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Salvador Fontenla Ballesta.
El cardenal español Antonio Cañizares, en carta abierta a primeros de este año, ha pedido “encarecidamente y me pongo de rodillas ante todos, que a partir de hoy, y en los días sucesivos mientras no se aclare el futuro incierto que vivimos ahora en España, que en todas las Iglesias se ore por España, que se eleven oraciones especiales por España, que en todas las Misas se ore por España, en los conventos de vida contemplativa se ore intensamente por España. La situación urge y apremia. Para Dios nada hay imposible”. Llamamiento que nos recuerda las sabias sentencias de “acordarse de Santa Bárbara cuando truena”, “a Dios rogando y con el mazo dando” y a la cínica cuarteta “vinieron los sarracenos / y nos molieron a palos / que Dios ayuda a los malos / cuando son más que los buenos”, aunque, más bien en este caso, los primeros han sido más astutos y los segundos más cobardes.
Pero, ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? La raíz está en la constitución de 1978, sin cortes constituyentes. También sabemos que no se engendró por los “sabios padres de la constitución”, sino por una camarilla en restaurantes. Esta constitución tuvo tres actores: los que la propugnaron, los que consintieron y los que se opusieron.
La constitución no era una finalidad para los que la propugnaron, sino un medio para avanzar hacia una república socialista (partidos marxistas) y hacia el separatismo (partidos nacionalistas), e inocularon en ella los huevos de la serpiente. La UCD, partido de centro y en el gobierno, se limitó a consentir por cobardía y por un plato de lentejas: “café para todos”. El partido de derechas AP se opuso a su aprobación, consciente de sus graves defectos, pero en su constante y acomplejada emigración a la busca del centro (progresivamente más escorado a la izquierda) se ha aferrado. paradójicamente, a la constitución, como el náufrago que desesperadamente se agarra a un ataúd de madera flotante.
La independencia del poder judicial.
La división de poderes (legislativo, ejecutivo y judicial), atribuida a Montesquieu, es un principio básico de toda democracia real. “Casualmente” la división de poderes no se formula expresamente en ningún artículo de la constitución española, aunque se “puede inferir” en su articulado (un huevecito de la sierpe inoculado).
El partido socialista con mayoría parlamentaria acabó con esa supuesta independencia, porque esta no se plegaba a sus intereses partidistas, para lo que cambió la ley, para que los políticos eligieran a los vocales del consejo del consejo del poder judicial. Alfonso Guerra, vicepresidente del gobierno, se jactó de ello: ¡Montesquieu ha muerto”! Ninguna alta institución del estado salió por televisión, aunque fuera de madrugada, para parar este golpe de estado, a uno de sus pilares básicos. Nadie protestó. Pero, cuando el PP ganó las elecciones, no le interesó devolver la independencia a los jueces, para poder seguir influyendo: una vez por ti y otras por mí.
La igualdad de los españoles ante la ley es papel mojado. Depende, entre otras cosas, del sexo y de la ideología política.
La monarquía ninguneada.
El rey es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, según la constitución, “sin matices y sin paliativos”.
La ley de la defensa nacional de 1984, de inferior rango que la constitución, da al presidente del gobierno la dirección de la política de defensa, y que ejerce su autoridad para ordenar, coordinar y dirigir la actuación de las FAS. Pero, por otro lado, los ejércitos deben mantener la neutralidad política, como una institución fundamental del estado, por su alta y exclusiva misión, organización y permanencia.
Para mantener la neutralidad política es imprescindible que los partidos políticos no interfieran, de forma espuria, en los fundamentos morales y éticos de la institución, que deben de estar por encima de los vaivenes partidistas de los políticos. Citaremos algunos ejemplos:
El rey, a pesar de la ley anteriormente citada, tiene capacidad de decisión sobre estos temas y otros, porque leyes y reales decretos requieren obligatoriamente su firma, necesaria para que, jurídica y constitucionalmente, el gobierno pueda ejecutar.
La monarquía tiene muchos enemigos, porque es difícil justificar que un cargo político, militar, jurídico, empresarial, etc. sea hereditario y que sea política y jurídicamente irresponsable. Es un principio básico, en toda organización administrativa, que órgano que no tiene funciones se atrofia y, más pronto que tarde, cae.
