En torno a los papeles de García Lorca, por Francisco Torres García

 

 

 

   Curiosamente -¡caprichos del destino!- cuando en 1972 se colocó en el Teatro de la Comedia de Madrid una lápida recordando que allí se fundó Falange Española, hoy retirada por la corporación municipal del PP escudándose en una aplicación sin base de la llamada Ley de la Memoria Histórica, se representaba la incomparable Yerma de Federico García Lorca. Por ello, un periodista notorio, de esos que ya pensaban en el después de Franco, entre líneas, hizo referencia al asesinato de Federico y a la “responsabilidad” de los falangistas que ya empezaban a cargar con las “culpas” de casi todos. Otro periodista le contestó que a la hora de buscar responsables debiera mirar en otras orillas ideológicas.  

 

 

   Hace unos días el digital eldiario.es y la Cadena SER difundían, con gran revuelo mediático, las fotografías de un informe elaborado en 1965 por la 3ª Brigada de Investigación Social de la Jefatura Superior de Policía de Granada remitido al Gobernador Civil, probablemente en respuesta a la solicitud de información cursada al ministro Fernando María de Castiella por la escritora francesa Marcelle Auciair que trabajaba en un libro sobre García Lorca que vería la luz en 1968. Lógicamente los medios citados recurrieron al sensacionalismo para presentar estos documentos no dudando en iniciar una curiosa carrera de manipulación. Lo que realmente ha interesado a no pocos no es lo que pudieran aportar estos documentos -no mucho, ciertamente- sino poder mantener que Lorca fue asesinado por “masón, socialista y homosexual”, siendo pues un crimen político cuyo último responsable, naturalmente, se llamaría Francisco Franco.  

 

 

   En esa línea de interpretación el informe policial pasa a ser para la Cadena SER -grupo PRISA no lo olvidemos- la “versión franquista” del crimen, dándole un valor oficial a los documentos que en realidad no tienen. El País, que no podía faltar, con su habitual parcialidad en estos temas, anota a renglón seguido que “la dictadura ocultó el informe que la implicaba en el crimen de Lorca” y otro digital, panorama.es refería que estos papeles “certifican que Franco ordenó el asesinato”, pues eldiario.es ya había anunciado que los documentos “prueban la implicación del régimen en el asesinato”. Así hasta The Guardian ha dado la noticia afirmando: “Federico García Lorca was killed on official orders say 1960s police files” -anotemos en su descargo que el redactor lo ignora todo y ha hecho un refrito de los titulares españoles-. El Mundo, en pleno dislate, nos informaba de que “salen a la luz los documentos en los que el gobierno de Franco reconoce el asesinato” (todo el mundo sabe que  un informe de la policía es igual a la opinión de un gobierno). Remata El Plural, en pleno carnaval de la ignorancia y la manipulación, diciendo que lo descubierto nos revela que Federico “fue asesinado por la policía franquista”. Y para rematar hasta la página cristianosgay explica que “fuerzas falangistas procedieron a su detención”.  

 

 

   La manipulación está servida para alentar el guerracivilismo ideológico de la izquierda a costa del asesinato de García Lorca volviendo a exhumar los mitos de la guerra civil. Alguien debería recordar a estos ínclitos manipuladores que en agosto de 1936 no existía régimen franquista alguno y que Franco no era la autoridad máxima de los rebeldes, de hecho hasta el tres de agosto no formó parte de la Junta de Defensa y aunque las fuerzas del sur estaban bajo su mando militar el poder desde Sevilla a Granada lo ejercía el general Gonzalo Queipo de Llano. Tampoco, como hemos señalado, el informe de una jefatura policial de Granada es reflejo de la posición del gobierno en 1965 por mucho empeño que pongan en ello; y, por supuesto, quienes asesinaron a Lorca no formaban parte de una policía franquista que no existía, ni… 

 

 

   Algo más hay en la lectura parcial y manipuladora que han hecho los medios de los documentos citados: la ocultación de lo que confirman. Por ello han evitado transcribirlos  -como sería lógico-, para conseguir que se acepte su interpretación, salvo que alguien se deje la visión en el intento escudriñando en las reproducciones a baja resolución. Y si Franco es el culpable final de los hechos no es menos evidente cómo se esfuman los esfuerzos, confirmados en el documento, de los falangistas por salvar la vida del poeta. Invito a mis lectores, si no me creen, a que repasen la información publicada y vean como los manipuladores pasan sobre este asunto, e incluso llegan al extremo de El Plural de eliminar el significado ideológico de lo acontecido para decirnos simplemente que “los amigos de Lorca intercedieron por él”, lo que es una verdad a medias que  se transforma en la peor de las mentiras.  

