¿Cuánto cuesta la renta básica?, por José Manuel Cansino

 

 

 

 

   La renta básica es una asignación monetaria pública incondicionada y universal, sin contrapartida ni compromiso alguno. Hay quienes la defienden con una herramienta eficaz de lucha contra la pobreza; una pobreza agravada en países como España (con especial impacto en la población infantil) pero que se reduce a nivel mundial. Esto se debe a que la recesión europea coincide en el tiempo con el crecimiento galopante en países con grandes bolsas de pobreza. También los hay que la defienden como una manera eficaz de garantizar el derecho a la vida de todo ser humano por razón de serlo. Finalmente, es fácil encontrar defensores de la misma por razones indisimuladas de populismo electoral.

 

   Para hablar de pobreza hay que hacerlo con gran esfuerzo de rigor. Así que esta cuestión, también lo merece. Hay dos formas de abordar económicamente el análisis de la renta básica universal. La primera es valorar su coste y su viabilidad financiera. La segunda es anticipar sus posibles efectos económicos.

 

   El profesor Juan Gimeno, acaba de publicar un cálculo de su coste en la revista Presupuesto Gasto Público. Ese coste ascendería a 75.477 millones (M) de euros de 2010. Para expresarlos en euros de 2014 habría que añadirles, simplificadamente, la inflación. Pero esa cifra implicaría un aumento del gasto público total mucho menor y que se quedaría en 24.000 M de euros ¿Como es esto posible?

 

   Para este economista especializado en finanzas públicas, la renta básica incluiría buena parte de las prestaciones de renta mínima que ahora existen. En definitiva, ya habría un conjunto de españoles que la están recibiendo.  Por ejemplo, las pensiones no contributivas. También considera que la renta básica estaría incluida en las pensiones contributivas aunque estas fuesen de mayor cuantía. Así, la prestación contributiva -por ejemplo una pensión de jubilación- estaría compuesta por una parte fija (la renta básica) y otra variable en función del volumen de cotización que el jubilado hubiese hecho a lo largo de su vida laboral. Lo anterior significa que habría que considerar que los españoles que cobran una pensión no contributiva y los que cobran los complementos a mínimos de una pensión contribuitva, ya estarían incluidos en el cálculo de coste y no habría que contabilizar esta cantidad como ‘nuevo gasto público’  porque ya existe. Cuando se repite este calculo incluyendo todas las prestaciones que ya funcionan como renta básica, el autor sostiene que se cuenta de partida con unos 21.000 M y sólo habría que financiar el resto hasta 75.477 M. Esta cantidad adicional propone financiarla con un ahorro de costes administrativos de 2.500 M de euros. La explicación estaría en que este mecanismo es mucho más sencillo que la actual complejidad de normas autonómicas y estatales relacionadas con el conjunto de programas de garantías de rentas en vigor. Añade a esto 26.150 M de euros que provendrían de ‘ajustes fiscales’ o subida de impuestos que se les practicarían a las rentas más altas cuyo esfuerzo fiscal, por esta razón, aumentaría. El resultado serían los aproximadamente 24.000 M de euros ‘nuevos’ que habría que añadir al gasto público. Por tanto, la viabilidad financiera de la renta básica dependería de si existe esta capacidad de gasto adicional.

 

   Con estos números se garantizaría una renta mínima de 396,32 € al mes y 4.755,8 € al año, equivalente a la actual pensión mínima no contributiva. A ella -propone- tendrían derecho todos los residentes legales en España adultos y emancipados. Cada hijo recibiría el 30% de la renta básica de forma que un hogar con el padre, la madre y dos hijos tendría garantizada una renta anual de 12.365,08 € euros con cargo al Estado.

 

   Ahora viene la otra parte del análisis de esta cuestión; los efectos económicos. Los cálculos de Gimeno están hechos sobre el supuesto de que nadie varia su oferta de trabajo, la recaudación impositiva permanece constante y no se produce efecto llamada de población extranjera ¿Es posible tener en cuenta esto en el cálculo? La respuesta es sí y no. Lo que es posible es hacer unos cálculos simulados. Esto es, tomar una importante muestra de la población, realizar una encuesta fiable sobre si, por ejemplo, a) estaría dispuesta toda la unidad familiar a trabajar lo mismo antes y después de percibir la renta básica y, particularmente, b) estaría dispuesta la ‘segunda renta del hogar’ (la menos cuantiosa) a seguir trabajando incluso teniendo garantizados unos ingresos básicos. A partir de esta encuesta se podría hacer una estimación del comportamiento de la oferta de trabajo española en el sentido de ver si la renta básica desincentivaria el esfuerzo (la principal crítica de muchos economistas), con efectos fatales para la economía. Los resultados tendrían que ser robustos, lo que técnicamente significa que idealmente tendrían que tener alrededor de un 90 o 95 % de confianza.

 

   Pero a la propuesta de la renta básica hay que añadirle otras valoraciones. Por ejemplo, la Sociología nos dice en boca de algunos de sus representantes que en la visión de las cosas conviven dos maneras de contemplar a nuestros semejantes. Para unos los seres humanos son esencialmente iguales y para otros son esencialmente desiguales. El esfuerzo compensador de las desigualdades económicas es mucho mayor dependiendo de las perspectiva que se adopte. Quizás en la segunda forma de verlo hay una secular desconfianza en la capacidad del ser humano de autosuperarse y una vindicación de alguna fórmula de paternalismo sin el que la Humanidad no puede convivir. Otra valoración es que la renta básica deja en manos del Estado la acción compensatoria hacia los desiguales. Algo que en el último siglo se ha hecho conjuntamente con los mecanismos de solidaridad privada que las sociedades han desarrollado siempre por razones morales y/o religiosas. Supondria otorgar al Estado la posibilidad de ocupar un espacio más en detrimento de la sociedad civil.

 

   Por ultimo, esta propuesta de renta básica conllevaría la integración de todas las ‘rentas de inserción’ que ahora desarrollan varias Comunidades Autónomas en una única renta estatal de común acceso a todos los residentes legales en nuestra Nación. Habría que ver si están dispuestas.

 

   Sea como fuere, cualquier propuesta que intente paliar el problema de la pobreza merece una consideración detenida y en absoluto ser despachada con lugares comunes. Yo mismo no soy partidario de ella pero estoy dispuesto a oír a todos los que la defienden con rigor.