La irrenunciable soberanía, por Jaime Alonso

 

Jaime Alonso

El reciente acuerdo tripartito alcanzado el pasado 11 de junio entre España, Inglaterra y la UE, sin información previa ni posterior sobre los términos del acuerdo, refleja que, desde la muerte de Franco, la política exterior española no se orienta al servicio de los intereses patrios; ha sido evanescente y errática, de constantes bandazos coincidentes con los turnantes gobiernos de izquierda y derecha, sin ninguna línea rectora que preserve la soberanía de la nación.

La política exterior de Franco, bajo su mandato, tuvo una serie de elementos esenciales que no volvieron a darse desde su muerte, comenzando por la vergonzosa entrega del Sahara a Marruecos. Su realismo pragmático le llevó a adoptar una política exterior basada en la prudencia, evitando el alineamiento incondicional con potencias extranjeras. Su prioridad fue preservar la independencia y soberanía de España, evitando compromisos militares que pudieran arrastrarla a conflictos ajenos. España nunca reconoció la soberanía británica sobre el Peñón, señalando que la cesión estipulada en el Tratado de Utrecht fue parcial, circunscrita a la ciudad, el castillo, el puerto y las defensas. Además, se prohibía expresamente que Gibraltar fuera cedido a terceros sin la participación española, lo cual reafirmaba el vínculo histórico y jurídico de soberanía entre España y el territorio.

Durante la Segunda Guerra Mundial, Franco, mantuvo una posición de neutralidad activa, aunque le hubieran ayudado en la guerra civil las potencias del Eje, modulada hacia la “no beligerancia”, lo que permitió a España sortear una intervención directa en el conflicto y salvaguardar su reconstrucción interna. El rechazo al Plan Marshall, no fue por razones ideológicas, como se ha venido repitiendo desde su muerte, sino por preservar la independencia y soberanía nacional intactas, y la economía, en constante desarrollo, sin hipotecas foráneas.

La evolución hacia una apertura paulatina en los años 50, con acuerdos con los Estados Unidos, en 1953, y la incorporación a organismos internacionales como la ONU en 1955, sin desviación alguna de los intereses generales, marcó el inicio de una etapa de normalización diplomática, preservando un lógico distanciamiento del bloque comunista y de cautela con Europa, mostrando las debidas reservas con respecto a la integración europea, por la posible perdida de nuestra soberanía. En definitiva, era una política que preservaba el orden interno y la independencia nacional. Todo ello fue dinamitado a su muerte.

Acabada la II Guerra Mundial y entregada media Europa, incluida Alemania, al totalitarismo comunista, no obstante, las advertencias de Franco sobre su ideología y previsibles resultados; la política exterior española mantiene, como eje central, la reivindicación de su soberanía sobre Gibraltar, después de no aceptar la propuesta de Hitler de devolverla si rompía la neutralidad, y del incumplimiento de Churchill de dejar la colonia, si mantenía, en la Guerra, la neutralidad de España. Esa reivindicación es intemporal e imprescriptible para recuperar una parte del suelo patrio, arbitrariamente perdido e injustamente mantenido.

Jaime de Piniés y Rubio, en ese momento histórico, representante permanente de España ante las Naciones Unidas, abordó el contencioso de Gibraltar desde una perspectiva jurídica, histórica y diplomática, con gran solidez argumentativa. Su tesis se centra en que la situación de Gibraltar constituye un caso clásico de colonialismo, cuya existencia contraviene los principios de la Carta de las Naciones Unidas y las resoluciones específicas sobre descolonización. Desde la inscripción de Gibraltar como territorio no autónomo por el Reino Unido en 1946, la posición española se fortaleció jurídicamente en el ámbito de la ONU. España insistió en que Gibraltar debía ser objeto de un proceso de descolonización basado en la integridad territorial y no en la autodeterminación, dado que los habitantes actuales de Gibraltar no eran un “pueblo colonizado” en el sentido de la doctrina de la ONU, sino una población implantada por el poder colonial tras la cesión territorial de 1713. Los siete puntos básicos de la reivindicación los expuso, con claridad meridiana, el Embajador español en las Naciones Unidas.

I) La introducción al contencioso de Gibraltar comienza con la exposición en la sede de Naciones Unidas, aclarando que la cuestión de Gibraltar no es un problema bilateral hispano-británico, sin más, sino un caso internacional de descolonización inconclusa que incumbe a las Naciones Unidas. La cesión del Peñón a Gran Bretaña en el Tratado de Utrecht de 1713 no incluía soberanía territorial plena, ni el istmo adyacente, ocupado posteriormente sin base jurídica. Además, según ese mismo tratado, si Gran Bretaña decidía deshacerse de Gibraltar, debía ofrecerlo primero a España, lo que invalida cualquier decisión unilateral británica posterior.

II) Inscripción en la ONU y fundamentación legal. Desde que Gibraltar fue incluido en la lista de territorios no autónomos en 1946, se abrió un camino legal internacional hacia su descolonización. De Piniés sostiene que este proceso debía realizarse bajo los principios establecidos por la resolución 1514 (XV), que proclama la necesidad de poner fin al colonialismo en todas sus formas, y la resolución 1541 (XV), que define qué constituye una libre asociación con el antiguo poder colonial.