 

 

   Dejemos a un lado que los papeles son un informe de hechos en los que no se entran a profundizar en los móviles reales del asesinato y en los que brilla la intención evidente de evitar la identificación de los responsables del crimen; que, en consonancia con la denuncia que causó el arresto de Federico que le llevó a la muerte, la detención se realizó bajo la acusación de “socialista, masón y homosexual” -¿demuestra esto que en 1965 aún se conservaba la denuncia que hoy parece desaparecida?-. Ahora bien, lo interesante es que la propia policía, en la Nota Informativa. Antecedentes, deja entrever la precariedad de algunas de las acusaciones: no había tenido actividades como socialista y se le “conceptuaba” así por sus manifestaciones y por su vinculación a Fernando de los Ríos; también en lo referente a una homosexualidad de sobra conocida la policía anota que “no hay antecedentes de ningún caso concreto en tal sentido” sobre sus “prácticas homosexuales”. Casi parece que fueran partícipes de la afirmación de Luis Rosales de que “le mataron por una calumnia”. Cierto es que nada de lo que se afirma es novedoso: ya estaba en el Expediente de Responsabilidades Políticas de Federico -de ahí sin duda recoge la policía sus datos- conocido de desde los años ochenta. Ahí aparecía el cuento de que era masón activo con el nombre Homero. Eso sí el “ideario comunista” es ya socialista y no se hace referencia a sus pretendidos poemas contra Dios -corrieron poemas falsos en Granada en 1936- o que casi fuera un hombre de Moscú (acusación habitual en los años de la guerra y los primeros de posguerra de que al final todo pasaba por Moscú y que hoy algunos recuperan como piedra filosofal de todas las explicaciones).  

 

 

   Lo que si avala el informe, cerrando toda especulación, pese a que los manipuladores hayan preferido dejarlo de lado o disimularlo, es el hecho cierto y conocido de que fueron varios los “antiguos falangistas” -camisas viejas- que “pretendieron su libertad”, citando textualmente a los hermanos Rosales, al jefe local José Díaz -de quien yo recuerde no se había hablado- y al jefe de milicias Cecilio Cirre. Y el informe confirma otro dato importante: las amenazas a quienes, pese a ser falangistas de antes de la guerra, habían protegido al poeta e intentado salvarle. Así los Rosales, además de la sanción (25.000 o 50.000 pesetas), según el documento, pudieran haber sido objeto de unas represalias que “evitó la Falange granadina”, aunque en realidad quien lo consiguiera fuera Narciso Perales, condecorado por José Antonio con la Palma de Plata, quien se hizo cargo de la jefatura del partido el 19 de agosto, dos días después del crimen. Pero estos datos merecen poco interés a los comentaristas, entre otras razones porque destruyen el mito oficial de esas versiones que suelen jugar con las verdades a medias como ha hecho el historiador izquierdista Santos Juliá al escribir: “para matar a Lorca hizo falta que las manos de fascistas de Falange, católicos de la CEDA, militares y guardias civiles rebeldes tuviera cada cual su parte del crimen”, reiterando que “unos falangistas, católicos, militares, guardias civiles lo empujaron y lo llevaron a matar”. Y si bien es cierto que un falangista de nueva camisa o de camisa-disfraz y familiar de Lorca participó en el crimen, que hubo milicianos azules a los que no importó ir a acordonar el cuartel de la Falange, no es menos cierto que falangistas de la primera hora le ocultaron, le protegieron e intentaron evitar su asesinato; pero, evidentemente, esto mejor es no mencionarlo.  

