Ley de memoria democrática. Por Javier Montero Casado de Amezua

                                                                                    Javier Montero Casado de Amezúa

Parece ser que ahora están preparando una ley de memoria democrática para, según se está viendo, eliminar a los rivales políticos. Desde luego no parece que eso sea algo muy democrático. De todos modos resulta insultante el que el poder del PSOE esté siempre tratando de justificarse por medio de leyes que elabora como si fueran trajes a su medida. Claro que para eso tiene a su disposición unos diputados que aprueban cualquier cosa con tal de poner en venta su voto. Esto no es sino volver al caciquismo del siglo XIX.

En cualquier caso cuantos nacimos después de la guerra y hemos pasado la mayor parte de nuestras vidas bajo el régimen de Franco nos sentimos maltratados por estas leyes que pretenden convencernos de que hemos vivido bajo un régimen de terror. Quisiera yo saber en virtud de qué regla de tres Franco perduró en el poder porque no había quien le echara –y eso era una dictadura- y ahora Sánchez perdura en el poder y no hay quien le eche, pero eso no es una dictadura. La razón no pueden ser los votos, porque con Franco no solamente hubo votaciones sino que las Cortes devolvían proyectos al Gobierno cosa que ahora es impensable.

Y voy a decirles cual es la razón. La razón es que el español es un pueblo que está acostumbrado a aceptar a quienes mandan y no es capaz de ejercer el control del poder. No se interesa por los asuntos públicos y le da igual quien es el que gobierna. Franco insistía mucho en que los partidos secuestran la voluntad popular al utilizar el poder para sus fines políticos con desprecio del interés general. No hace mucho una ministro del gobierno socialista confesó que lo público no era de nadie. Esa frase le traicionó porque prueba precisamente lo que Franco decía ya que los partidos acceden al poder y lo ocupan como “res nullius” que se dice en Derecho, es decir como si fuera algo que no es de nadie, y entonces ellos lo ocupan convirtiéndolo en algo propio y que puede usarse para sus fines políticos en particular para dominar al rival.

Pero lo público no es una “res nullius”, sino algo que pertenece al pueblo soberano ante el que cualquier administrador ha de rendir cuentas. Pero el pueblo español no controla a los administradores sino que les escucha embobado, sin darse cuenta de que le están dando gato por liebre, lo que no es más que un timo. Ya lo decía Lenin: el pueblo, de no ser dirigido, se muestra inerte e incapaz de pensar por sí mismo.   

Así las cosas, en España lo que hay que desear es que haya hombres honestos en el poder, porque de haberlos deshonestos, continúan gobernando a su antojo hasta que la situación se convierte en tan asfixiante y opresora que se produce la revuelta. Pero en España no hay revuelta mientras la situación no se convierte en asfixiante.

Así es como ahora tenemos a Sánchez, que habiéndose aliado con un partido que ha tenido los peores resultados electorales de su corta historia, es decir, un partido que ha fracasado ante las urnas, se mantiene sin embargo en el poder con esos políticos fracasados, juntándose además con los partidos separatistas que están en contra de la Constitución, con permiso, eso sí, del Tribunal Constitucional.

Me parece pues indispensable que en la nueva ley de memoria democrática se pase revista a esta serie de despropósitos democráticos y se deje de una vez en paz a la historia o bien se haga memoria consultando las hemerotecas y no inventándose los acontecimientos.