LFU
El abierto y descarado desafío secesionista por parte de la corrompida y desvergonzada clase política nacionalista no desaprovecha ocasión para manifestarse mediáticamente, copar portadas y telediarios, en definitiva, hacer todo el ruido posible sabedor de que España es una nación en decadencia, quebrada en su interior por un sistema constitucional que alentó posibles virus desintegradores sin prever vacunas o remedios efectivos contra ellos.
El bochornoso espectáculo de ayer en el Congreso, la intolerable chulería de unos sujetos insultando a nuestra nación, y amenazando abiertamente a su gobierno con la insumisión manifiesta a cualquier ley que pudiera obligar a las instituciones autonómicas a respetar el derecho de cualquier padre a que su hijo pueda escolarizarse en la lengua oficial del Reino de España, no merecía una contestación tan medrosa, cabizbaja y acobardada por parte del Ministro de Educación, balbuceando que no pretendía en modo algún atacar a la escuela en catalán. ¡Pero qué es esto!, me revolvía en mi interior al escuchar la intervención del ministro, arrinconado y a la defensiva ante un desafío abierto y descarado por parte de unos cuantos forajidos envalentonados con acta de diputado.
Asistimos a una clamorosa quiebra del Estado de derecho, del principio de legalidad, donde la autoridad del Estado parece haber quedado limitada a su poder coactivo en materia tributaria para los millones de españoles –cada vez menos- que se levantan cada día para ganar honradamente su pan de cada día. Para esos que se desayunan cada día con noticias alusivas a la corrupción de unos y otros, de las cuentas en Suiza, de las sociedades pantalla, del 3%, de las comisiones millonarias que todos parecen conocer menos el fiscal, mientras escarban en sus bolsillos para juntar un euro con el que pagar su café. Esos que no entienden por qué carajo no existe una voz en el gobierno que se alce de una vez, con la legitimidad que le dan millones de votos prestados por la desesperación, para decir alto y claro un ¡Basta ya! que lo entiendan hasta los que lamentan que aún se hable el castellano en los colegios de Barcelona.
No podemos asistir inermes a un clima generalizado de impunidad que se ha instalado en la sociedad española. No podemos permanecer impasibles ante el desafío de quien presume ufano de pasarse por el arco del triunfo el principio de legalidad contestado con un silencio cobarde y acomplejado por parte de quienes representan las más altas magistraturas del Estado.
La misma sensación de apisonadora que provocan las providencias de apremio del Ayuntamiento ante una leve infracción de tráfico debe recaer de manera urgente sobre los genios de la disgregación que se esconden bajo los hongos de cada aldea. Los españoles necesitamos, ahora más que nunca, cuando se nos exigen sacrificios sobrehumanos, que el Gobierno no haga dejación de su poder y utilice todos los resortes que están a su disposición para demostrar que con el Estado de derecho no se juega. Hasta las últimas consecuencias. Porque es muy posible que el ardor nacionalista acabe arrugándose cuando el pueblo que no llega a fin de mes vea desfilar caminito de Jerez a los patriarcas mesiánicos que se lo han estado llevando calentito con bolsas del corteinglés mientras se enfundaban en la bandera para cubrir su propia iniquidad y su colosal desvergüenza.