 

 

   ¿Y Franco? Otro de los documentos nos habla de las posiciones en 1965 del Ministro de Exteriores y del Ministro de Información y Turismo, partidarios de dar a conocer los datos oficiales que se tuvieran sobre el asesinato de García Lorca a raíz de la petición efectuada por la escritora francesa aludida, por lo que trataron de convencer al Ministro de la Gobernación, general Camilo Alonso Vega, quien debió ordenar a la comisaría de Granada realizar el informe. No sabemos si esta cuestión llegó hasta Franco quien sí tenía informes sobre el caso.  

 

 

   Ian Gibson, conocido experto en la figura de García Lorca, hispanista de izquierdas, defensor de la vinculación del poeta al Frente Popular, ha sido contundente con respecto a la posible responsabilidad del Generalísimo: “Ni Franco era Franco entonces y quien manda en Andalucía es Gonzalo Queipo de Llano y Franco no intervino para nada en lo que pasó con Lorca”. Pero esta afirmación carece de importancia, como hemos visto, para la pléyade de manipuladores.  

 

 

   El documento, que relata con evidente parecido a lo publicado hasta hoy lo referido a la detención, nos dice que después de la misma los “datos que pudieran adquirirse son muy confusos” entre otras razones porque desde aquel verano de 1936 ya nadie quería ser responsable de un crimen que la izquierda y los medios internacionales exhibía como acusación contra los rebeldes. Si creemos el testimonio del falangista Joaquín Romero Murube con autorización de Franco investigó los hechos en Granada poco después y acabó determinando, aunque pocos querían hablar, que el crimen fue perpetrado por los descontrolados que actuaban en la Granada prácticamente rodeada por el enemigo en aquellas semanas. Franco asumió que esa era la realidad de los hechos y así lo explicó a los medios extranjeros en 1937 indicando que “como poeta su pérdida ha sido lamentable”. A esta versión se aferró hasta los años cincuenta, como lo demuestra algún comentario recogido por su primo Franco-Salgado. Aunque no está claro si la iniciativa fue de José María Pemán, en 1955 con autorización de Franco el poeta gaditano se entrevistó con los familiares de Lorca, algunos recién llegados del exilio, ofreciendo recuperar los restos de Federico para ser enterrados en el Valle de los Caídos. La familia se negó.  

 

 

   En 1959 el general Eisenhower, presidente de los EEUU, visitó España. Resulta que en su entrevista con el Generalísimo habló del asesinato de García Lorca. Franco mantuvo la versión de que fue obra de los descontrolados al principio de la guerra. Ike le indicó que no era así y que la CIA había investigado el caso (Agustín Penón) por lo que le remitiría un informe. Franco ordenó abrir una investigación y poco después encargaría a Pemán la misión de localizar a los testigos que hubiera para poder recuperar los restos del poeta. En este sentido el informe de 1965 parece recoger los datos que se tenían, pues indica el paraje donde se debió producir el asesinato -que concuerda con la zona que hoy se estima más probable-  pero anotando que “es un lugar que se hace muy difícil de localizar”. La incógnita que nos asalta es si existe documentación referida a la investigación ordenada por Franco según los testimonios y si Ike le llegó a mandar el informe. Ahora bien, en 1960 no todo se podía averiguar porque la pieza clave, el principal protagonista, el comandante Valdés había fallecido.  

 

 

   Hoy sabemos, en realidad se conoce desde hace décadas, que García Lorca, refugiado en la casa de los Rosales, auténtico cuartel de la Falange de Granada en el verano de 1936, fue detenido a resultas de una denuncia falsa firmada y probablemente redactada por el diputado de la CEDA Ramón Ruiz Alonso pergeñada en la redacción del diario El Ideal; que no muy lejos andaban el también cedista Juan Trescastros y el jefe de la CEDA Juan García Alix. Muchos años más tarde Ramón Ruiz explicaría que lo que buscaban era darle un susto por orden de Queipo de Llano para conseguir localizar al odiado Fernando de los Rios. Pero detrás lo que latía era la lucha por el poder entre los falangistas y los cedistas, aunque todos llevaran camisa azul, por el control político y nada mejor que eliminar la influencia de los jefes de FE acusándoles de proteger a un denunciado. Que Ramón Ruiz temía la posible reacción de los falangistas lo demuestra que fuera a ver, como anota el documento, a Miguel Rosales para que le acompañara a su casa para proceder a la detención del poeta y el hecho, que algunos han negado pero el documento demuestra, de que para ello hombres armados en número importante rodearan la casa donde estaba refugiado FEDERICO. Si como dice el documento los datos en 1965 eran confusos lo que no ofrece al historiador muchas dudas son los hechos.  

