La segunda transición y la manipulación de la historia

 

 

 

 

   Moisés Domínguez Núñez -generoso colaborador del Foro Historia en Libertad- ha honrado el pasado 14 de agosto las páginas de nuestro suplemento, rescatando del olvido un lejano episodio ocurrido en 1976: La “matanza” de Badajoz, caso sobreseído.

 

   Coincidiendo con las primeras iniciativas en torno a la “reforma política”, una serie de periodistas, vinculados a posiciones rupturistas, acentuaron la tendencia a una concepción sesgada y militante de la historia utilizando a su servicio los medios de comunicación. Se empleaban así los episodios del pasado con la intención de contribuir a desacreditar y desmoralizar al adversario político, resucitando la división entre españoles y las viejas raíces de frustración e injusticia que habían desembocado en la Guerra Civil de 1936. El responsable del caso ahora comentado en el artículo de Moisés Domínguez tuvo que enfrentarse a la acción de la justicia militar bajo la acusación de vulnerar los límites legalmente impuestos a la llamada “libertad de expresión”[1].

 

   Pocos meses después, el general Salas Larrazábal publicaría un libro en el que se ocupaba ampliamente de la violencia en ambas retaguardias durante la Guerra Civil y la posguerra. La diferencia de objetivos entre artículos como el divulgado en la Hoja del Lunes pacense y la investigación del historiador que hemos citado radica en que este último se proponía «rescatar el tema [las pérdidas humanas en la Guerra Civil Española] de ese terreno beligerante, condicionado por solicitaciones más o menos interesadas en ofrecer una determinada y preconcebida imagen de los hechos, y devolverlo al limpio campo de la investigación histórica»[2].

 

   A pesar de que el intento era tan burdo, y los argumentos tan falaces pues se limitaban a repetir un texto ayuno de cualquier lectura crítica redactado por el historiador comunista Manuel Tuñón de Lara[3], el episodio de la Hoja del Lunes quedó en tablas y una amnistía impidió determinar si la Ley daba la razón al periodista o a sus acusadores. En poco tiempo se impuso la ley del silencio y nadie parecía interesado en aclarar lo ocurrido en Badajoz el 14 de agosto de 1936.

 

 

A partir de entonces, la tendencia que se impuso mayoritariamente en la izquierda optó por esconder provisionalmente el fantasma del guerracivilismo y marginar a sus más conspicuos representantes (incluso un exultante y juvenil González ocuparía el lugar que parecía reservado para Santiago Carrillo, implicado en tantos episodios oscuros). En ese contexto era mejor no aclarar las cosas, dejando que los bulos de la propaganda y el desconocimiento del pasado siguieran haciendo su labor… Y favoreciendo la difusión de los mitos izquierdistas como venía ocurriendo en los últimos años a consecuencia de la equívoca política de “reconciliación” promovida desde el propio Estado. Basta señalar que los más famosos libros de Tuñón de Lara publicados en el extranjero en 1961 y 1966, pudieron publicarse poco después en España (La España del siglo XIX y La España del siglo XX, Barcelona: Laia, 1974).

 

   Al mismo tiempo, los representantes políticos, militares y judiciales del Régimen todavía vigente se apresuraban a garantizar su acomodo en la operación de transición diseñada, sin el menor interés por defender a las figuras históricas del pasado y, menos aún, a su justificación moral e histórica. No tanto por el temor de enfrentarse a presuntas responsabilidades (es notorio que las leyes de amnistía favorecieron fundamentalmente a los terroristas de ultraizquierda) sino por la necesidad de que la izquierda les concediera acomodo, renunciando a viejas reivindicaciones republicanas y socializantes, y sumándose al proceso de transición política consensuado.

 

   Al final, se imponían las concepciones del Régimen que lo motejaron de “franquismo” y lo entendieron como un expediente transitorio, nacido de unas circunstancias excepcionales, improrrogable a la muerte de Franco y dando por descartadas las fórmulas que habían buscado la superación teórico-práctica del socialismo y de la democracia liberal que ahora regresaban triunfantes e impolutos, aparentemente sin ninguna responsabilidad en lo hasta entonces ocurrido[4]. Durante mucho tiempo (¿todavía hoy?) “la culpa de todo” sería de Franco y casi cuarenta años después de su muerte, se han proclamado “antifranquistas” o se puede considerar como tales a Carod Rovira, De Juana Chaos, Rubalcaba, Rajoy, Alfonso Guerra, Josu Ternera, Mas, Carrillo, Chacón, Cebrián, Arenas, Camps, Roldán, Odón Elorza, Setién, Basagoiti, Arzallus o Esperanza Aguirre… La propia enumeración y la flaqueza de los personajes apuntados en el elenco, y de otros que pudieran aducirse hasta agotar la lista, basta para descalificar a la posición adoptada sin necesidad de entrar en más polémicas.

