Ánder Medina Alfonso
Sobre el autor:
Ánder Medina Alfonso es autor. En 2012 publicó el libro La voz de los tristes y varios relatos. El artículo recoge y desarrolla las líneas centrales de un trabajo de investigación jurídica realizado ese mismo año y presentado en la Facultad de Derecho de la UPV, Apuntes del Tradicionalismo en la España liberal (1808–1868), sobre legitimidad y orden político en la España contemporánea.
Destacado:
La obra política del Caudillo no puede comprenderse adecuadamente si se analiza únicamente desde […] el prisma, hoy dominante, de las libertades abstractas. Su sentido histórico más profundo reside en haber restituido, tras décadas de disgregación liberal y conflicto permanente, un orden moral objetivo, sin el cual ninguna legalidad puede sostenerse en el tiempo.
El problema de la legitimidad en España
La crónica decimonónica de España es arrollada por una sucesión de revoluciones, pronunciamientos, guerras civiles y divisiones partidistas que, lejos de poder explicarse como meros episodios coyunturales o accidentes propios del devenir histórico, evidencian el extravío profundo de una nación que, fuerte y cohesionada durante siglos, entra a partir del siglo XIX en un proceso de disolución. No se trata, por tanto, de una crisis puntual, sino de una quiebra estructural cuya raíz debe buscarse en la ruptura de la continuidad histórica que había dado forma al orden tradicional de España.
A la luz de la Historia, y sin incurrir en ingenuidades retrospectivas, no puede dejar de colegirse —como señalara Don Melchor Ferrer— que la implantación de la dinastía borbónica introdujo una progresiva erosión de la tradición política heredada de los Austrias, tardando más de un siglo en identificarse con la idiosincrasia normativa, foral y religiosa que había vertebrado la vida política española. Esta erosión, inicialmente gradual, se tornó ruptura abierta con la irrupción del liberalismo revolucionario, que impuesto en un contexto de guerra, ocupación y minoría ideológica activa, fue presentado posteriormente como un proceso de emancipación nacional. La Constitución de Cádiz de 1812, emanada de unas Cortes reunidas en circunstancias excepcionales y carentes de legitimidad representativa plena, constituye el ejemplo paradigmático de esta ruptura, elevada después a mito fundacional.
Sin embargo, la imposición del constitucionalismo durante el Trienio Liberal, su rápida derogación y las profundas divisiones internas entre quienes se decían sus defensores evidencian que el nuevo sistema político no logró enraizar en la sociedad española. Lejos de cerrar la crisis, el liberalismo abrió una herida que marcaría los dos siglos siguientes, introduciendo un conflicto de legitimidad que ya no se resolvería mediante reformas parciales ni cambios de régimen.
Mi tesis es clara: la crisis de legitimidad en España tiene su origen en una ruptura jurídico-procesal concreta, agravada posteriormente por la incapacidad de recomposición doctrinal y política del orden quebrado. El conflicto sucesorio abierto en 1830 no fue un episodio secundario, sino la manifestación jurídica más clara de esa fractura.
Ruptura de la legitimidad: de la nulidad jurídica al conflicto político
La quiebra de la legitimidad en España tiene su núcleo en un problema jurídico preciso. La Ley Fundamental de Sucesión establecida en 1713 mediante el Auto Acordado de Felipe V no fue una disposición ordinaria, sino una norma de rango superior por haber sido acordada en Cortes y sancionada por el monarca, lo que exigía, para su modificación, un procedimiento igualmente reforzado. Las Cortes de 1789, convocadas para la jura del Príncipe de Asturias, carecían de los poderes especiales necesarios para alterar una ley fundamental, y no existe constancia de una sanción válida por parte de Carlos IV, extremo que queda además confirmado por la inclusión expresa de dicha ley en la Novísima Recopilación de 1805. La Pragmática Sanción publicada en 1830 se apoyó así en un acto jurídico inexistente, incurriendo en un vicio de forma insubsanable que la invalida ipso iure y abre una brecha duradera entre legalidad y legitimidad.
El carlismo surge como reacción política a esta ruptura objetiva del orden jurídico tradicional, al asumir la defensa de una legitimidad vulnerada por un liberalismo que había sustituido la continuidad histórica por construcciones ideológicas abstractas. Sin embargo, con el paso del tiempo, el movimiento fue incapaz de traducir esa defensa doctrinal en una forma estable de gobierno, viéndose atrapado por disputas internas, fracturas sucesorias y, finalmente, por la pérdida de su función originaria como principio de orden. Cuando la legitimidad deja de estar al servicio de la unidad política y se convierte en objeto de facción, pierde su capacidad estructurante y degenera en conflicto, agravado además por la ruptura de la unidad doctrinal católica que supuso el Concilio Vaticano II, cuyas consecuencias políticas fueron decisivas en la disolución del tradicionalismo como fuerza ordenadora.
Orden moral, autoridad y continuidad histórica
En este escenario de disolución doctrinal y fragmentación política, España se enfrentó en el siglo XX a una disyuntiva histórica; la alternativa ya no era entre tradición y liberalismo en abstracto, sino entre orden o descomposición. La respuesta que se impuso no pretendió resolver los viejos pleitos de legitimidad ni restaurar fórmulas históricas agotadas, sino recomponer el Estado, restablecer la autoridad y devolver a la nación una estructura de mando capaz de garantizar su unidad, su soberanía y su supervivencia histórica.
La obra política del Caudillo no puede comprenderse adecuadamente si se analiza únicamente desde categorías jurídico-formales o desde el prisma, hoy dominante, de las libertades abstractas. Su sentido histórico más profundo reside en haber restituido, tras décadas de disgregación liberal y conflicto permanente, un orden moral objetivo, sin el cual ninguna legalidad puede sostenerse en el tiempo. Frente a la concepción liberal del poder como mera técnica de administración del conflicto, se impuso una noción del Estado como principio de autoridad orientado al bien común, a la unidad nacional y a la preservación de los fundamentos espirituales de la comunidad política, reintegrando en la estructura del Estado principios esenciales de la tradición política española y neutralizando el legado revolucionario liberal. Francisco Franco no se limitó solo a la reconstrucción económica del país, sino que aspiró a recomponer el tejido moral de la nación, devolviendo centralidad a la idea de deber, jerarquía, sacrificio y responsabilidad, frente a una concepción de la política reducida a la suma de intereses individuales, infelizmente familiar hoy día.
Lo que el Régimen del 78 evidencia es que cuando la autoridad se disuelve y la moral objetiva es sustituida por el relativismo, reaparecen inevitablemente los mismos procesos de fragmentación, desarraigo y descomposición. No se trata de nostalgia ni de reivindicación acrítica del pasado, sino de una constatación histórica incómoda: sin orden moral no hay continuidad política posible, y toda legalidad que prescinde de él acaba devorando la nación que pretende gobernar.