La familia de Franco tiene que pedir las llaves al Gobierno para poder visitar la tumba, por Nuria Richart

Nuria Richart

La Razón

 

Carmen Calvo miente. La vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática del Gobierno de España, miente. Caso raro, porque las fuentes oficiales siempre dicen la verdad, argumento de calidad de la nueva comisión de la censura que dirige el jefe de Comunicación de Moncloa, Miguel Ángel Oliver.

El pasado 24 de octubre de 2020 se cumplió el primer aniversario de la exhumación y reubicación del cadáver de Francisco Franco. Ese día la vicepresidenta primera escribió un solo mensaje en su cuenta de Twitter, a las 10:16 horas de la mañana:

“Ya no está en una tumba de Estado ni puede ser enaltecido“. Es falso. El gobierno, con la autorización del Tribunal Supremo, cogió el cadáver de Francisco Franco y lo metió en una tumba de su propiedad, en una tumba de Estado”, denuncia en Libertad Digital el abogado de la familia Franco, Luis Felipe Utrera-Molina. Por eso ahora, cuando los familiares del dictador quieren ir a visitarle al Cementerio de El Pardo-Mingorrubio, el gobierno debe autorizarlo. “Es una situación insólita”, dice el abogado y albacea de la herencia. “Esto no tiene precedentes. Lo que ha hecho el gobierno ha sido secuestrar el cadáver y enterrarlo en una tumba suya. Es un secuestro de cadáver y ya está“.

El proceso que siguen es el siguiente: la familia tiene que “pedir permiso” por escrito con al menos 24-48 horas de antelación y, si se acepta la visita, una funcionaria “se presenta allí con la llave el día y a la hora determinada, les abre y les deja pasar.” No saben si es un funcionario de Patrimonio o un empleado de una empresa pública. “Es una mujer amabilísima, un encanto, el problema es que cada vez que hay que ir a llevarle flores hay que avisar para que, por favor, lleven la llave”.

El portavoz de la familia se queja de que “es un engorro, porque a lo mejor uno pasa un día por El Pardo y dice ‘voy a ver a mi abuelo’ y no puede”. El gobierno tutela y custodia la tumba. “Mis clientes, a diferencia del resto de los españoles, para ver a su abuela o a su abuelo tienen que pedir permiso”. El gobierno, hasta ahora, nunca les ha negado el acceso al interior de la cripta, “tiene la deferencia de que los familiares vayan a visitarla”, ironiza.

La tumba de Franco es propiedad de la Administración del Estado porque el gobierno se preocupó en el verano de 2018, cuando arrancó todo el proceso político, judicial y administrativo de la exhumación, de apropiarse del panteón de Mingorrubio. En el primer Decreto-ley, publicado en agosto de aquel año, se reconocía el derecho de la familia a decidir el destino de los restos mortuorios.

Real Decreto-ley 10/2018, de 24 de agosto, por el que se modifica la Ley 52/2007, de 26 de diciembre (de Memoria Histórica):

“En caso de discrepancia entre los familiares, o si estos no manifestasen su voluntad en tiempo y forma, el Consejo de Ministros decidirá sobre el lugar de reinhumación, asegurando una digna sepultura”.

Los familiares no discreparon entre sí y manifestaron su intención de reinhumarlo en la Catedral de la Almudena. Elección que primero el Gobierno y luego el Supremo rechazaron.

“La historia es genial”, dice el abogado. “El problema es que la familia creía que el panteón (de Mingorrubio) era suyo”. Allí descansan desde 1988 los restos de la viuda de Franco. En su día, “como albacea pregunté a la Empresa Mixta de Servicios Funerarios de Madrid de quién era el panteón y me contestaron que estaba registrado a nombre de Carmen Franco“. Así estaba anotado en sus registros. “Entonces yo pedí una valoración, me la dieron y la incluí en la herencia que se adjudicó a los herederos”. Tanto es así, que “la familia ha pagado el Impuesto de Sucesiones de la cripta“.

Pero en ese verano de 2018, cuando ni siquiera se sabía si la justicia avalaría el desentierro y mucho menos el destino de los restos o los deseos de la familia, el gobierno ya “requirió a la Empresa Municipal que pusiese a nombre de Patrimonio Nacional el Panteón”. Patrimonio “mandó una carta coincidiendo con el inicio de todo el proceso de exhumación reclamando la titularidad. Diciendo que era suyo porque lo había pagado”.

El Cementerio fue construido en el año 1959 por el Ayuntamiento de Madrid sobre en una parcela que le cedió Patrimonio Nacional. Era alcalde de la capital Carlos Arias Navarro, enterrado también en Mingorrubio y encargado en 1975, como presidente del Gobierno, de comunicar al país la muerte de Franco. Se cree que fue Arias Navarro quien en 1969 dio la orden de construir la capilla-cripta. Por tanto, y es paradójico, el gobierno se habría valido del origen franquista de este patrimonio para conseguir, legitimar y arrogarse la propiedad del templo. No hay mal que por bien no venga.