 

   El mismo que, en 1969, aseguraba haber recibido del Jefe del Estado «la legitimidad política surgida el 18 de julio de 1936, en medio de tantos sacrificios, de tantos sufrimientos, tristes, pero necesarios, para que nuestra patria encauzase de nuevo su destino»[5] , era aún más firme en 1975 al advertir que:

 

   “El nombre de Francisco Franco será ya un jalón del acontecer español y un hito al que será imposible dejar de referirse para entender la clave de nuestra vida política contemporánea. Con respeto y gratitud quiero recordar la figura de quien durante tantos años asumió la pesada responsabilidad de conducir la gobernación del Estado. Su recuerdo constituirá para, mí una exigencia de comportamiento y de lealtad para con las funciones que asumo al servicio de la patria. Es de pueblos grandes y nobles el saber recordar a quienes dedicaron su vida al servicio de un ideal. España nunca podrá olvidar a quien como soldado y estadista ha consagrado toda la existencia a su servicio“[6].

 

   Pero ni el que pronunció estas palabras ni los que las aplaudieron, pusieron el más mínimo interés en concretarlas en medidas eficaces, ni desde el punto de vista jurídico, ni, menos aún, en lo que a la investigación histórica y al reconocimiento público se refiere. Para Franco y los hombres que, a sus órdenes, acaban de llevar a cabo la transformación histórica de España, no hubo Ley que amparase su memoria. Y eso que políticos como el Director General de Política Interior, Enrique Sánchez de León, había avalado el proceso de transición ante las cámaras de TVE con el irrefutable argumento de que «Franco hubiera votado sí»[7].

 

   Al negar la legitimidad de origen y de ejercicio del anterior Régimen político, se acabó configurando una sedicente Constitución cuyas raíces inmediatas nadie quería reconocer en el sistema hasta entonces vigente y se abría paso a dos posiciones.

 

   -El inestable salto en el vacío que pretenden los representantes del actual centro-derecha renunciando a cualquier vinculación con el pasado. El PP es un partido “sin historia”, más allá de sus sucesivas refundaciones, dirigentes quemados y cambios de estética.

   -La continuidad proclamada entre los postulados que sostienen en la actualidad socialistas, comunistas y regionalistas de izquierda y los que impusieron sus ya lejanos e idealizados antepasados. Lógicamente, silenciando las raíces familiares cuando proceden de conspicuas familias que no se caracterizaron precisamente por el “antifranquismo”. Las carencias intelectuales y la frivolidad de los escenarios políticos diseñados por Fraga, Aznar y Rajoy han favorecido la absoluta hegemonía de este revisionismo neo-republicano.

 

 

   Una vez que el rotundo fracaso de los gestores centristas dejó el poder en manos de la izquierda, las víctimas de la guerra volvieron a ser agitadas unilateralmente desde los gobiernos, autonomías y ayuntamientos que comenzaron a desmantelar el legado monumental e histórico vinculado a la España de Franco. Al tiempo, promovían una imagen en la que la Segunda República, la zona roja y la oposición “antifranquista” adquirían caracteres de paraíso, sin mezcla de mal alguno, y sus protagonistas eran presentados como seres a los que caracterizaban todas las virtudes humanas y democráticas.

 

   Además, en las décadas de los ochenta y los noventa fraguó una historiografía neo-republicana, obra de autores vinculados a tendencias políticas de esta naturaleza, que se limitaba a repetir los tópicos de la propaganda frentepopulista (en sus diferentes versiones, comunista, socialdemócrata y hasta anarquista) aderezándola con formulaciones más o menos retóricas.

