«La Fundación Franco jamás ha humillado a víctima alguna»

El último movimiento del Gobierno para dejar fuera de circulación a la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) ya está en marcha. Un paso que no extraña al presidente ejecutivo de la entidad, Juan Chicharro. «Era evidente que un Gobierno acorralado por todas partes no tardaría en utilizar el comodín Franco», asegura respecto al momento político que vive Moncloa, consciente de que el Ejecutivo de coalición se marcó hace tiempo como objetivo la ilegalización de la FNFF, aunque finalmente optará por un expediente de extinción. «Estamos acostumbrados», apunta el general de División de Infantería de Marina en situación de retiro.

El PSOE ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición de ley de reforma de la Ley Reguladora del Derecho de Asociación que permitirá disolver la entidad o cualquier otra que vaya contra la Ley de Memoria Democrática. Es un proceso que se podrá iniciar a instancias de la Fiscalía General del Estado y concretarse solo mediante una resolución judicial.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun (Sumar), ya informó en junio de que su departamento había iniciado los trámites del procedimiento para la extinción de la FNFF, al amparo de la ley de octubre de 2022, que amplió los supuestos de la norma de 2007, durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Porque su departamento es el que «gestiona el patronato de las fundaciones en este país».

Con esta iniciativa, los socialistas han dado cumplimiento a la disposición adicional séptima de la Ley de Memoria Democrática, que daba un año para modificar la ley de asociaciones en este sentido. La propuesta del PSOE consiste en la inclusión de una disposición adicional para incluir como causa de disolución «la realización de actividades que constituyan apología del franquismo». La futura norma especificará que esa apología se podrá producir bien «ensalzando el golpe de Estado de 1936 o la dictadura posterior» o «enalteciendo a sus dirigentes con menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas del golpe de Estado, la Guerra Civil o el franquismo», o mediante la «incitación directa o indirecta al odio, la violencia contra las mismas o por su condición de víctimas».

La interpretación de que haya o no esta apología del régimen de Franco o humillación queda a juicio de la Fiscalía General del Estado, a la que corresponderá «el ejercicio de la acción en este tipo de procesos» pero, en última instancia, será competencia de los tribunales.

La proposición de ley del PSOE deja claro que el motivo de disolución se aplicará con independencia de los fines teóricos y actividades plasmados en los estatutos y de que la asociación cuestionada haya cumplido o no el deber de inscripción registral, toda vez que este se prevé solo a efectos de publicidad.

Se da la circunstancia de que la Fundación Franco ha modificado por dos veces sus estatutos para ajustarlos al marco legal, en 2018, y en la última ocasión precisamente para dejar sentado que «velará por el máximo respeto a las víctimas de cualquier significación del periodo de la historia de España comprendido entre 1931 y 1977, evitando siempre el menosprecio, descrédito o humillación a ellas o a sus familiares».

«En el desarrollo de sus actividades y el cumplimiento de sus fines, la Fundación jamás ha humillado a víctima alguna, por lo que no deberíamos sentirnos concernidos por el cambio», aseguran a este diario fuentes del equipo jurídico de la FNFF. «La reforma va en el mismo sentido de lo que ya advirtió el Consejo General del Poder Judicial y es que la apología del franquismo solo debe merecer un reproche legal cuando vaya acompañada de desprecio o humillación a las víctimas, y no es nuestro caso», concluyen.

«Nos defenderemos en los tribunales», afirma por su parte el general Chicharro, que se muestra cauto. «Si perviviera el Estado de Derecho estaríamos muy tranquilos, pero ya sabemos que esto no es así». Lamenta además el señalamiento hacia la FNFF. «Me pregunto por qué se olvidan de otras fundaciones como la de Largo Caballero –con abundantes subvenciones públicas– y otras muchas de carácter marxista», denuncia.