El pasado jueves 26 de abril el
Ayuntamiento de Madrid comenzó a retirar los rótulos de 51 calles de Madrid,
con ochenta años de antigüedad mínima. Una acción que va a causar al vecindario
un perjuicio económico de 57.3 millones de € según consta en el informe
pericial que esta Fundación aportó ante el juez para pedir la suspensión
cautelar del cambio de callejero.
Esta actuación se deriva de la interpretación que el Ayuntamiento
hace de la Sentencia número 289, de la Sección Segunda, de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que
resolvía el recurso de Apelación Nº 93/2018, dimanante de la pieza separada
que, sobre las medidas cautelares, había resuelto el Juzgado de lo Contencioso
nº 23 de Madrid; pieza Separada de Suspensión del Procedimiento nº.
255/2017-01. A partir de ahora y con independencia de la valoración que nos
merece la referida Sentencia y del respeto que manifiesta la misma hacia lo señalado
por el art. 728 LEC y toda vez que la sentencia no es firme consideramos que el
lugar donde defender nuestros postulados es en el Tribunal Supremos pues nos
parece contraria a derecho. De ahí que las consideraciones del presente
comunicado sean de naturaleza distinta, resumiéndolas en:
1.- El Ayuntamiento de Madrid, con
absoluto desprecio a la Ley, (solo los jueces pueden interpretarla y
aplicarla); al procedimiento judicial existente en el Juzgado de lo Contencioso
Nº 23, (de la que es parte como demandada); a la ética jurídica (lo resuelto
por el TSJ, sección 2ª, no afecta al fondo, sólo a la pieza separada de Medidas
Cautelares); al sentido común, ( no es razonable, hasta que la
controversia judicial del cambio de
calles adquiera la firmeza de una sentencia, actuar por la vía de hecho, ajena
al respeto debido a la justicia y de forma despótica y arbitraria); a los
vecinos y empresas existentes en esas calles (directos perjudicados del
arbitrario proceder municipal y cuya opinión no debe tener la consideración de
democrática); y a la historia y la cultura (solo los totalitarios, a lo largo
de la historia, han pretendido borrar el pasado, como referente de valor,
cultura y civilización) ha comenzado como se expresa al comienzo de este
Comunicado a cambiar el nombre a 51 calles.
2.- El Ayuntamiento de Madrid que preside
Carmena, burlando el derecho y hurtando el sometimiento al poder judicial, en
sus resoluciones, asume como pretexto la aplicación de la Ley de Memoria Histórica,
de dudosa constitucionalidad, con la pretendida finalidad de ampliar y
reconocer derechos a unos perseguidos y represaliados de hace ochenta años y lo
hace de forma hemipléjica teniendo en cuenta sólo a una de las partes en el
conflicto. La propia Ley de Memoria Histórica en su Exposición de motivos
establece de forma diáfana que las acciones encaminadas a la retirada de
simbología debe ser contemplada de forma tal que los símbolos públicos sean
ocasión de encuentro y no de enfrentamiento, ofensa o agravio. Curiosa manera
la de este Ayuntamiento la de entender esta Ley retirando la simbología de los
que recuerdan a unos y sin embargo se olvida de las que enaltecen a otros. Esta
es una acción sectaria. No tiene otro calificativo.
No, no nos engañan. La realidad es que
este proceso se incardina en el empeño
de subvertir el estado de derecho dimanante del régimen de Francisco Franco,
cuya legitimidad preexiste en la unidad de la nación, la monarquía, la
propiedad privada, la economía de mercado, y la industrialización y desarrollo
social de España.
3.- En este propósito destructor del aún
preexistente orden social, político y económico, se encuentra la conjunción de
los partidos de izquierdas y separatistas que anhelan, mediante un evidente
ensayo gramsciano de ingeniería social, la vuelta a la II Republica, sin
corregir sus errores y desatinos, manteniendo el mismo modelo excluyente del
poder, donde los partidos, organizaciones de “castas cerradas”, limiten a unas
periódicas elecciones la soberanía del pueblo e impongan el control del poder ejecutivo,
el legislativo y el judicial. La insistencia en pretender la ilegalización de esta FNFF, se orienta a la
proscripción de toda disidencia molesta por veraz. Impedir su propósito,
poniendo a prueba la fortaleza del estado de derecho, es nuestra obligación y
la venimos ejerciendo en todos los ayuntamientos de España donde nos requieren.
4.- Advertimos, en el presente, como se
violenta, sin recato y en sede parlamentaria, los derechos democráticos básicos:
libertad de opinión, manifestación, reunión y cátedra que recoge la Constitución
y fundamenta el estado de derecho. La reciente propuesta de una nueva LMH en el
Congreso o, la Moción en el Senado, solicitando nuestra ilegalización con
argumentos tan peregrinos como inconsistentes, denotan el propósito destructor
del ordenamiento jurídico constitucional y el pensamiento único supremacista
que los impulsa. Las Leyes de Memoria Democrática impulsadas en distintas
autonomías, forman igualmente parte del adoctrinamiento que se desea imponer a
la sociedad, cada vez menos plural, libre y culta. Nuestra defensa comparte la
civilización del humanismo cristiano, nuevamente amenazado en la historia, en
el presente y, de no impedirlo, en mayor
medida, en el futuro.
5.- La Fundación Nacional Francisco
Franco, en cumplimiento de sus obligaciones estatutarias y del deber moral que
impone la defensa de la verdad histórica, basada en los hechos y en la
documentación (archivos) existente, mantendrá siempre y sin importar las
dificultades, la bandera de la justicia, la libertad y el progreso de esa época.
Recurriremos siempre al estado de derecho y a la ley cierta, mientras exista, y
a su correcta interpretación por los jueces y fiscales independientes,
encargados de ello por mandato constitucional. Nada impedirá que sigamos
impidiendo que se borre la historia de nuestras calles, plazas y monumentos,
como parte de la mejor historia de nuestra Nación. No admitimos a los
impostores que aprovechan la democracia para destruirla. A los falsarios de la
cultura que pretenden “resignificar” nuestro más insigne legado histórico. Que
intenten hacer lo mismo con el Mausoleo de Lenin; en “los Inválidos” de Paris;
con las Pirámides de Egipto; con la Estatua, en honor de Oliver Cromwel, en el
exterior del Palacio de Westminster; con el Mausoleo de Bismark en Hamburgo;
con el Coliseo Romano o el Mausoleo a Benito Mussolini, en su Villa natal,
Predappio; o cualquier Basílica con especial significación histórico/cultural.
Qué dirían rusos, franceses, egipcios, británicos, alemanes o italianos?. Que
la barbarie no se compadece con la historia. La nuestra, la que Franco
protagonizó, tiene tanta dimensión histórica y tal trascendencia social, política
y económica, que no puede entenderse este siglo y el futuro de España, sin los
cuarenta años de la generación del “Reinado de Franco”, autentica transición de
cuarenta años, de la República a la Monarquía.
6. Defenderemos siempre la VERDAD HISTÓRICA
al amparo del Estado de Derecho que hoy el Ayuntamiento de Madrid quiere
dinamitar.