Comunicado de la Fundación Nacional Francisco Franco ante la sentencia del TS

¿Cómo es posible que en un estado social y democrático de derecho se comunique a los medios de comunicación social -que no a las partes procesales- el presunto fallo de una sentencia de la relevancia política y social como ésta que implica exhumar los restos de quien fuera jefe del Estado español D. Francisco Franco?

Es realmente sorprendente que se comunique la parte dispositiva de una sentencia de este calado sin conocer qué se ha deliberado por el tribunal y cuál es la fundamentación jurídica que da sustento a una sentencia que ni siquiera se ha redactado ni, por tanto, notificado.

¿Qué interés ha movido a tan alto tribunal, garantía de los derechos del justiciable, para “notificar” el presente fallo a los medios y provocar, desconociéndose la sentencia y si la misma tiene algún voto particular discrepante de la fundamentación jurídica, la avalancha del gobierno que hasta el mismo Presidente ha hecho gala de la exhumación en la cumbre sobre cambio climático ante la Asamblea General de la ONU?

Esta Fundación no sale de su asombro sobre cuáles han sido los argumentos que ha seguido el Tribunal Supremo para contrariar la voluntad de la familia, y avalar la imposición del gobierno de Pedro Sánchez de que sea en el cementerio que ésta ha decidido en una sepultura de su propiedad.

Desde esta Fundación Nacional Francisco Franco no podemos por más que mostrar nuestra absoluta perplejidad, disgusto -que no desánimo- e indignación ante el atropello concluido por el Tribunal Supremo, sobre la exhumación de la Basílica del Valle de los Caídos de los restos mortales del Generalísimo y al veto impuesto por el Gobierno de Pedro Sánchez a que sea inhumado en la Cripta de la Catedral de la Almudena donde la familia Martínez-Bordiú Franco tiene en propiedad unas sepulturas en donde yacen  los restos de su hija Dª. Carmen Franco Polo y otros familiares.

No obstante desconocerse la sentencia, la Fundación Nacional Francisco Franco quiere manifestar lo siguiente:

1º.- En 1969 y con evidente ánimo y voluntad de conciliación nacional, el General Franco aprobó el Decreto-ley 10/1969, de 31 de marzo, por el que se declaraba la prescripción de todos los delitos cometidos con anterioridad al 1 de abril de 1939.

Después de su muerte fue proclamado Rey de España Don Juan Carlos I en un entorno político de gran incertidumbre, comenzando un complicado proceso de transición -previsto por el propio General Franco- que llevaría del régimen autoritario a un sistema democrático continuando con ese deseo de conciliación nacional mediante la promulgación de la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía una vez aprobada la Ley para la Reforma Política 1/1977, de 4 de enero.

En este proceso de transición todos los españoles apostamos por valores como el trabajo en común, el esfuerzo, el mérito, la generosidad, el diálogo, la exigencia ética, el sacrificio de los intereses personales por los intereses generales y la renuncia a la verdad en exclusiva que fueron claves para la reconciliación y mutuo perdón que nos dimos todos los españoles.

No obstante y de forma execrable, resentida e intolerablemente maniquea, razones ideológicas, falacias y mentiras -sin duda alejadas de esa mutua reconciliación- son las que guían la actuación sectaria del gobierno que pretende exhumar los restos de quien proporcionó a España, aunque a muchos no les guste ni quieran reconocerlo, el mayor período de paz y prosperidad hasta entonces conocido en España, omitiendo sin escrúpulos el esfuerzo y sacrificio de millones de españoles -muchos más qué los que se oponían- que trabajaron de sol a sol para conseguirlo y que sustentaron y secundaron, la paz que surgió como consecuencia del resultado de nuestra Guerra Civil.

 

2º.- Es evidente que después de esta impresentable, injusta e intolerante remoción de la tumba -que de igual manera califica a sus mentores- de D. Francisco Franco en la Basílica de la Sta. Cruz del Valle de los Caídos viene la “desacralización” del Valle de los Caídos mediante la revisión de los Acuerdos entre el Estado y la Iglesia Católica firmados en 1979 -por lo tanto postconstitucionales- así como el traslado de la Abadía Benedictina y la conversión y resignificación de la Basílica en un lugar de interpretación sesgada y partidista de la Guerra Civil o en un museo de falsa y mendaz memoria histórica -más que querer una supuesta reconciliación- disfrazando esa pretensión para darle la vuelta al sentido del Valle de los Caídos y al sentido de la Historia y aplicando la “damnatio memorariae” (condena de la memoria) romana que se suponía felizmente superada y que los que autodenominan progresistas y defensores de los derechos humanos utilizan de forma inmunda otra vez y después de muchos siglos.

El siguiente paso puede ser, en este turbador afán de acabar con la convivencia y la conciliación, la abolición de la Monarquía como modelo de Estado que de forma pacífica, democrática y abrumadora nos dimos todos los españoles en 1978.

Y con igual evidencia se pone de manifiesto un tercer paso en esta escalada de notoria voluntad por terminar con los valores de la transición, que sería la disolución del actual modelo territorial al abogar ambigua y expresamente por el secesionismo que pretende atropellar la voluntad de todos los españoles incumpliendo el mandato constitucional y colocando en peligro de consecuencias incalculables la unidad nacional de España que es la nación más antigua de Europa.