 

   Si en un primer momento se notaba un predominio de los marcos interpretativos vinculados a formas cada vez más depauperadas del materialismo histórico, una vez que el Partido Socialista y, más tarde, el Gobierno presidido por Rodríguez Zapatero hizo suyos los planteamientos de la llamada recuperación de la memoria histórica, la mayoría de las aportaciones hechas desde el ámbito universitario se han subordinado a esta tendencia que se mueve en límites extra-históricos para alcanzar exclusivamente fines políticos e ideológicos. Una práctica de publicaciones oficiales sometida a criterios generalmente ajenos a lo científico, con aplicación de formas nada sibilinas de censura, dificulta notablemente la difusión de obras al margen de estos planteamientos.

 

   Al igual que el artículo publicado en Badajoz en 1976, la llamada recuperación de la memoria histórica forma parte de un proyecto que desborda la simple naturaleza política y tiene necesidad de un holocausto, de un genocidio para la descalificación sin paliativos de un bando nacional enfangado en sangre[8], primer paso para la posterior reivindicación del Frente Popular. Por eso, alguno de los más caracterizados representantes de la corriente plantea tan peculiar ofensiva en términos de dialéctica militante al hablar de “lucha en torno a la interpretación del pasado” o de “lucha historiográfica en torno a la represión franquista”

 

   No basta, podemos decir incluso que es contraproducente, la restricción de fondos públicos asignados a las iniciativas promovidas al amparo de la mal llamada Ley de memoria histórica que viene aplicando el actual Gobierno bajo la presión de las limitaciones presupuestarias. No basta con esperar de brazos cruzados a que la izquierda vuelva al poder o sean necesarios sus votos (como ya ocurre en ciertas autonomías y ayuntamientos) para que los neo-republicanos vuelvan a tomar la iniciativa y los populares se mantengan bovinamente a su retaguardia, apoyando tímidamente sus manipulaciones y sus mentiras, mendigando una legitimidad histórica y moral que parecen precisar que les otorgue la izquierda.

 

   Una izquierda que ha demostrado cumplidamente, a lo largo de estos años, que tiene un proyecto de transformación social (del que forma parte la memoria histórica) y un instrumento político que utiliza para imponer ese proyecto: el PSOE y sus fuerzas parasitarias. Por el contrario, la organización que se ha adjudicado la arbitraria e inestable posición del centro derecha, enfeudada a su liberalismo que es primero ideológico y luego económico, carece de cualquier referencia moral e histórica que vaya más allá de la pura gestión del poder inmediato. Por eso, el importante trabajo a nivel individual de numerosos historiadores que han dinamitado los soportes intelectuales de los mitos frentepopulistas carece, hasta ahora, de la necesaria proyección social en lo que a los usos públicos y académicos de la historia se refiere. Un símbolo gráfico de lo que decimos fue la retirada de la estatua ecuestre del Generalísimo hasta entonces ubicada en los Nuevos Ministerios mientras, a escasos metros, sobreviven las dedicadas a los golpistas Prieto y Largo Caballero, responsables de numerosas prácticas violentas aplicadas por el PSOE antes y durante la Guerra Civil.

 

 

   La “primera transición” desembocó en la restauración de las formas políticas liberales en paralelo a un proceso de desmembración de la unidad de España y de imposición de una cultura dominante de naturaleza esencialmente anticristiana. Desde 2004, cuando el terrorismo logró invertir la política interna y externa, se inició una “segunda transición” que tiene como objetivo consumar la ruptura que no fue posible en 1976 convirtiendo al sistema parlamentario en fase temporal hacia una nueva sociedad fácilmente reconocible en aquellos lugares donde ya se han aplicado las consignas del neo-socialismo de inspiración gramsciana.

 

   Al servicio de este proyecto, la versión hoy dominante acerca de la España contemporánea es una auténtica falsificación historiográfica sostenida con millones de euros que sostienen a toda una casta de verdaderos “lisenkos” (en expresión de Pío Moa) y respaldada por el aparato pseudo-jurídico de la llamada Ley de Memoria Histórica.

 

   Ahora bien, una sociedad no se sostiene sobre la mera coexistencia ni puede ser indiscriminadamente abierta. La comunidad política descansa sobre un entramado de virtudes y valores comunitariamente aceptados y cordialmente vividos que es lo que Wilhelmsen y Kendall han llamado la ortodoxia pública y que supone la consideración de ciertas verdades como valores absolutos. Sobre estos principios deben fundamentarse los llamados “usos públicos de la Historia”, y nunca desde la ignorancia o la falsificación de este pasado, promovida por los voceros de una “recuperación de la memoria histórica” sostenida por todas las organizaciones políticas del arco parlamentario.