Cuando llega esa comunicación de Patrimonio los herederos no pudieron hacer nada, cuenta el abogado, “mis clientes no podían oponerse porque no tenían ningún título, tan sólo el registro en la Empresa Mixta de Servicios Funerarios. Habíamos confiado en el hecho de que nos habían comunicado que estaba a su nombre (de Carmen Polo) y entendíamos que le correspondía, pero no teníamos ningún documento de titularidad”. No tenían documentos, sí las llaves.

Una vez que Patrimonio Nacional se hace con la propiedad arranca el último movimiento político, que lideró la ex ministra de Justicia y ahora fiscal general del Estado, Dolores Delgado. Presidencia publica en mayo de 2019 el Real Decreto por el que se desafecta la tumba y la cede a Patrimonio del Estado para poder llevar allí los restos de Franco.

El abogado concluye “lo tenían todo preparado. Tenían claro que si la familia decidía otra cosa que no fuera El Pardo iban a obligarles a enterrarle en el Pardo. Y para eso era fundamental hacerse con la propiedad del sepulcro”. En la puerta del panteón luce la nueva cerradura, “que se cambió”.

El Gobierno de Sánchez, nos cuenta Utrera-Molina, “ha ofrecido a la familia que lo compren“. Pero los hermanos Martínez-Bordiú Franco se niegan. “Evidentemente no lo van a comprar porque lo que quieren es llevarse a su abuelo y a su abuela a la Catedral de la Almudena con su padre y con su madre. Es lo que dijeron desde el principio”. Esta demanda sigue su curso en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El abogado ve lo de la Almudena “difícil, pero posible”.

A pocos días del 45 aniversario de la muerte de Francisco Franco, la pared principal de la cripta está adornada con banderas de España, varios tiestos de flores amarillas y rojas, imágenes de santos y santas y fotos, por ejemplo, de Franco junto a Millán-Astray. El acceso hasta el panteón-capilla, justo en la entrada del cementerio, es libre. Es un camposanto solitario, no aparece ni el encargado de mantenimiento. El gobierno ha retirado la seguridad privada que puso al principio, no hay ningún tipo de vigilancia, allí está, al albur de los nostálgicos o de los vándalos. Hay un tercer grupo. Los que nunca irán. Esa España a la que le da igual Franco si nadie habla de él. Esa España que, sin embargo, se niega a entregar al gobierno social-comunista de Sánchez e Iglesias las llaves de la historia de su país y se acerca a ella sin tutelas, sin pecado ni leyes de Memoria Democrática.

Carmen Calvo miente. La vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática del Gobierno de España, miente. Caso raro, porque las fuentes oficiales siempre dicen la verdad, argumento de calidad de la nueva comisión de la censura que dirige el jefe de Comunicación de Moncloa, Miguel Ángel Oliver.

El pasado 24 de octubre de 2020 se cumplió el primer aniversario de la exhumación y reubicación del cadáver de Francisco Franco. Ese día la vicepresidenta primera escribió un solo mensaje en su cuenta de Twitter, a las 10:16 horas de la mañana:

“Ya no está en una tumba de Estado ni puede ser enaltecido“. Es falso. El gobierno, con la autorización del Tribunal Supremo, cogió el cadáver de Francisco Franco y lo metió en una tumba de su propiedad, en una tumba de Estado”, denuncia en Libertad Digital el abogado de la familia Franco, Luis Felipe Utrera-Molina. Por eso ahora, cuando los familiares del dictador quieren ir a visitarle al Cementerio de El Pardo-Mingorrubio, el gobierno debe autorizarlo. “Es una situación insólita”, dice el abogado y albacea de la herencia. “Esto no tiene precedentes. Lo que ha hecho el gobierno ha sido secuestrar el cadáver y enterrarlo en una tumba suya. Es un secuestro de cadáver y ya está“.

El proceso que siguen es el siguiente: la familia tiene que “pedir permiso” por escrito con al menos 24-48 horas de antelación y, si se acepta la visita, una funcionaria “se presenta allí con la llave el día y a la hora determinada, les abre y les deja pasar.” No saben si es un funcionario de Patrimonio o un empleado de una empresa pública. “Es una mujer amabilísima, un encanto, el problema es que cada vez que hay que ir a llevarle flores hay que avisar para que, por favor, lleven la llave”.

El portavoz de la familia se queja de que “es un engorro, porque a lo mejor uno pasa un día por El Pardo y dice ‘voy a ver a mi abuelo’ y no puede”. El gobierno tutela y custodia la tumba. “Mis clientes, a diferencia del resto de los españoles, para ver a su abuela o a su abuelo tienen que pedir permiso”. El gobierno, hasta ahora, nunca les ha negado el acceso al interior de la cripta, “tiene la deferencia de que los familiares vayan a visitarla”, ironiza.