Porque aquí la cuestión es que se está poniendo en tela de juicio la libertad en todas sus manifestaciones: de opinión, cátedra, propiedad, religiosa, de educación……

 

3º.- Asimismo se ignora y se desvaloriza la trayectoria espiritual y religiosa de quien defendió, protegió y amparó a la Iglesia Católica, puesto que la Guerra Civil fue el acontecimiento de nuestra Historia que relata la mayor persecución religiosa contra la Iglesia en sus más de 2000 años de existencia.

Durante esa contienda, con mayor o menor connivencia de las autoridades republicanas -esto es también Memoria Histórica- la persecución fue inmisericorde y a sangre y fuego, siendo las organizadas milicias socialistas, comunistas y anarquistas de carácter revolucionario que detentaban el poder real en distintas zonas, las que la perpetraron toda clase se robos, asesinatos, saqueos, violaciones y sacrilegios, ejecutando arbitrariamente con probada, confesada y pública voluntad de exterminio. Y no queda duda de que también se trató de una persecución religiosa puesto que no se acosó nunca en el campo religioso por actuaciones determinadas o por declaraciones políticas, sino para arrancar y erradicar la Iglesia de España, siendo por ello que el 1 de julio de 1937 los obispos firmaron una Carta Colectiva dirigida a otros miembros de la Iglesia universal manifestando su apoyo a las tropas nacionales y recordando que la Iglesia jerárquica no provocó la guerra, ni conspiró para ella, sino que recibieron la llegada de la República como régimen legítimo, aun cuando la represión religiosa no empezó con la Guerra Civil, sino con la misma República, siendo denunciada ante el mundo entero por el papa Pío XI y por el Episcopado Español que presidía el entonces cardenal Vidal y Barraquer.

Por todo ello y como demostración de afecto y agradecimiento del Pontífice Pío XII hacia Don Francisco Franco Bahamonde, se le concedió – y por ende a la nación española- la Suprema Orden de Cristo, que se trata de la más elevada distinción pontificia creada para premiar especialísimos servicios prestados a la Iglesia católica en la defensa de la fe.

Nos ha sorprendido el “temor” y la  “timidez” que la Conferencia Episcopal ha demostrado -en contraposición con la valiente e inequívoca actitud del Prior de la Basílica del Valle de los Caídos que no permite la salida de los restos del Generalísimo sin previo consentimiento de los familiares- ante el anuncio del Gobierno de exhumar los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos. Las ligeras objeciones de la jerarquía eclesiástica sugieren con toda la razón lo ilegítimo de exhumar así unos restos humanos sin el consentimiento de sus deudos, pero debería tener fundamentos de más calado y trascendencia para alzar la voz contra esta nueva arbitrariedad del Gobierno, y no es otra que el hecho de que los creyentes, y muy especialmente el clero, tiene una deuda de gratitud con Don Francisco Franco Bahamonde.

Es de esperar que la jerarquía de la Iglesia Diocesana, tanto en la exhumación, traslado e inhumación de los restos de tan ejemplar cristiano, como de todo lo relativo al Valle de los Caídos, su Basílica y la Abadía Benedictina, haga lo que se espera de ella y abogue de manera inequívoca y abierta por evitar tamaña injusticia y tan grave desafuero en un lugar sagrado.

 

4º.- Viene al caso hacer un breve ejercicio de Memoria Histórica y recordar  que este mismo Tribunal Supremo es el mismo donde fueron vilmente asesinados los eminentes juristas, Magistrados de ese Tribunal, Don Salvador Alarcón Horcas detenido por miembros del Frente Popular el 13 de agosto de 1936 en la Casa de Campo de Madrid, tras publicar el diario marxista “Claridad” que fue el instructor de la causa por rebelión instruida contra Manuel Azaña, y Don Jesús Arias de Velasco, que por confesar la Verdad y la Justicia, tan arraigadas en el fondo de su alma cristiana, sufrió martirio y padeció el horrible tormento de asistir al suplicio de sus hijos antes de ser él mismo asesinado por milicianos socialistas, cuando era Presidente de la Sala Tercera del Tribunal  Supremo, durante la persecución marxista que la Ley de Memoria Histórica -la que han aplicado sus Señorías sin un atisbo de inconstitucionalidad- casualmente o causalmente, olvida e ignora.

Es evidente que prefirieron morir con honra a vivir con vilipendio, y es una pena que esa actitud no haya servido de ejemplo y reflejo en los tiempos actuales.

 

5º.- Por último, esta Fundación Nacional Francisco Franco, pone en conocimiento del pueblo español, de todo el pueblo español deseoso de una convivencia en paz y para el progreso y felicidad de todos,  que seguirá fiel a sus fines fundacionales, preservando la memoria del Generalísimo y su legado, utilizando los medios legales a nuestro alcance para impedir lo que consideramos un atropello y monumental injusticia a la Historia de España con daños irreparables para la reconciliación y la Jefatura del Estado que solo los ciegos no quieren ver.