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La familia Martínez-Bordiú Franco ha interpuesto en el día de ayer un Recurso Contencioso-Administrativo contra el Acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 15 de febrero, solicitando al tiempo la suspensión cautelar del acuerdo recurrido, lo que comprende la suspensión no sólo del acuerdo de exhumación sino también del veto del gobierno al lugar de re-inhumación indicado por la familia y del plazo concedido a ésta para la designación de un lugar de re-inhumación alternativo.
El mero hecho de la interposición del recurso ante el Tribunal Supremo, determina por concepto que el gobierno deba abstenerse de toda actuación tendente a la ejecución de la resolución recurrida hasta tanto el Tribunal Supremo se pronuncie con respecto a la suspensión cautelar interesada, toda vez que en otro caso quedaría por completo defraudado el derecho a la tutela judicial efectiva de la familia en orden, tanto a su pretensión principal como a la medida cautelar interesada, las cuales quedarían vacías de contenido de procederse a la ejecución del acuerdo recurrido.
La familia alega que la eventual ejecución de la pretensión del gobierno de exhumar el cadáver embalsamado de su abuelo implicaría la absoluta frustración de sus legítimas expectativas en orden a la estimación de sus pretensiones en el orden jurisdiccional, ya que convertiría en papel mojado una eventual sentencia que declarase la ilegalidad del acuerdo de exhumación del cadáver en contra de la voluntad de sus familiares.
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