La tumba de Franco es propiedad de la Administración del Estado porque el gobierno se preocupó en el verano de 2018, cuando arrancó todo el proceso político, judicial y administrativo de la exhumación, de apropiarse del panteón de Mingorrubio. En el primer Decreto-ley, publicado en agosto de aquel año, se reconocía el derecho de la familia a decidir el destino de los restos mortuorios.

Real Decreto-ley 10/2018, de 24 de agosto, por el que se modifica la Ley 52/2007, de 26 de diciembre (de Memoria Histórica):

“En caso de discrepancia entre los familiares, o si estos no manifestasen su voluntad en tiempo y forma, el Consejo de Ministros decidirá sobre el lugar de reinhumación, asegurando una digna sepultura”.

Los familiares no discreparon entre sí y manifestaron su intención de reinhumarlo en la Catedral de la Almudena. Elección que primero el Gobierno y luego el Supremo rechazaron.

“La historia es genial”, dice el abogado. “El problema es que la familia creía que el panteón (de Mingorrubio) era suyo”. Allí descansan desde 1988 los restos de la viuda de Franco. En su día, “como albacea pregunté a la Empresa Mixta de Servicios Funerarios de Madrid de quién era el panteón y me contestaron que estaba registrado a nombre de Carmen Franco“. Así estaba anotado en sus registros. “Entonces yo pedí una valoración, me la dieron y la incluí en la herencia que se adjudicó a los herederos”. Tanto es así, que “la familia ha pagado el Impuesto de Sucesiones de la cripta“.

Pero en ese verano de 2018, cuando ni siquiera se sabía si la justicia avalaría el desentierro y mucho menos el destino de los restos o los deseos de la familia, el gobierno ya “requirió a la Empresa Municipal que pusiese a nombre de Patrimonio Nacional el Panteón”. Patrimonio “mandó una carta coincidiendo con el inicio de todo el proceso de exhumación reclamando la titularidad. Diciendo que era suyo porque lo había pagado”.

El Cementerio fue construido en el año 1959 por el Ayuntamiento de Madrid sobre en una parcela que le cedió Patrimonio Nacional. Era alcalde de la capital Carlos Arias Navarro, enterrado también en Mingorrubio y encargado en 1975, como presidente del Gobierno, de comunicar al país la muerte de Franco. Se cree que fue Arias Navarro quien en 1969 dio la orden de construir la capilla-cripta. Por tanto, y es paradójico, el gobierno se habría valido del origen franquista de este patrimonio para conseguir, legitimar y arrogarse la propiedad del templo. No hay mal que por bien no venga.

Cuando llega esa comunicación de Patrimonio los herederos no pudieron hacer nada, cuenta el abogado, “mis clientes no podían oponerse porque no tenían ningún título, tan sólo el registro en la Empresa Mixta de Servicios Funerarios. Habíamos confiado en el hecho de que nos habían comunicado que estaba a su nombre (de Carmen Polo) y entendíamos que le correspondía, pero no teníamos ningún documento de titularidad”. No tenían documentos, sí las llaves.

Una vez que Patrimonio Nacional se hace con la propiedad arranca el último movimiento político, que lideró la ex ministra de Justicia y ahora fiscal general del Estado, Dolores Delgado. Presidencia publica en mayo de 2019 el Real Decreto por el que se desafecta la tumba y la cede a Patrimonio del Estado para poder llevar allí los restos de Franco.

El abogado concluye “lo tenían todo preparado. Tenían claro que si la familia decidía otra cosa que no fuera El Pardo iban a obligarles a enterrarle en el Pardo. Y para eso era fundamental hacerse con la propiedad del sepulcro”. En la puerta del panteón luce la nueva cerradura, “que se cambió”.

El Gobierno de Sánchez, nos cuenta Utrera-Molina, “ha ofrecido a la familia que lo compren“. Pero los hermanos Martínez-Bordiú Franco se niegan. “Evidentemente no lo van a comprar porque lo que quieren es llevarse a su abuelo y a su abuela a la Catedral de la Almudena con su padre y con su madre. Es lo que dijeron desde el principio”. Esta demanda sigue su curso en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El abogado ve lo de la Almudena “difícil, pero posible”.

A pocos días del 45 aniversario de la muerte de Francisco Franco, la pared principal de la cripta está adornada con banderas de España, varios tiestos de flores amarillas y rojas, imágenes de santos y santas y fotos, por ejemplo, de Franco junto a Millán-Astray. El acceso hasta el panteón-capilla, justo en la entrada del cementerio, es libre. Es un camposanto solitario, no aparece ni el encargado de mantenimiento. El gobierno ha retirado la seguridad privada que puso al principio, no hay ningún tipo de vigilancia, allí está, al albur de los nostálgicos o de los vándalos. Hay un tercer grupo. Los que nunca irán. Esa España a la que le da igual Franco si nadie habla de él. Esa España que, sin embargo, se niega a entregar al gobierno social-comunista de Sánchez e Iglesias las llaves de la historia de su país y se acerca a ella sin tutelas, sin pecado ni leyes de Memoria Democrática.