La historia de la España Contemporánea no avala a la monarquía hereditaria, ni por su eficacia ni por su ejemplaridad.
La república bolivariana de España.
Los movimientos revolucionarios no se combaten desde la “legalidad vigente”, porque como estamos viendo se aprovechan de ella, para sobrepasar el “marco jurídico vigente” insuficiente para resolver el conflicto político que ellos mismos han provocado, y que la inacción de los “tontos de viaje” ha alimentado.
Estamos en un movimiento revolucionario que, como es de libro, retuerce las leyes y las instituciones, siempre a su beneficio. Están en ello los partidos separatistas y los postcomunistas, que no ocultan su objetivo de una república plurinacional de tipo bolivariana.
Llevan mucha ventaja, muchísima, en el campo cultural y educación y en la propaganda (medios de comunicación social), porque durante muchísimos años los responsables han dejado por cobardía y cortoplacismo (por un plato de garbanzos) España a pie de los caballos. Me refiero a los padres putativos de la constitución y demás caterva de políticos y partidos políticos (UCD, PSOE, CDS, AP, PP).
La revolución, como estamos viendo, ha empleado la violencia de ETA con éxito. Ahora la siguen utilizando, pero de forma controlada, limitada y dirigida, porque saben por experiencia que les dará sus réditos. Si provocan una reacción desmedida o descontrolada también les beneficiará, dentro de la propaganda interna y más en el marco del contubernio internacional en que estamos.
El movimiento revolucionario, hace ya algún tiempo, que ha dado un salto cualitativo, como lo evidencia que ya no oculta sus intenciones, porque se consideran suficientemente fuertes. La represión ya es impunemente abierta en muchas regiones de España contra todo lo español (Bandera, Himno, idioma, enseñanza, etc.), porque se ha roto la unidad legislativa, ejecutiva, de las fuerzas de seguridad del estado, la educación, etc. Solo falta gritar ¡Viva Cartagena!
Azaña propugnó una nefasta ley para la Defensa de la República (no de España) y ya los nuevos poderes están anunciando nuevas leyes que penalizarán las ideas y naturalmente a los que las sustenten, y que vayan contra “su verdad” y “su democracia” (popular o bolivariana). Teniendo mayoría parlamentaria temporal es fácil hacerla vitalicia, con el BOE en la mano y de la “ley a la ley”, con todos los referendos que sean necesarios.
Evo Morales no ha conseguido su objetivo revolucionario comunista porque ni la policía ni el ejército bolivianos estaban suficientemente infiltrados; mientras que, el caso de Venezuela es totalmente diferente. Lo que vuelve a destacar la necesidad del amparo de las Fuerzas Armadas para que no se subvierta su neutralidad política, y el único que lo puede garantizar es una jefatura del estado no politizada.
Recemos por España.
Volviendo al cardenal obispo de Valencia, Sr. Cañizares, está muy bien que pida “¡Orad por España!”, pero no sé a quién se dirige, además de a los católicos que vayan a Misa en su diócesis ¿a la Conferencia Episcopal española? ¿Al clero vasco, incluidos los curas que absuelven preventivamente a los etarras asesinos de guardias civiles? ¿a los obispo y clero catalanes? ¿a los obispos y sacerdotes que se niegan a decir misas a patriotas españoles, ya difuntos? ¿a los políticos que prometen su cargo, rechazando la biblia y la cruz? ¿al Vaticano, que elige y nombra a los obispos? ¿a la Pachamama? ¿a quién?
Recemos porque España está muy enferma, pero actuemos. Las manifestaciones públicas no solucionan, por sí y por multitudinarias que sean, ningún problema, como hemos visto con el asesinato de Miguel Ángel Blanco por ETA, el aborto, etc.
La única solución para la revolución, que ha sobrepasado todos los cauces democráticos, es la contrarrevolución, para lo que se necesita voluntad política y amparo político, económico, jurídico y de una estructura organizada de sociedad civil contrarrevolucionaria.
El concepto de la nación española lo han intencionadamente diluido entre los teledirigidos movimientos centrífugos (separatistas) y los europeístas (colonizador). Ambos son complementarios, y ambos están interesados de debilitar a España económica, tecnológica, industrial, militar y culturalmente. La reacción debe de ser la contraria.