Comisión de la Verdad de la buena, por Cristina Losada

 

La ministra de Justicia ha anunciado una batería de medidas para su departamento. La gran mayoría tienen que ver con el franquismo. En su intervención ante la Comisión de Justicia del Congreso, Dolores Delgado dijo que era “inaceptable que España sea el segundo país del mundo con más fosas, sólo por detrás de Camboya”. Yo espero que la ministra desglose los detalles que avalan esa afirmación, incluido el número de víctimas enterradas en las fosas camboyanas y en las españolas. Entretanto, confiaré en los datos que ofrece el Cambodian Genocide Programque mantiene la Universidad de Yale desde 1994, donde se documentan 309 zonas de enterramiento, en las que hay 19.000 fosas comunes. O en los datos del Documentation Center of Cambodia, que identificó, a lo largo de doce años, un total de 19.733 fosas comunes en territorio camboyano. En cuanto a las nuestras, el Ministerio de Justicia informó el año pasado de que el número de fosas comunes relacionadas con la guerra civil y la represión franquista era de 2.457.

 

Son muchas, ciertamente, pero es difícil que nos acerquemos, pese a la crudeza de una guerra civil, a la espeluznante cantidad de fosas y de víctimas que dejó un genocidio como el practicado por los Jemeres Rojos y su jefe Pol Pot, con un número estimado de entre 1,2 millones y 2,8 millones de personas muertas, según la investigación reciente de un demógrafo de la UCLA. Calcúlese la proporción de la población que murió –asesinada, por trabajo esclavo o por hambre– teniendo en cuenta que Camboya tenía unos 7 de millones de habitantes cuando los maoístas se hicieron con el poder y empezó un exterminio que sólo se atrevió a negar el camarada Chomsky. En espera de que la ministra exponga los datos que maneja, debo decir que la alusión a Camboya no ha sido lo mejor de su intervención.

 

Lo mejor es la creación de una Comisión de la Verdad, porque va a ser para alquilar sillas. Es una lástima que la ministra no explicara cuál es el período sobre el que dirá la verdad. Una cuestión importante es si se remontará a 1936 o empezará en 1939. La diferencia está en la guerra civil. Es una diferencia crucial, porque sabemos, o algunos saben, cuál es el problema de la guerra civil, de cualquiera y también de la nuestra: los dos bandos cometen atrocidades. Fusilamientos, paseos, sacas, represión, sean cuales sean las formas de matar, de todo eso hubo en la guerra civil española por parte de unos y de otros. La Comisión podrá tomar como punto de partida 1939, pero eso es empezar con falta de verdad.

 

Quiero suponer que la ministra, el Gobierno y la Comisión de la Verdad no asumirán esa idea, que alguna vez se ha oído, de que hay víctimas que ya tuvieron su reconocimiento por parte de la dictadura y, por lo tanto, no hay que hablar más de ellas. Eso también es falta de verdad, y no sólo. Ignorar a esas víctimas en razón de aquel reconocimiento equivale a dar por bueno el modo en que se las reconoció y a aceptar, de esa manera, la legitimidad de los actos de una dictadura. Y suprimir de la verdad oficial los tres años de guerra civil implica ignorar también a quienes fueron víctimas de las luchas intestinas entre partidos del bando republicano. Pero quiero suponer lo que no supongo. Porque supongo que lo primero que hará esa Comisión de la Verdad es dejar sentado que la guerra civil no existió.

 

Reconocer que hubo una guerra civil, a esa hora de la verdad, es problemático. No solamente aflora entonces que las atrocidades no se limitaron a un bando y aparecen víctimas incómodas. Es que se puede llegar a la enojosa conclusión de que el bando de Franco no eran unos cuantos militares y otros tantos poderosos, sino que tuvo su apoyo social. Hasta se puede llegar a decir que entre los más firmes y generosos defensores de aquel bando estuvieron destacados nacionalistas catalanes, y esto, ¡bueno!, esto ya es anatema. Por todo ello y mucho más, la Comisión hará como que no hubo guerra civil.

 

Aun así. No bastará eliminar los tres años de guerra, no. Habrá que eliminar más verdades fastidiosas. Sería un terrible golpe para el antifranquismo retrospectivo, para tantos y tantos antifranquistas sobrevenidos, que asomara por ahí la verdad de que los antifranquistas fueron muy pocos, que fuimos una minoría incluso en los años finales de la dictadura y que muchos de los que dicen que corrieron delante de los grises no lo hicieron. Sería tremendo que la verdad oficial chocara con esa invención masiva del pasado, con una reescritura de la historia como la que se ha hecho. Y hay más verdades desagradables. No gustaría nada a los dirigentes del PSOE, por ejemplo, que se ahondara en que la lucha contra la dictadura fue, sobre todo, cosa de los comunistas, mientras los socialistas se tomaban “cuarenta años de vacaciones”, como dijo Tamames en ocasión famosa.

 

La verdad se va a complicar. Pero hay una manera de simplificarla. La tiene la ministra entre sus amistades. Si pone al frente de la tarea al exjuez Baltasar Garzón, un caso agudo de antifranquismo sobrevenido, no habrá riesgo de que la verdad se entrometa. Alguien como él será capaz de sortear los obstáculos que ponga la verdad histórica en el camino de la Comisión de la Verdad.