Situación insostenible

 

      

 

 

   La sistemática destrucción de empleo en España y la elevada presión fiscal, que están destruyendo a la clase media española, junto a la interminable sucesión de escándalos de corrupción, malversación y blanqueo de capitales, en que se ven envueltos muchos de los principales personajes de los partidos políticos, apenas provoca ya en los españoles más efecto que el de la decepción. No quedan arrestos ni para la protesta, y la reacción al rechazo apenas se produce porque, según el dicho, la costumbre se hace ley. Además, las previsiones anuncian más recortes, con nuevas propuestas para las pensiones y un trabajo de poca calidad y sin continuidad. La opinión que sobre España tienen en el extranjero es deprimente para los españoles y, con algunas excepciones, el número de escándalos, a los que parece ajena la casta política, salpica a todos por igual. 

 

   A través del correo electrónico, que es como una “mosca cojonera” de nuestro tiempo, he recibido dos mensajes sobre la moral de los políticos: uno se refiere a la lista de Sus Señorías que, con piso en propiedad en la capital de España, cobran la indemnización correspondiente de 1800 euros mensuales por alojamiento, en los supuestos desplazamientos que estos diputadas/os tienen que hacer cuando vienen a Madrid para asistir a los plenos. El segundo se refiere a la lista de imputados por asuntos de corrupción. 

 

   La relación de diputadas y diputados que tienen viviendas en propiedad en Madrid y cobran la citada indemnización se compone de un total de 62 personas, y el cálculo del coste anual por este concepto se estima en más de un millón trescientos mil euros. Según este correo, hay diputados que poseen no una sino varias viviendas en la capital de España (bueno, dejémoslo sólo en Madrid), y entre ellos está el mismísimo ministro de Hacienda, señor Montoro, con tres viviendas en Madrid, pero que dada su condición de diputado por Murcia, no renuncia a cobrar las dietas por alojamiento y manutención, como los demás. 

 

   De los sesenta y dos diputados que supuestamente son propietarios de una o más viviendas en Madrid, pero que cobran la indemnización que da el Congreso por este concepto, 41 son del Partido Popular, 20 del PSOE, 1 de CIU y 1 de CC. 

 

   El segundo correo electrónico contiene datos más aplastantes: 127 políticos en ejercicio, han sido o están siendo imputados por asuntos de corrupción y, de entre ellos, hay uno condenado, incluso, e inhabilitado por omisión al deber de perseguir delitos urbanísticos, si bien sigue ejerciendo, al parecer, por haber recurrido la sentencia. 

 

   Prevaricación, malversación, cohecho, fraude, blanqueo de capitales y cobros por comisiones son los asuntos que tienen bajo sospecha de los jueces a esta larga nómina de políticos. Por Comunidades Autónomas, y para los amantes de las estadísticas, digamos que el 30 por ciento pertenecen a la Comunidad de Madrid, el 25 por ciento a la de Andalucía; el 11 por ciento pertenecen a la de Canarias mientras que Galicia y Valencia se reparten, respectivamente, el 10 por ciento y el 7 por ciento y Cataluña el 5. Y en cuanto a la pertenencia política de los mismos diremos que abundan los del Partido Popular, seguidos por el PSOE y en menor medida Izquierda Unida, Convergencia y Unión, Coalición Canaria y luego representantes de partidos menores de ámbito local en las distintas CCAA.