 

 

   El susto inicial a Lorca, la amenaza a los Rosales, acabó en algo más. La vida de Lorca no fue protegida pese a la promesa de la autoridad a los falangistas. No sabemos quién decidió trasladar a Lorca a la antesala de la muerte, si fue una decisión del gobernador civil, pero sí, y lo anota el documento, que fue sacado del Gobierno Civil por “fuerzas dependientes del mismo”. Pero, ¿esas fuerzas eran soldados, milicianos, guardias civiles? Lo que nos dice la historia, ahí están los trabajos de Miguel Caballero y Antonio Ramos, es que en Granada pululaban a las órdenes del gobernador pero también operando por libre lo que se han denominado “escuadras negras”, y entre ellas había una vinculada a las milicias falangistas que Narciso Perales eliminó rápidamente cuando ocupó la Jefatura en agosto; que el comandante Valdés, afiliado a Falange en febrero de 1936, puesto ahí por los Rosales, prefería a los hombres de la CEDA, a los nuevos falangistas procedentes e las organizaciones derechistas, que entre sus colaboradores civiles bajo su mando estaban, por ejemplo, los Jiménez de Parga (aconsejaron a uno de los Rosales que no defendieran a un maricón, según los testimonios publicados); que una de esas escuadras se llevó a Federico y que en ella figuraba uno de sus primos, Antonio Benavides; que entre los próximos a la autoridad estaban sus familiares los Roldán Benavides y los Rodríguez Alba con los que estaba enfrentado. Se dieron prisa en asesinarlo porque era evidente que si le retenían sus poderosos amigos, tanto su padre como los falangistas, conseguirían su libertad.  

 

 

   La venganza de los asesinos es una realidad difícil de esquivar pese a que ahora con estos documentos -esa es la intención de la publicación- se trate de mantener que lo mataron por lo que lo detuvieron, por socialista y por masón -lo de por homosexual vino después- (los tiros al cabezón se transformaron en los tiros al maricón). Es también evidente que con la detención y la amenaza a los Rosales el gobernador civil trataba de afirmar su autoridad; que Ramón Ruiz, el exdiputado al que José Antonio llamó el “obrero domesticado” no permitiéndole ingresar en la Falange, esperaba, además de contribuir a que la CEDA, disfrazada de azul o sin disfrazar, ocupara el poder en la Granada de aquellas semanas, acceder nuevamente al Olimpo de la fama política y del poder, nunca pensó que aquella firma sería la responsable de su ostracismo social y político. Como anotó Luis Rosales, Lorca se convirtió en la “pieza necesaria para la ambición política de un cretino”. Después de los hechos todos los responsables indirectos, los que no habían apretado el gatillo del mismo modelo de mauser con el que se ejecutó a José Antonio, se escudaron, en sus recuerdos transmitidos a familiares, como última y única justificación, en unas teóricas órdenes dadas por Queipo de Llano. Si creemos el testimonio indirecto de Ramón Ruiz, años después, sería llamado por Franco para que explicara los hechos. Si mantuvo su versión debió responsabilizar a Valdés y a Queipo que ya habían muerto. Ahora probablemente volverá a cobrar fuerza la tesis de la orden de Queipo de Llano, porque andan los paladines de la memoria histórica intentando que sus restos sean sacados de la Iglesia que los guarda a los pies de la Macarena.  

 

 

   La realidad es que, como en 1948 escribía Pemán, fue “un episodio vil y desgraciado totalmente ajeno a toda responsabilidad e iniciativa oficial”, entendiendo por tal a Franco añado yo. Como apunta Pilar Tarres en los “desaciertos mortales” de Federico, el “destino le colocó en el lugar desacertado en el momento inoportuno”. Pero todo esto no quita al crimen ni el calificativo de execrable, ni permite que pueda admitirse justificación coyuntural alguna para los asesinos, ni que se olvide que fueron los “falangistas antiguos” los que inútilmente le protegieran e intentaran salvarle.