso un recurso contencioso administrativo presentado el 23 de junio de este 2023 en que argumentaba lo siguiente, (es literal):

“Es preciso poner de manifiesto que el Auto112/2016 de 3 de marzo del JPI 2 de San Lorenzo de El Escorial, es un auto de un procedimiento de jurisdicción voluntaria, que no tiene fuerza jurídica de cosa juzgada. Dicha resolución solo hace referencia a la aprobación y protocolización de información “ad perpetuam memoriam” interpuesta por Dña. Purificación Lapeña Garrido, relativa a los restos mortales de D. Antonio -Ramiro Lapeña Altabás. A NADIE MÁS. Y dicha resolución judicial deja claro que no consta acreditado fidedignamente que los restos mortales de los hermanos Manuel y Antonio-Ramiro Lapeña Altabás, reposen en el Valle de los Caídos. Es más tampoco existe prueba fiable alguna de que los restos mortales citados se encontraran en las fosas comunes de partida.

El propio auto dictado por el juez de D. José Manuel Delgado Seoane, que provisionalmente ocupaba el Juzgado de Primera Instancia n° 2 de San Lorenzo de El Escorial expresa en el cuarto fundamento jurídico, de la resolución cuya ejecución se pretende la resolución recurrida, lo siguiente:

Que el derecho reconocido no es ilimitado.
Que las medidas que se adopten sean proporcionales.
Que las medidas que se adopten deberán valorar las posibilidades de acceso a la planta tercera.
Que deberán tenerse en cuenta el respeto a la memoria de los difuntos del propio cementerio, el respeto a la consideración debida a la Basílica donde se encuentran depositados aplicándose de forma analógica la Ley 52/2007, de 26 de diciembre en las medidas a adoptar para garantizar todos los derechos afectados…”

Todo ello en defensa de las familias representadas por nuestra asociación, quienes teniendo perfectamente acredita la existencia de los restos óseos de sus deudos en el Valle de los Caídos, y que desde el año 2013 vienen reclamando para éstos el respeto que, en principio parece garantizado por el auto del juez de San Lorenzo de El Escorial, o al menos así debería ser, sin entrar en interpretaciones sesgadas y por lo tanto interesadas del propio auto.

Pues bien, Bolaños, que ya sabemos cómo se las gasta cuando no es invitado a según que sitios, desoyó, ¡faltaría más! Los párrafos del auto que no le eran propicios y destinó una partida presupuestaria de casi 700.000 euros al comienzo de las actuaciones profanadoras en el Valle de los Caídos… De esta manera se cerró al culto y al turismo, en diciembre de 2022, la capilla del Santo Sepulcro de la Basílica Pontificia del Valle. El subrayado vuelve a no ser fruto de la casualidad.

Hay que recordar que existen numerosos y potentes informes previos de cualificados forenses desaconsejando cualquier actuación forense como la que ahora se está llevando a cabo en la cripta del Valle apelando a la “dificultad extrema desde el punto de vista técnico” para llevar a buen término lo que ellos llaman “exhumaciones”, como también numerosos son otros informes, en este caso en el ámbito económico que peritan en varias decenas de millones de euros el coste de las actuaciones que se pretenden. Estos informes llevan el membrete y la firma de Patrimonio Nacional.

Ya sabemos el papel que históricamente ha representado Patrimonio Nacional a la siempre mala (hoy ya tan solo inexistente) administración seria y eficaz del conjunto monumental del Valle de los Caídos, pero hemos de decir que Patrimonio Nacional siempre fue, con sus luces y sus sombras, una entidad digna de respeto y consideración. Sin embargo, Patrimonio hoy no es más que una entidad prostituida a los intereses políticos del actual gobernó social comunista que hoy sufrimos con el agravante de una más que probable continuidad en forma de nueva legislatura.

Pero, sin olvidar el canalla papel desempeñado por Patrimonio en todo este problema de las exhumaciones, no quiero dejar de citar el procede, aún más indigno de las altas jerarquías eclesiásticas de este país y del Vaticano, quienes ya en su día, 2019, se desentendieron de la profanación de los restos del fundador del monumento y jefe de Estado, General Francisco Franco, de la basílica hoy de nuevo profanada por el mismo gobierno de entonces.

Es obligación moral y legal de las jerarquías eclesiásticas defender la inviolabilidad de este templo no pueden con su cobarde silencio cómplice conceder permiso a esta nueva profanación.

La Asociación Para la Defensa del Valle de los Caídos, en defensa siempre de sus familias representadas, desde luego de la legalidad vigente, va a llevar a estas jerarquías eclesiásticas ante los tribunales de justicia.

Para ellos nos basamos en lo siguiente:

1°.- El Acuerdo del Estado Español y la Santa Sede sobre asuntos jurídicos, firmado el 28 de julio de 1979 (BOE n° 300, y de 15 de noviembre) prescribe en su art 1-5: “Los lugares sagrados de culto tienen garantizada su inviolabilidad con arreglo a las leyes”.

La inviolabilidad es la posibilidad de que lugares y cosas se rijan por las normas aplicables al derecho canónico (lugares de culto, cementerios…)

2°.- El art 1-5 del Código Civil… los Tratados Internacionales son de aplicación directa en España por su publicación íntegra en el BOE.

3°.- Sentencia del T.S. de Justicia de Navarra de 10/01/2.019:

El Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Asuntos Jurídicos “tienen naturaleza de tratado internacional y es vinculante para ambas partes firmantes”.

“La inviolabilidad de los lugares sagrados conlleva en relación al acceso y ocupación del citado lugar en orden a eventuales labores de inhumación, exhumación, ordenación y acondicionamiento de restos la necesidad de recabar el consentimiento de la autoridad eclesiástica competente. Es decir, no bastaría la mera voluntad del titular del edificio, sino que es preciso… consentimiento de la autoridad eclesiástica afectada (fundamento jurídico tercero).

4°.- AUTORIZACION EXPRESA DE LA IGLESIA

Se refería la Comisión de Expertos a la que el gobierno de Rodríguez Zapatero encargó en 2011 sobre actuaciones en el Valle de los Caídos. Advertía que cualquier intervención en el interior en la Basílica sería “difícil” por su condición de lugar sagrado y la inviolabilidad del templo: “Es la iglesia, como fija la normativa vigente, la que tiene las competencias legales en su interior. Cualquier actuación al respecto obras en su interior, inhumaciones, exhumaciones, o traslados deberá contar con la autorización expresa de la iglesia.

A modo de reflexión personal he de reconocer, si me permite, que nunca podía imaginar cuando legalizamos nuestra asociación, allá por el 2009, que algún día nos veríamos inmersos en el triste trámite de denunciar a las altas autoridades eclesiásticas ante los tribunales de justicia españoles e internacionales.

Reconozco hoy mi candidez de entonces.

Juro que firmeza a la hora de denunciar estos hechos no nos va a faltar.

Tan responsables son los que profanan restos como aquellos que lo permiten cobardemente.

“Es preferible una Iglesia mártir -y recordemos que la palabra mártir significa “testigo” -que una connivente con el mal por temor a perder un bienestar temporal. A medio y largo plazo, la Iglesia que realmente pervivirá será la primera.”