España rechazó la aplicación automática del principio de autodeterminación al caso de Gibraltar, señalando que no puede haber autodeterminación para una población artificialmente creada por el colonizador. En cambio, propugnó el principio de integridad territorial, consagrado en la misma resolución 1514 y reforzado por la jurisprudencia internacional, como el principio aplicable.

III) Posición y argumentos españoles. En las intervenciones ante la ONU, De Piniés reitera que la situación de Gibraltar es un residuo del colonialismo que no puede perpetuarse. Insiste en que el pueblo gibraltareño no constituye un pueblo colonizado, sino una población sustitutiva. Esto se debe a que la población original fue expulsada en el siglo XVIII y reemplazada por súbditos británicos o inmigrantes bajo control británico. Por tanto, no se les puede reconocer el derecho de decidir unilateralmente sobre la soberanía del territorio que ocupan.

España propuso fórmulas generosas de integración, incluyendo un estatuto especial para Gibraltar dentro de la estructura constitucional española, con plenas garantías para la lengua, la cultura, las instituciones locales y el bienestar económico de sus habitantes.

IV) Actitud del Reino Unido y reacción española. En 1967, el Reino Unido celebró un referéndum en Gibraltar en el que sus habitantes decidieron seguir bajo soberanía británica. España rechazó este referéndum por considerarlo contrario al derecho internacional, y particularmente a las resoluciones de la ONU. De Piniés lo denunció como un intento de consolidar el colonialismo bajo una falsa apariencia de democracia.

España interpretó esta actitud como una forma de obstaculizar el mandato de la ONU para resolver el caso por medios negociados. Piniés sostuvo que el Reino Unido violaba sus obligaciones internacionales al eludir la negociación bilateral que las resoluciones exigían, especialmente la resolución 2353 (XXII), que pedía a ambas partes dialogar para alcanzar una solución definitiva.

V) Papel de la ONU y logros diplomáticos. Durante las sesiones de la ONU, De Piniés desplegó un enfoque jurídico riguroso, acompañado de propuestas concretas para resolver el contencioso. España ofreció a los gibraltareños garantías de respeto a sus derechos civiles, idioma, religión, y un estatuto de autogobierno dentro del marco constitucional español, asegurando su bienestar y participación plena en la vida nacional. En innumerables sesiones del Comité de Descolonización y de la Asamblea General de la ONU, se consigue aprobar una secuencia de resoluciones favorables a su posición. Estas resoluciones reconocían la validez de la reclamación española y subrayaban la necesidad de una solución conforme al principio de integridad territorial.

En todas las cancillerías europeas se destacó que la inclusión constante del caso en el orden del día de la ONU, durante décadas, fue un triunfo diplomático que impidió la normalización de la situación colonial. También se denunció en el ámbito internacional que el Reino Unido intentaba llevar el caso como si se tratara de un asunto interno, cuando en realidad estaba sujeto a las normas internacionales de descolonización.

VI) Crítica al doble rasero internacional. Nuestro embajador reprochó el doble rasero con que las potencias occidentales aplicaban los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Mientras se presionaba a otros países a descolonizar territorios en África o Asia, en Europa se toleraba la persistencia de enclaves coloniales como Gibraltar. Esta hipocresía, según Piniés, minaba la credibilidad del sistema internacional y convertía a la ONU en un campo de batalla ideológico y geopolítico.

VII) En definitiva nuestra posición firme en la defensa de la españolidad de Gibraltar fue cerrada en el organismo internacional subrayando que España no pretendía vulnerar los derechos de los habitantes de Gibraltar, sino reintegrar a su territorio una porción que le pertenece legítimamente, ofreciendo para ello garantías plenas. Reafirmó la voluntad de España de lograr este objetivo por medios pacíficos, diplomáticos y conforme a derecho. Haciendo hincapié en que no podía aplicarse la autodeterminación a una población implantada artificialmente, como era el caso de los habitantes de Gibraltar tras el Tratado de Utrecht.

La recuperación de Gibraltar no es simplemente un objetivo nacionalista, sino un imperativo de justicia histórica y de legalidad internacional. A través de una diplomacia perseverante, España pretendía lograr la restauración de su integridad territorial por medios pacíficos, en sintonía con el espíritu y letra de las Naciones Unidas. Todo lo que no sea proponer la restitución de la soberanía de Gibraltar a España, con garantías para los gibraltareños, es mantener la colonización de una nación extranjera sobre una parte estratégica clave de nuestro territorio. Estas garantías deben incluir un estatuto especial dentro del ordenamiento español que preserve su idioma, cultura, instituciones y nivel de vida. La propuesta no busca alterar la realidad social del Peñón, sino corregir una anomalía histórica mediante la integración y respeto a los derechos individuales.

En dirección contraria caminamos, desde hace cincuenta años, convirtiéndose Gibraltar en sede del blanqueo de capitales, paraíso fiscal, entrada de mafias del narco, mano de obra barata, ampliación a costa de nuestra soberanía de su territorio y afrenta permanente a la dignidad nacional histórica y presente. El acuerdo tripartito que escenifica el actual gobierno viene a deslegitimar la política internacional llevada por España desde el mismo tratado de Utrecht, a delegar en una potencia supranacional, sin consolidar, los conflictos que se generen, y a renunciar a la reivindicación histórica más sangrante existente en Europa. ¡Con la defensa de nuestra integridad territorial que acaba de hacer el gobierno, no necesitamos enemigos!