 

   Porque la historia se puede concebir como ciencia al servicio de la paz, la concordia y el diálogo o utilizarla al servicio de sus intereses, como viene haciendo en España la oligarquía política, consciente de la importancia que la cultura tiene en su ofensiva para consolidarse en el poder cambiando la esencia de la sociedad española.

 

   Ofensiva que solamente cambiará de dirección cuando esa misma sociedad comience a respaldar a las opciones políticas que están dispuestas a neutralizarla y abandone a quienes (como el Partido Popular) se limitan a figurar en su retaguardia, asumiendo las conquistas de la izquierda con veinte años de retraso y consolidando sus iniciativas legales y su totalitario proyecto social. Por eso es necesario exigir al Gobierno una respuesta positiva a las iniciativas para conseguir la derogación de la llamada “Ley de Memoria Histórica”.

 

 

[1] Ley 14/1966, de 18 de marzo, de Prensa e Imprenta; artículo 2: «La libertad de expresión y el derecho a la difusión de informaciones, reconocidas en el artículo primero, no tendrán más limitaciones que las impuestas por las leyes. Son limitaciones: el respeto a la verdad y a la moral; el acatamiento a la Ley de Principios del Movimiento Nacional y demás Leyes Fundamentales; las exigencias de la defensa Nacional, de la seguridad del Estado y del mantenimiento del orden público interior y la paz exterior; el debido respeto a la Instituciones y a las personas en la crítica de la acción política y administrativa; la independencia de los Tribunales, y la salvaguardia de la intimidad y del honor personal y familiar» (BOE, 19 de marzo de 1966).

 

[2] Ramón SALAS LARRAZÁBAL, Pérdidas de la guerra, Barcelona: Planeta, 1977, págs. 29-30.

 

[3] Tuñón, probable agente del KGB, según Jorge Semprún, había dirigido durante la guerra laEscuela de Cuadros de la estalinista Juventud Socialista Unificada. Sus cursos y seminarios en Francia funcionaron como una auténtica escuela destinada a infiltrar a sus adeptos en la universidad y en la prensa españolas y para propagar desde ellas el materialismo histórico y la visión comunista de la república y la guerra civil. En España encontró la absoluta falta de defensas ideológicas del Régimen y el apoyo de profesores conservadores ansiosos de de que les fuera otorgado aval de “progresismo”.

 

[4] Cfr. Pío MOA, Franco (Un balance histórico), Barcelona: Planeta, 2005, págs. 90 y 169-170. Franco sostenía esta última posición mientras que la primera y triunfante no explica la trayectoria del Nuevo Estado ni su verdadera continuidad institucional entre la muerte del Caudillo y la demolición de las Leyes Fundamentales. En la imposición de la tendencia finalmente hegemónica parece decisiva la evolución oficial de la Iglesia que tiene su expresión en los textos del Concilio Vaticano II, en la política eclesiástica que promovió su aplicación y en las personas y organizaciones que gestionaron las posiciones dominantes a partir de 1959.

 

[5] Cit.en: Palabras de su Alteza Real el Príncipe de España Don Juan Carlos de Borbón y Borbón, Madrid: 1974, pág. 21.

 

[6] Cit.por Antonio FERNÁNDEZ GARCÍA (et all.), Documentos de Historia Contemporánea de España, Madrid: Actas, 1996, pág. 640.

 

[7] ABC, Madrid, 9-diciembre-1976, pág. 95.

 

[8] «Sobre Badajoz ha pervivido y aún pervive la memoria del miedo, la memoria de la sangre y su inextinguible leyenda, porque debajo de esa memoria y de esa leyenda hay una brutal e insoslayable realidad: sangre inocente, ríos de sangre ―en el sentido literal de la expresión― absurdos e inútiles, que empañan todo pretendido idealismo, que enlodan la más sagrada de las causas», Alberto REIG TAPIA, Memoria de la Guerra Civil. Los mitos de la tribu, Madrid: Alianza Editorial, 1999, pág. 110. Nunca se precisan las dimensiones del caudal de sangre que necesitan Reig Tapia y los seguidores del revisionismo neo-republicano para sacar semejante conclusión de la derramada por el Frente Popular entre sus adversarios, incluyendo a los situados en la propia izquierda.