COMUNICADO DE LA FNFF sobre denegación de prejudicialidad

Estando pendiente de resolverse tanto la recusación del Magistrado del Tribunal Supremo D. Pablo Lucas Murillo de la Cueva por sus relaciones con la Vicepresidenta Sra. Calvo, que ocultó a sus compañeros de Sala, como la deliberación sobre el fondo del recurso contencioso-administrativo presentado por esta Fundación contra el Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 15 de febrero, la Fundación Nacional Francisco Franco, tal y como viene haciendo, continua de modo incesante con la defensa de la figura, obra, memoria y legado del Generalísimo Franco.

Ahora nos referimos a los nuevos aires frente-populistas que están soplando tanto desde la Abogacía del Estado como del Ministerio Fiscal con relación al Pazo de Meirás, propiedad indiscutible de la familia Franco (excepto para los comunistas del BNG y los “tontos útiles” que se apuntan a sus tesis, frente a la verdad y al derecho).

En un ardid de alargar el procedimiento penal y con el fin de desviar la responsabilidad criminal derivada del asalto al Pazo de Meirás el 30 de agosto de 2017, los asaltantes solicitaron la suspensión del procedimiento que se seguía contra ellos en el Juzgado de Instrucción de Betanzos por el allanamiento de morada y los daños ocasionados tanto en el acceso al Pazo como en la cubierta, entre otros.

Esta suspensión solicitada se basaba en lo argumentado y solicitado por el Gobierno frente-populista, en la figura de la Abogacía del Estado en la demanda presentada contra la Familia Franco reivindicando el -falso- carácter público del Pazo.

Efectivamente, no es nuevo el uso antojadizo y al margen de la legalidad de la Abogacía del Estado por parte del Gobierno -la última vez defendiendo al condenado Junqueras-, lo que sí es nuevo y es una de las primeras muestras de las intenciones y sectarismo que se avecina con la nueva Fiscal General del Estado (que fue, no lo olvidemos, la Instructora de la profanación del cadáver de Francisco Franco) es que la representante del Ministerio Fiscal -quien, recordamos, tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, así como de velar por la independencia de los Tribunales-, en el asunto seguido en Betanzos, ha solicitado, en connivencia con los querellados-asaltantes, la suspensión del procedimiento penal por considerar que el allanamiento de morada y los daños ocasionados están ligados a la titularidad del Pazo, en otras palabras: dependiendo de quién sea el propietario, el allanamiento y los daños serán delito o no. Increíble pero cierto.

Se trata de una aberración en derecho, pues es evidente que la actuación ilícita, como puede ser el allanamiento, es independiente a la titularidad del Pazo, pues sea de quien sea el inmueble, los allanadores no tenían consentimiento de nadie para acceder al mismo, provocando los consecuentes daños.

Sin embargo, no todo son malas noticias, pues el Juez de Betanzos, el pasado 15 de enero de 2020, ha resuelto en modo antagónico al Ministerio Fiscal y, esperanzadamente, en el sentido que establece la Ley: “desestimar la cuestión de prejudicialidad civil alegada (…), y en consecuencia se deniega la suspensión del presente procedimiento.”

La Fundación Nacional Francisco Franco siempre con la verdad, la justicia y dentro de los cauces legales del Estado de derecho, no dejará, jamás, de alentar y preservar la que el Mariscal Petain calificó como “la espada más limpia de Occidente”.